¿Quiénes podrían ser los próximos presos políticos?

El alcalde de San Diego, Enzo Scarano, está en la lista. La fiscal 31 con competencia en Defensa de la Mujer, Magalys García, imputó al coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática por la presunta comisión del delito de violencia física, establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

Scarano cree que se trata de una consecuencia del hecho de que el Ejecutivo no ha logrado derrotarlo electoralmente. Las elecciones municipales del 8 de diciembre se constituirían, entonces, en el escenario ideal que justifique intensificar la persecución política en su contra e inhabilitarlo políticamente.

Que el régimen cuente con todos los poderes públicos del país bajo su dirección es para el alcalde una manera de alcanzar objetivos, lo que sin embargo no lo amedrenta. Reconoce que permanecer mucho tiempo en un cargo no es lo ideal, es un convencido de que no pueden cederse espacios conquistados, menos aún frente al ventajismo del Gobierno nacional.

La defensa de Scarano consignó material audiovisual y testigos que desmienten la acusación de agresión contra las féminas. Los efectivos del Plan República que lo vigilaron durante la concentración en la sede del Consejo Nacional Electoral en Valencia y también vieron su desempeño durante la jornada electoral del 14 de abril saben que no quebrantó las normas. Está consciente de que se enfrenta al Gobierno nacional y acusa que a las demandantes las respaldan militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Pese al escenario que enfrenta, mantiene las esperanzas en que el Ministerio Público tomará en cuenta las pruebas presentadas para dejar sin efecto esta acusación. Espera que cumplan con la Constitución. Tres nuevas denuncias en su contra ya están en tribunales. La lucha será dura.

Un diputado en la lista

A la lista de los perseguidos políticos se suma el diputado a la Asamblea Nacional Richard Mardo, militante de Primero Justicia. El 16 de julio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó a la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a procesar al opositor por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria de capitales. Se basan en los donativos que recibió para financiar actividades sociales, sin haber sido declaradas al Fisco nacional. El TSJ declaró procedente el antejuicio de mérito para retirarle la inmunidad al parlamentario, luego que la Sala Plena aprobara la solicitud que realizó en marzo la fiscal general, para ejecutar el antejuicio.

“Indicios conexos, serios y fundados” sustentan la denuncia que el Ministerio Público presentó contra Mardo. Ahora corresponde al parlamento retirar o no la inmunidad a Richard Mardo. Posteriormente podrá ser citado para imputársele e incluso podría exigir su enjuiciamiento.

El proceso contra el diputado opositor empezó en febrero de este año cuando el presidente de la AN, Diosdado Cabello, lo acusó de estar implicado en corrupción. Para el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, solo se trata de meterle miedo a quienes piensan distinto en el país.

Mardo denunció que la fiscal Ortega Díaz ha vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa en la solicitud de antejuicio de mérito que se le sigue ante la Sala Plena del TSJ.

En apuros por informar

Como testigo de los hechos violentos que, según el Gobierno, se registraron en distintos Centros de Diagnóstico Integral en el país tras los resultados del 14 de abril, la activa Fiscal General de la República citó, el 11 de julio, al periodista Nelson Bocaranda. Se le recrimina haber emitido expresiones a través de la red social Twitter.

Desde ese instante el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Carreño, comenzó a difundir su intención de investigar al “supuesto autor intelectual de los hechos de violencia tras el 14A”.

El periodista no pudo presentarse a la primera citación debido a que estaba en Estados Unidos por trabajo y no consiguió pasaje para volver.

El comunicador se presentó ante el despacho del fiscal 48º nacional, Víctor Hugo Barreto, en Parque Central. Al salir denunció que lo investigan porque dio a conocer información sobre la salud del ex presidente Hugo Chávez. Aún está a la espera .

Sin derecho a la protesta
Al intentar realizar una huelga de hambre para exigir la restitución de la señal de ATEL TV, eliminada de la parrilla de las cableoperadoras cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones conoció la intención del presidente del grupo empresarial 6to Poder de comprarla, Leocenis García fue detenido a las afueras de Conatel y llevado al Destacamento 52 de la Guardia Nacional en Altamira. Fue liberado al día siguiente, tras su presentación ante el Tribunal 39 de Control de Caracas por representantes del Ministerio Público.

García continuó la huelga de hambre en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Caracas, por tratarse de un asunto de derechos y principios no transables, comentó.

El 17 de julio, el periodista fue denunciado por evasión fiscal, legitimación de capitales y defraudación tributaria, por un grupo de diputados encabezado por Julio Chávez, quien solicitó investigar el origen de 3 millones 765 mil 400 dólares que tendría el comunicador en una cuenta de la Compañía Bancaria Helvética, en Suiza.

Fuente: Gabriela Espinoza F. / http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/62994/futuros-presos-polticos

DJ

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