Alan García negó que Vargas Llosa motivase pedido de derogatoria de polémica ley

El polémico decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.

El Ejecutivo publicó hoy una fe de erratas al 1097 ratificando que la Convención rige a partir de 2003, pero agregó que la aplicación del decreto no debe ir en "perjuicio de lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional".

Tras la renuncia de Vargas Llosa, que calificó el decreto de "amnistía apenas disfrazada", el Ejecutivo envió ayer al Congreso un proyecto de ley para derogarla, 12 días después de su promulgación. Hoy se espera que este decreto se derogue en una sesión extraordinaria del pleno, casi en paralelo con la juramentación del nuevo gabinete de ministros que acompañará a García hasta el final de su mandato en julio de 2011.

El presidente peruano recordó hoy que el cambio del Gabinete ya había sido anunciado el fin de semana pasado, al desestimar que la renovación de sus ministros, incluyendo al de Defensa, Rafael Rey (principal defensor del citado decreto), esté vinculado a la polémica en torno a una eventual amnistía encubierta. El presidente peruano justificó el pedido de la derogatoria del 1097 al hecho de que "había muchas interpretaciones y en muchos casos malas malinterpretaciones" sobre el alcance de la ley. "Si la cosa no está clara y debidamente aceptada, deroguemos el decreto", acotó.

El jefe de Estado aseguró que él "sería bastante obtuso para abrir las cárceles a quien podría haber incurrido en violaciones a los derechos humanos", tras insistir en que no hubo "presiones militares" para que se dé una aludida amnistía.

García también negó que él pretendiera protegerse de un eventual proceso por la matanza de más de un centenar de presos por terrorismo del penal El Frontón (1986) cometida durante su primer Gobierno, como sugirieron los detractores de este decreto.

"A todos los que han dicho que era por el caso de El Frontón, hace 24 años, aquí estoy como presidente de la República, he sido votado por el pueblo peruano, he estado ante todos los fiscales de Lima porque sé afrontar las cosas con argumentos y técnicas jurídicas, no necesito ninguna ley de amnistía", enfatizó García. El mandatario también aclaró que la fe de erratas pretende corregir este decreto durante el tiempo que tuvo vigencia.

"La fe de erratas significa que nunca ha habido estos artículos y no tienen validez temporal, a pesar de que (la norma) se ha promulgado y ha sido enviada a (el diario oficial) El Peruano", subrayó. La mayor parte de los procesos por violación a los derechos humanos abarcan hechos cometidos entre 1980 y 2000, cuando el Estado combatió al terrorismo en un conflicto que dejó unos 69.000 muertos.

Desde que se promulgó este decreto, ex altos jefes militares y miembros del "escuadrón de la muerte" Colina, creado durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) y que han sido acusados por abusos a los derechos humanos, pidieron acogerse a él sin que las solicitudes hayan podido ser aprobadas. EFE

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