España investiga los crímenes contra sus ciudadanos en Venezuela

La justicia española investigará los crímenes cometidos contra sus ciudadanos radicados en Venezuela durante los últimos meses de protestas. Una medida que ayuda a esclarecer algunos de los casos ocurridos y está en línea con los derechos establecidos en el Código Penal y todos los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por España.

Consciente de la responsabilidad de la justicia ibérica con sus connacionales, el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid recuerda que, tras las restricciones de la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “el ejercicio de acciones para solicitar la investigación de estos crímenes, en España, sólo se puede llevar a cabo a través de la interposición de una querella por parte del agraviado o del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, Cárdenas destaca que, en el caso de Venezuela, las posibilidades de éxito de una querella del agraviado es una situación compleja ante la parcialidad de los organismos de justicia en la nación. “Obviamente, los agraviados o familiares de las víctimas que están en Venezuela también tienen serias dificultades para poder acudir a la jurisdicción española para el ejercicio de la tutela judicial efectiva, al que constitucionalmente tienen derecho. Resultando muy remoto para ellos poder querellarse en España con este propósito”, precisa.

Ante esta imposibilidad, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid ha escrito a la Fiscalía General para solicitar que, por su mediación, la Audiencia Nacional pueda dar inicio a las investigaciones pertinentes. Una solicitud que, según aclara Cárdenas, ha sido ya remitida a los órganos responsables dentro de la Audiencia Nacional.

Una decisión que, para el presidente de la Plataforma, es “la única vía posible que tienen las víctimas para que estos hechos sean investigados debidamente porque en Venezuela es imposible obtener administración de justicia imparcial, pues este poder está al servicio del régimen y se utiliza para la persecución del disidente y opositor político, llegando a materializarse actos de auténtico terrorismo judicial”.

No obstante, aún quedan retos por superar. Los encuentros celebrados por el oficialismo y la oposición han sido, por ejemplo, un argumento que desacelerara las investigaciones, una situación que Cárdenas considera inoportuna, ya que ambos gobiernos se remiten a esperar los resultados del citado diálogo. Con fe en la justicia española, el presidente de la Plataforma confía en que “este hecho no obstruya ni impida la sana administración de justicia, pues los crímenes cometidos requieren de una investigación que sea inmediata y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes”.

Por Informe21.com/ @JosePuglisi

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