Más de 200 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron deportados por parte de la Administración de Estados Unidos hasta El Salvador, sin pruebas de sus crímenes y tras ignorar el bloqueo judicial a la ley bajo la que el Ejecutivo se ampara.
Estos ciudadanos venezolanos han sido trasladados a una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos, según confirmó el presidente salvadoreño Nayib Bukele el domingo 16 de marzo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó el viernes la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a supuestos miembros de esta organización criminal. Esta ley, que solo se ha utilizado tres veces en la historia estadounidense, fue paralizada por el juez federal James E. Boasberg minutos antes de la deportación masiva.
El juez argumenta que la centenaria legislación hace referencia a actos hostiles perpetrados por otro país que sean "equivalentes a una guerra", algo lógico si se tiene en cuenta el contexto histórico de finales del siglo XVIII en Estados Unidos, cuando se redactó esta ley. El magistrado anuló cinco deportaciones iniciales en un primer fallo, para a continuación extender el primer veto a cualquier futura deportación similar.
Las expulsiones de supuestos los miembros del Tren de Aragua podrían haber ocurrido entre ambos dictámenes. Pero el juez es claro en la segunda parte de su fallo: "Si hay algún avión en vuelo con detenidos a bordo, debe dar media vuelta hacia Estados Unidos y cumplir inmediatamente con esta orden", reza el texto recogido por "Politico". Trump, por lo tanto, habría ignorado esta segunda orden judicial.
Las reacciones de Bukele y de las ONG humanitarias
Bukele anunció mediante la red social X que 238 presuntos miembros de la banda venezolana habían llegado a su país y fueron transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos, donde permanecerán por un período de un año que podría renovarse.
Las cárceles de El Salvador, construidas y amparadas por Bukele, han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos por las nulas condiciones humanitarias y judiciales de sus presos, sin acceso a abogados. Los deportados, según la ONG venezolana Provea, no cuentan con garantías penales: "Serán sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH (Comisión Interamericana de DD.HH.), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa".
En ese sentido, la ONG ha expresado que sufrirán un destino jurídico incierto: "Sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y estos dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace".
Un video compartido en las redes sociales de Bukele muestra a los detenidos encadenados y siendo escoltados por oficiales armados desde el avión. Algunos son colocados en vehículos blindados, mientras que otros, encorvados mientras los oficiales empujan sus cabezas hacia abajo, son forzados a subir a autobuses.
Bukele se ha jactado en redes de la decisión del juez que obligaría al avión que transportaba a los venezolanos a dar media vuelta y regresar a EE.UU: "Ooops, demasiado tarde", escribía el mandatario en un mensaje con un emoticón de una cara riéndose a carcajadas y una copia de la noticia del bloqueo judicial difundida por el diario New York Post.
Reacciones
La información sobre la deportación de venezolanos a la megacárcel de Bukele tuvo reacciones en particulares y grupos defensores de los Derechos Humanos ya que el procedimiento se realizó sin el debido proceso y sin pruebas incriminatorias.
La organización no gubernamental Provea denunció que, con esta operación, se intensifican los "ataques contra los venezolanos" por parte del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien invocó el sábado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de presuntos integrantes del Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela.
Este grupo de deportados, según Provea, son "sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH (Comisión Interamericana de DD. HH.), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa".
En ese sentido, la ONG expresó que los trasladan a un destino donde "sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace".
Con información de es.euronews.com y elnacional.com