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Pixabay Petróleo

Rudi Cressa: La Reforma a Ley de Hidrocarburos debe estar acompañada de un fortalecimiento institucional

La recuperación de la industria petrolera nacional depende en gran medida de la capacidad para generar las condiciones que permitan atraer las inversiones necesarias para el sector, para que esto sea posible, se hace necesario introducir cambios en la actual Ley de Hidrocarburos.

En este sentido, la Asamblea Nacional electa en 2015 ha venido realizando avances significativos. En el año 2020 se impulsó un proceso de debate nacional relacionado con la redacción y aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, aun cuando muchos expertos sostenían que sólo era necesario introducir reformas de fondo. El proyecto de ley contemplaba, entre otros aspectos, la creación de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, un brazo técnico que fungiría como administrador del recurso y sería el interlocutor entre los operadores y el ministerio, limitando de cierta forma la injerencia política en los procesos de toma de decisión orientados a la maximización de valor de nuestra industria petrolera.

La Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 ha incluido este tema en su agenda. Aunque su propuesta parte de desechar los avances realizados por la Asamblea Nacional  anterior y se enfoca en la introducción de reformas a la legislación actual; comparte la visión referente a la necesidad de generar las condiciones legales que permitan atraer las inversiones extranjeras. La administración de Nicolás Maduro ha establecido como meta la aprobación de este nuevo marco jurídico para el segundo trimestre de 2021. El enfoque, que es similar al de la apertura petrolera realizada en la década de los noventa, ha tenido cierta resistencia por los partidarios del PSUV, quienes plantean como una opción viable, la celebración de acuerdos amparados en la Ley Antibloqueo, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente durante el año 2020.

Entre las principales reformas que establece el nuevo proyecto de ley se encuentra la creación de Acuerdos de Servicio Conjunto y Acuerdos de Servicios Productivos, muy similares a los convenios operativos celebrados en el marco de la apertura petrolera, previa al gobierno de Chávez. El objetivo de fondo es aumentar la participación privada en un sector que, de acuerdo con la ley actual, requiere de participación mayoritaria del Estado. Para lograr este objetivo además de la restitución de los convenios operativos, se plantea modificaciones que permitan la mayoría accionaria de los privados en las empresas mixtas y la posibilidad de que estas empresas puedan exportar directamente el crudo producido. Por otra parte, desde la Comisión Alí Rodríguez Araque, encabezada por el ministro Tareck el Aissami, se ha asomado propuestas para modificar la Ley referente al mercado interno, con el objetivo de permitir que los privados también puedan importar y distribuir combustible a nivel nacional.

De acuerdo a información publicada por la agencia de noticias Reuters, PDVSA requeriría de 58 mil millones de dólares para elevar su producción a los niveles que tenía en 1998, más de 3 millones de barriles por día; una cifra que se encuentra muy por debajo de lo estimado por varios expertos del sector. Se conoce que, hasta la fecha, al menos 20 consorcios han suscrito acuerdos de confidencialidad para participar como financistas de la estatal petrolera bajo la figura de Acuerdos de Servicios Productivos y en calidad de offtakers, lo que les permitiría recuperar su capital a través de la comercialización de la producción incremental. Estos acuerdos se encuentran amparados en la Ley Antibloqueo.

Los tres objetivos principales planteados por la comisión Alí Rodríguez Araque incluyen estabilizar y recuperar la producción de petróleo y gas, restaurar la confiabilidad, seguridad y calidad de las operaciones y abastecer plenamente las necesidades del mercado interno de combustible. Para lograr estas metas no sólo se requiere de capital financiero, también se hace necesario una actualización tecnológica de la industria, la recuperación del capital humano y la reinserción de Venezuela en los mercados energéticos mundiales. A los obstáculos para aumentar la producción, se le suman las dificultades para comercializar el crudo venezolano, que más allá de las sanciones, ha perdido un terreno importante en los mercados internacionales.

Recientemente China anunció un impuesto de 30 por ciento a las importaciones de crudo con las características del crudo venezolano, lo que representaría un fuerte impacto a nivel competitivo para su comercialización, más aun tomando en cuenta que el modesto repunte en la producción que había experimentado nuestra industria, se deba en gran medida a la reactivación de las importaciones de crudo por parte del gigante asiático.

Todos los sectores coinciden en la necesidad de modificar el marco legal que regula a la industria de los hidrocarburos venezolana para poder atraer las inversiones necesarias para su recuperación.

El avance hacia el desarrollo y adopción de energías limpias es una realidad y esto se traduce en una reducción de la ventana temporal que tiene Venezuela para poder aprovechar el recurso petrolero que aún permanece en el subsuelo, como un elemento impulsor de la recuperación del país. Las reformas legales deben venir acompañadas de un fortalecimiento institucional qué más allá del marco jurídico, permita la restitución  del Estado de Derecho que genere un ambiente propicio para inversionistas que sean de calidad y un entorno más favorable para la valoración y negociación de los activos de la nación en este proceso de reestructuración y reformas. Foto: Pixabay

Rudi Cressa