El jefe de la CICIG ve un "contrasentido" que se acuse al ente de injerencia

 El jefe de la CICIG ve un "contrasentido" que se acuse al ente de injerencia

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, aseguró hoy que es un "contrasentido" que se cuestione una supuesta injerencia del ente a la hora de promover reformas públicas y políticas en el país centroamericano.

"Resulta un verdadero contrasentido que se cuestione la supuesta injerencia de la CICIG o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones", dijo el abogado durante su participación en un foro con estudiantes de la Universidad Rafael Landívar en su sede de La Antigua.

Velásquez, quien repasó el mandato de la CICIG, insistió en que el ente que dirige desde 2013 tiene tres funciones fundamentales: determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en la desarticulación de esas redes promoviendo su investigación y sanción, y recomendar políticas públicas y reformas para evitar su reaparición.

Sin mencionar expresamente al Gobierno guatemalteco, que acusa a la Comisión de extralimitarse en sus funciones e injerir en asuntos internos del país, Velásquez dijo que no entendía como les achacan estos aspectos cuando se pronuncian, por ejemplo, sobre la captura del Estado y contra las estructuras que "lo tienen atrapado".

La CICIG fue creada en el año 2006 a petición del Gobierno y la sociedad guatemaltecas para luchar contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), cuyo objetivo ha sido siempre el de "capturar el Estado", que por definición debería tener como misión generar el bien común y defender los intereses generales.

Pero esas estructuras, según Velásquez, han evolucionado y se han convertido en redes político-económicas que tienen el mismo fin, cooptar los poderes del Estado y todas las instituciones públicas para lograr que "por su ineficiencia o complacencia" pudieran desarrollar sus propios negocios, como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas o redes de lavado de dinero.

"La noción (de los CIACS) no puede entenderse de una manera restrictiva", aseveró sobre este concepto surgido en la época del conflicto armado interno (1960-1996), y abogó por dejar ese modo "estático, inmóvil y pétreo" de entenderlos porque, lo cierto, es que evolucionaron y se adaptaron "a lo nuevos tiempos".

No obstante, añadió que comparten el mismo actuar ilegal que afecta a derechos políticos y sociales que están vinculados "directa o indirectamente" a agentes del Estado y que tiene como fin acumular y ejercer poder, enriquecerse ilícitamente y generar impunidad para sus miembros.

Aunque no hizo ninguna mención explícita a las diferencias que el Gobierno guatemalteco ha manifestado en reiteradas ocasiones con su forma de proceder -por lo que la Cancillería pidió su destitución a la ONU-, Velásquez admitió que le resulta "preocupante" el escenario de hoy en día, donde estas estructuras "se resisten a desaparecer".

Para ello, dijo, utilizan "cuántos métodos están a su alcance, incluidas campañas de desprestigio o hostigamiento" a las personas que están comprometidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Desde que el pasado mes de agosto el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, declarara non grato a Velásquez y ordenara su expulsión del país, una decisión que revertió el Constitucional, el Gobierno ha tramitado varias quejas ante la ONU sobre el actuar de la Comisión, la última el pasado 1 de enero, cuando la canciller Sandra Jovel pidió a António Guterres su destitución. EFE / RA

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