El espía “bolivariano” en Madrid: expulsión o cárcel

La Asociación de Estudiantes Venezolanos en España (EVE) ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado español una denuncia contra el Teniente Coronel José Rafael Vásquez Mora por presunta actividad de espionaje en contra sus filas, lo que ha llevado a la persecución de sus militantes, así como a diversas sanciones impuestas desde Caracas, como desautorizar el envío de las remesas. El corresponsal en Madrid de Informe21 , José A. Puglisi, ha conversado con William Cárdenas, coordinador de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid, quien es el abogado que está llevando el caso ante los tribunales españoles y adelanta las posibles sanciones que podría recibir el militar venezolano en caso de resultar culpable: expulsión del país o cárcel.

Nueva tensión en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España. La Asociación de Estudiantes Venezolanos en España (EVE) ha interpuestoante la Fiscalía General del Estado español una denuncia contra el Teniente Coronel José Rafael Vásquez Mora por presunta actividad de espionaje en contra sus filas. El caso ha sido asumido por el abogado y coordinador de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid, William Cárdenas, quien ha explicado con rotundez la gravedad del caso que podría terminar, si la Fiscalía lo considera, con la expulsión o el encarcelamiento del militar venezolano.

Con el apoyo de la Asociación Civil de Venezolanos en Madrid (ACVM), Cárdenas ha tomado la bandera de los estudiantes venezolanos en la capital española, quienes en más de una ocasión se han visto perjudicados por las medidas implementadas desde Caracas, donde han sido blanco de ataques desde medios de comunicación oficialistas e, incluso, habiéndoseles negado las remesas necesarias para vivir en el extranjero.

El abogado ha explicado en exclusiva a Informe21 cuáles son las consecuencias de esta denuncia al espía ‘bolivariano’.

¿Qué consecuencias tendrá la denuncia para las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España?

Esta denuncia ante la Fiscalía agrava aún más la crisis de las relaciones entre los dos países, que no atraviesan buenos momentos. Recientemente, el embajador venezolano fue citado a la cancillería española para dar explicaciones por una parte, por los recientes insultos de Nicolás Maduro al presidente Mariano Rajoy. Por otra, por el vuelo del avión presidencial venezolano en el que a finales de 2014 viajaron a Caracas varios de los actuales representantes de Podemos, la CUP y gente vinculada a ETA.

Obviamente, los hechos denunciados revisten mucha gravedad, pues es evidente que se está utilizando la función diplomática para extender hasta el territorio español, la persecución contra venezolanos integrantes la oposición política, a través de actuaciones completamente ilícitas, que contrarían la Convención de Viena y las obligaciones de quienes en virtud de las prerrogativas y privilegios que se les conceden, están llamados a respetar las leyes del estado que los recibe. Pero ya hemos visto como los pasaportes diplomáticos se han utilizado en otros delitos que están siendo investigados, como por ejemplo el lavado de dinero y su traslado a Andorra.

¿Qué sanciones podrían ser aplicadas a quien está realizando tareas de espionaje a los jóvenes venezolanos?

Esto va a depender de la investigación que adelante la Fiscalía General del Estado español y de sus resultados.

Si los hechos son comprobados como esperamos que ocurra pues es lo que se desprende de las pruebas aportadas, será necesario precisar cuál es la situación legal en la que se encuentra el Adjunto al Agregado de Defensa de la Embajada de Venezuela ante el Reino de España.

Si tiene condición de diplomático y es amparado por la inmunidad de jurisdicción penal, es probable que el gobierno español exija su expulsión de su territorio, por cuanto las actividades ilícitas que realiza, falseando su identidad, no forman parte de la función diplomática. Pero si no está bajo el amparo de la inmunidad diplomática, puede ser juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal español, que castiga la persecución política.

Hay que tener presente que las víctimas de estos hechos no sólo fueron venezolanos residentes en España. También lo han sido ciudadanos españoles, espiados en su propio territorio, por un funcionario miembros de las fuerzas armadas de otro país.

Tras la presentación de la denuncia, ¿han tenido algún tipo de comunicación con la embajada o consulado de Venezuela?

No, y no pensamos tenerla con una representación que permite este tipo de ilícitos y que utiliza los recursos del estado para perseguir a connacionales fuera de nuestro territorio.

¿Considera posible un relevo del espía venezolano por otro que pueda seguir su labor?

El problema es muy grave y la Fiscalía del Estado español deberá emplearse a fondo para conocer el alcance de esta práctica dentro de nuestra embajada en Madrid y en otros lugares de España y porque no de Europa. Hemos recibido mensajes de compatriotas de organizaciones civiles en otros países que se quieren adherir a la denuncia, pues ellos también vienen siendo objeto de esta retaliación política.

Lo cierto es que este Teniente Coronel ha tenido bajo sus órdenes 13 funcionarios “patriotas coperantes” (5 militares y 8 civiles) a quienes dirigía. Esta es la clave del asunto, no basta con excluir al Teniente Coronel que los dirige, es necesario extirpar esta práctica de la vida de nuestras representaciones diplomáticas.

¿Qué protección podría garantizar la justicia española a los estudiantes venezolanos?

Los estudiantes venezolanos en España deben tener la certeza de que estas actuaciones son enjuiciables por los órganos de justicia españoles, que no pueden permitir que esta aplicación extraterritorial del crimen de persecución política se extienda a su jurisdicción. Pero es que además este intento de llevar fuera de Venezuela nuestro conflicto socio político, ha afectado también a ciudadanos españoles. Por ello, tanto unos como otros, por el mero hecho de ser personas, tienen acceso a la tutela judicial efectiva consagrada dentro de los principios constitucionales del estado español.

Pero además, la gravedad de los hechos, que en algunos casos han generado estados de ansiedad y terror en miembros de la comunidad de estudiantes venezolanos en España, pueden ser el fundamento de solicitudes de asilo, refugio y protección sobrevenidas, como consecuencia de los riesgos evidentes que tal situación genera.

@josepuglisi / Informe21

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