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Foto de Oleg Magni en Pexels

Rudi Cressa: Gobierno y Fedecámaras en búsqueda de acuerdos

Los encuentros entre Fedecámaras y la Comisión Especial de Diálogo de la Asamblea Nacional electa en 2020,  podría conducir a una nueva etapa de diálogo en el país. El chavismo se ha caracterizado por mantener una posición de rechazo hacia el sector empresarial y por la implementación de políticas económicas que ha golpeado duramente al aparato productivo venezolano.

Actualmente, Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes, que pareciera imponer la necesidad de diálogos y acuerdos, dejando a un lado las posiciones radicales. Uno de los principales temas que han tratado las partes es la posibilidad de que el sector privado colabore en el proceso de adquisición y administración de vacunas contra la COVID-19.

Para el gobierno de Maduro  es  necesaria la reactivación de los sectores productivos internos, así como la captación de inversiones para rescatar y reactivar las industrias que hoy se encuentran en condiciones deplorables. Los ingresos del Estado se han visto reducidos, principalmente, debido a una mala administración de los recursos y a la aplicación de políticas erradas. Por otra parte, las sanciones internacionales, son un factor que influye de forma importante en el proceso de deterioro acelerado de nuestra economía.

Desde el año 2020, el país enfrenta problemas para poder garantizar el suministro estable de combustible a nivel nacional. Venezuela pasó de ser un exportador a depender de socios comerciales como Irán para su importación. En este sentido, el sector privado pudiese jugar un papel importante, de cara a la solución de la crisis energética que atraviesa Venezuela.

Desde el mes de enero de 2021 la Comisión Especial de Diálogo de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, ha mantenido reuniones con Fedecámaras, con la intención de establecer canales de trabajo y comunicación con el gremio empresarial. En este sentido, el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cussano, expresó la disposición de los empresarios para que la economía sea un vehículo articulador en miras a la solución de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

Entre las propuestas y solicitudes entregadas por los empresarios, se encuentran el respeto y estímulo a la propiedad privada, la implementación de políticas a favor de la producción nacional, el ajuste de la política tributaria, medidas a nivel crediticio y monetario, un plan de estabilización de los servicios públicos, la revisión de las políticas de fiscalización, propuestas laborales transitorias y planes de capacitación y adiestramiento productivo,  así como una serie de propuestas legislativas que apuntan a mejorar el entorno y hacerlo más atractivo y seguro para los inversionistas.

Los empresarios además solicitaron el otorgamiento de concesiones, que permita la participación privada en las actividades de refinación y comercialización de combustibles. Esta solicitud plantea la posibilidad de que el empresariado nacional instale mini refinerías en áreas críticas y propicias del territorio venezolano, lo que pudiese aliviar la delicada situación producto de la escasez de combustible.

La participación privada debe darse en condiciones que garanticen la transparencia en la asignación de permisos, contratos y concesiones. Los empresarios deben contar con la capacidad técnica y financiera para poder desarrollar y ejecutar los proyectos asignados, siempre y cuando estén dadas las condiciones necesarias. Las transferencias y privatizaciones de bienes y empresas públicas deben realizarse a través de procesos que velen por los intereses de los venezolanos y no por beneficios de particulares. Venezuela parece estar transitando hacia un cambio de modelo, motivado por la necesidad más que por la voluntad política de quienes hoy gobiernan.

Lo cierto es que, en un escenario ideal, la colaboración y articulación de estrategias entre el gobierno y el sector privado debería ser algo normal y no una noticia que tome por sorpresa y llene de expectativas a la opinión pública. Si bien estos acercamientos deben interpretarse como algo positivo, la materialización de estas intenciones pasa no solo por el reconocimiento de las partes, sino también por la capacidad que tenga el Estado de generar y garantizar las condiciones mínimas para permitir y proteger las inversiones privadas, que hoy en día son una necesidad. Alcanzar estos acuerdos pasa por el reconocimiento y respeto de las partes, entre las que se encuentra una administración que es considerada ilegítima por gran parte de la ciudadanía y la comunidad internacional. (Foto: Oleg Magni)

 Rudi Cressa