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Rudi Cressa: ¿Es la indexación Salarial en Venezuela una propuesta viable?

La economía venezolana atraviesa su cuarto año consecutivo en hiperinflación, fenómeno que afecta especialmente a quienes perciben salarios fijos en moneda local. Desde la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, los economistas Tony Boza y Pacualina Cursio, proponen la indexación salarial como un mecanismo para proteger al pueblo venezolano.

La propuesta plantea la utilización de una unidad de cuenta con un valor fijo, que en este caso sería el PETRO, para fijar los salarios y así proteger su valor en el tiempo, a pesar de las fluctuaciones cambiarias, consideradas como un factor determinante de la inflación en Venezuela. Ya en el año 2018, la administración de Nicolás Maduro había “anclado” los salarios al PETRO, pero en la realidad esto nuca ocurrió y un salario mínimo que inicialmente fue establecido en 30 dólares, hoy, después del último aumento salarial, se encuentra por debajo de 4 dólares.

Los aumentos salariales tienen un impacto significativo en las nóminas del sector público y conllevan a aumentos en el gasto y, como consecuencia, en el déficit fiscal. El origen de la inflación venezolana es principalmente fiscal y se materializa a través del financiamiento monetario del déficit,  que se refleja en un ajuste casi inmediato de los precios de bienes y servicios.

Una propuesta de indexación apunta a preservar el nivel de los salarios en términos reales, es decir, mantener el poder adquisitivo de los salarios. Presentada de esta manera, la medida pareciera ser una solución a un grave problema que afecta a una gran parte de la población venezolana. Sin embargo, en la práctica, si se presenta como una medida aislada sin estar  acompañada de cambios estructurales en el área económica y un proceso de consolidación fiscal, aceleraría la espiral inflacionaria que se registra en el país.

Los aumentos salariales deben estar relacionados con aumentos en los niveles de productividad. Cualquier aumento salarial que supere en términos reales los niveles de aumento en la productividad de los trabajadores, producirá de forma directa un aumento en los costos de producción, lo que incrementará los precios,  haciendo que los productos nacionales sean cada vez menos competitivos. En el caso del sector público, la merma en los ingresos fiscales haría inviable atender dichos compromisos sin tener que recurrir a la emisión monetaria.

Muchas empresas del sector privado han optado por otorgar beneficios en divisas e indexar los salarios de sus trabajadores, lo que a su vez se refleja en un aumento sostenido de los precios finales de sus productos, que sumado a las expectativas y la inercia inflacionaria ha hecho que incluso las divisas estén experimentando una pérdida en su poder adquisitivo. Si bien, esto ha representado una mejora sustancial en las condiciones de muchos empleados, las remuneraciones aún se encuentran muy por debajo del promedio de la región.

No existen soluciones mágicas y los problemas de la economía venezolana van más allá de un asedio y una guerra económica. El país experimenta la peor crisis de su historia moderna como producto de la implementación permanente de políticas económicas erradas, que jerarquizan los intereses políticos por encima de los económicos. Esta situación ha llevado a la gran mayoría de los venezolanos a unas condiciones de vulnerabilidad sin precedentes y a un estado de incapacidad para poder cubrir sus necesidades básicas. Las soluciones reales pasan por un cambio integral del modelo económico, propiciar las condiciones que permitan recuperar la credibilidad de las instituciones y generar la confianza requerida en los agentes económicos, necesaria para el éxito en la implementación de cualquier política que apunte a la recuperación de la economía nacional. Foto: Pixabay

Rudi Cressa