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Rudi Cressa

Rudi Cressa: ¿Perdimos CITGO?

El pasado 14 de enero el juez Leonard Stark, del tribunal de Delaware, dictó una sentencia que autoriza la venta de acciones de CITGO como mecanismo de pago de una indemnización de 1.400 millones de dólares para la empresa minera Crystallex.

En el año 2016 el CIADI, otorgó un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares que debía ser pagado por el Estado venezolano a Crystallex,  como compensación por la expropiación de Las Cristinas, decretada por el Gobierno de Hugo Chávez en el año 2008. Sin embargo, el dictamen fue rechazado por el gobierno venezolano y el pago nunca se concretó.

En 2018 Crystallex decide introducir el caso en los tribunales de Delaware y no es sino hasta julio de 2019 cuando se determina que PDVSA es un alter ego del Estado venezolano y que la empresa canadiense puede ejercer su reclamo sobre los activos de PDV Holding, propiedad de PDVSA y propietaria de CITGO.

El gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos, tomó control de CITGO en el año 2019 e inició los procesos legales y políticos para proteger la empresa, logrando obtener una orden del Departamento del Tesoro que impide la liquidación de estos activos y que además fue extendida el pasado 22 de diciembre, hasta el 29 de julio de 2021. Mientras esta protección se mantenga la sentencia del juez Stark no podría materializarse.

Crystallex no es el único interesado en apoderarse de parte de CITGO. Transnacionales como Conoco-Phillps y Owens Illinois también han introducido demandas similares, en búsqueda de indemnizaciones que cubran el perjurio ocasionado por las expropiaciones realizadas por el Gobierno Nacional. Además de esto en el año 2018, el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO fueron ofrecidas como colateral en el proceso de reestructuración de los bonos PDVSA-2020, que suman un monto cercano a los 2.800 millones de dólares; mientras que el otro 49.9 por ciento se estableció como garantía de pago para un crédito de casi 2.000 millones de dólares otorgado por la empresa Rosneft a PDVSA. Dicho de otra manera, CITGO es una empresa que actualmente se encuentra asediada e hipotecada.

Actualmente CITGO representa el activo de mayor valor que posee Venezuela en el extranjero, no sólo por su valor económico, sino también por su valor estratégico. Esta empresa cuenta con la capacidad de procesar 750.000 barriles de crudo diarios y cuenta con alrededor de 5.000 estaciones de servicio. Ante un hipotético proceso de recuperación de la industria petrolera nacional, CITGO jugaría un papel muy importante para lograr comercializar el crudo venezolano una vez se logren estabilizar y aumentar los niveles de producción, que actualmente se encuentra en 407 barriles diarios de acuerdo con el último reporte de la OPEP.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado las solicitudes introducidas por el equipo legal designado por el gobierno interino de Venezuela, reconocido por Estado Unidos. La sentencia del juez Stark autoriza que el proceso se lleve a cabo incluso sin la aprobación de la directiva de PDVSA y a pesar de que no se pueda materializar la venta, determina que se pueden iniciar todos los procesos previos.

Actualmente la protección de la OFAC es lo único que protege  los activos de CITGO, tanto de las demandas en contra de la República de Venezuela, como de los acreedores de los bonos PDVSA-2020. Las acreencias son genuinas y las deudas tanto de PDVSA como del Estado venezolano son reales y en algún momento deberán ser saldadas o en su defecto negociadas.

CITGO aún no se ha perdido, pero incluso en un panorama optimista, es muy posible que debamos renunciar a parte de sus activos y participación accionaria. Sin embargo, resulta necesario en miras a la recuperación del país, poder mantener el control de esta empresa, dado su valor estratégico. Quienes hoy representan a Venezuela, deben agotar las vías legales, políticas y diplomáticas, para impedir que el Estado pierda este activo y una vez se recupere la institucionalidad, se deben reestablecer los procesos de negociación tanto con los demandantes como con los acreedores.