El Distrito Escolar Público de Denver (DPS), que atiende a más de 90.000 estudiantes, incluyendo aproximadamente 4.000 inmigrantes, se ha convertido en el primer distrito escolar en demandar a la administración Trump. En el centro de la controversia se encuentra una política que permite a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operar dentro de las instalaciones escolares.
La demanda, presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alega que esta nueva política ha tenido consecuencias devastadoras. Según el Superintendente Alex Marrero, en declaraciones a CBS News, "la política ha sido devastadora, provocando una disminución significativa en la asistencia estudiantil tras las acciones de cumplimiento de la ley en Denver".
El distrito argumenta que esta situación les obliga a desviar recursos valiosos destinados a la educación, para enfocarse en garantizar la seguridad de sus alumnos, una tarea que, según Marrero, "no debería recaer sobre educadores, que no somos agentes del orden público".
La demanda detalla cómo el DPS ha tenido que dedicar tiempo y recursos adicionales a implementar políticas de seguridad y capacitar a su personal para responder a potenciales acciones del ICE. Además, se solicita una orden judicial temporal para restablecer la política federal anterior que restringía la aplicación de leyes de inmigración en las escuelas. Esta acción legal se apoya en la argumentación de que la nueva política viola los derechos constitucionales de los estudiantes, incluyendo el derecho a la educación, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, según explica el abogado de inmigración Héctor Quiroga a The Latin Times.
El caso no es simplemente una reacción aislada. En diciembre pasado, Marrero y la Junta de Educación ya habían reiterado su compromiso de proteger a los estudiantes de la aplicación de leyes de inmigración en las escuelas del distrito. La demanda actual es una respuesta directa a la derogación de una política preexistente que protegía a las escuelas de dichas intervenciones. El hecho de que Denver haya tomado la iniciativa legal podría marcar un precedente importante, inspirando a otros distritos escolares a seguir su ejemplo, especialmente en áreas con importantes poblaciones inmigrantes. La situación pone en relieve el delicado equilibrio entre la seguridad pública, la educación y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
La situación en Denver destaca la complejidad de las políticas migratorias y su impacto directo en la educación. La resolución del caso podría tener un amplio alcance nacional, afectando a miles de estudiantes y comunidades en todo el país.
Con información de eldiariodesonora.com.mx
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