Un acetaminofén fue el detonante para que Nora Urdaneta decidiera emigrar a Colombia. Ella es licenciada en ciencias graduada en Venezuela y líder comunitaria. Cuenta que en una ocasión su hija menor estaba enferma y ella no conseguía el medicamento para tratarla porque estaba muy costoso. Su esposo, que ya había viajado a Colombia, pero regresaba cada tres meses a Venezuela, le dijo: “en Colombia vale tres mil pesos y lo consigues en todas partes”.
Ese fue el momento en el que ella decidió que “No podía confiar en que la niña estuviera bien, así que tomamos la decisión de migrar”, comenta.
Durante un tiempo, Nora realizó voluntariado y, gracias a sus cualidades y compromiso comunitario, logró ubicarse laboralmente. Actualmente trabaja con la Fundación de los Religiosos Camilos en Barranquilla, para restablecer la dignidad y los derechos de sus compatriotas.
Nora realiza su trabajo en Villa Caracas, un asentamiento en el suroccidente de la capital atlanticense, al que han llegado alrededor de tres mil personas, en su mayoría migrantes provenientes de Venezuela y personas colombianas retornadas. Que las personas migrantes que viven allí sean atendidas en todos sus derechos, pero muy especialmente en salud, es una de sus principales preocupaciones.
Sirela Vergel es una de las habitantes del lugar. Acepta ser entrevistada bajo la condición de no ser fotografiada ni grabada. “Poco a poco hemos solucionado necesidades como educación, agua, luz y salud. Al principio, sufrimos mucha estigmatización. Migrar no es fácil, adaptarse es frustrante, pero es lo que toca”, dice.
Tiene 47 años y lleva diez viviendo en Villa Caracas. Es una líder de la comunidad. Explica que la falta de documentación dificulta la integración de niños y niñas migrantes en Colombia. Aunque las personas migrantes en condición irregular reciben atención de urgencias, dice que en algunos centros aún existen trabas para que atiendan a residentes de Villa Caracas.
“Las personas migrantes irregulares no tienen acceso completo a servicios de salud, pero sí reciben primeros auxilios. En casos graves, se gestiona un salvoconducto. Para enfermedades avanzadas como el cáncer, se emite un salvoconducto válido de seis meses a un año. Sin embargo, los trámites burocráticos suelen demorar tanto que los migrantes a veces optan por mudarse, perdiendo el progreso realizado y teniendo que empezar de nuevo”, explica.
Las enfermedades contagiosas son también un motivo de preocupación. De tuberculosis se han presentado tres casos en Villa Caracas, dice, pero le parece aún más preocupante lo que ocurre con el VIH.
En efecto, de acuerdo con cifras oficiales, a finales de 2023, Colombia registró 19.673 casos de tuberculosis y 20.043 de VIH, con aumentos del 15,43% y 2,36% respectivamente en comparación con 2022.
En el boletín epidemiológico más reciente de 2024 (correspondiente a la segunda semana de agosto), que elabora el Instituto Nacional de Salud (INS), se reportaron 9.951 casos de tuberculosis, con Antioquia, Bogotá, Cali, Santander y Barranquilla como las regiones más afectadas, y 11.848 de VIH, con Bogotá, Antioquia y Cali, como las de mayor número de casos.
La población migrante, en especial si enfrenta condiciones de vida precarias, como hacinamiento y desnutrición, como las que se presentan en Villa Caracas, enfrenta mayores riesgos frente a estas enfermedades.
El "Estudio Bienvenir", realizado entre 2021 y 2022, que analizó el estado de salud de las personas migrantes venezolanas en cuatro ciudades del país, encontró que, alrededor de 0,9% de ellas, en promedio, tenían VIH. En Bogotá y Soacha este porcentaje era de aproximadamente 0,8%, mientras que en Barranquilla y Soledad era de 1,2%. Para los colombianos entre 15 y 49 años, este porcentaje era de 0,5%.
Con información de Marcela Pérez Zambrano / migravenezuela.com
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