La Asamblea Nacional venezolana de mayoría oficialista aprobó este jueves 14 de agosto, por unanimidad, una ley que, según representantes de la sociedad civil, busca restringir el libre funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y “suprimir” el derecho de asociación.
El gobierno sostiene que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero.
Además, ha argumentado que en el país existen al menos 62 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que operan con fines políticos con el objetivo de “generar desestabilización”.
La ley contempla artículos que podrían llevar a la eliminación discrecional de muchas organizaciones y prevé elevadas multas. Además, exigirá a las ONG que informen si el origen de sus donaciones es nacional o extranjero. También prohíbe la promoción del "fascismo".
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó el pasado lunes 12 de agosto a acelerar la aprobación de leyes contra el fascismo, regular las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado “mano de hierro” contra quienes promueven actos de violencia y de odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que, de acuerdo con la fiscalía, dejaron 25 muertos.
La aprobación de la ley ocurre casi tres semanas después de que el organismo electoral venezolano dio como ganador de los comicios a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
El Programa Venezolano de Educación Acción en DDHH (Provea), una de las organizaciones más antiguas del país, aseguró que la aprobación de la ley legaliza la persecución contra la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en “estos tiempos oscuros” para la historia del país.
“Un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país. Violentando la independencia de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias hacia las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, advirtió en X.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE CIDH), habían instado esta semana a la AN a abstenerse de aprobar el proyecto de ley.
“Esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre de espacio cívico. La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática”, escribieron en X este martes 13 de agosto.
Representantes de al menos 400 organizaciones han advertido que la ley busca “ilegalizarlas” masivamente, tal y como ha ocurrido en Nicaragua, así como “suprimir” el derecho de asociación.
Con información de Voz de América
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