El equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News calificaron como una media verdad la reciente afirmación de José Brito, exdiputado y excandidato presidencial, sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines.
Según el político, dicho instrumento legal -aprobado en segunda discusión por parte de la Asamblea Nacional, el pasado 15 de agosto- "lejos de ser punitivo, coercitivo o violatorio del derecho a la libre asociación, establece mecanismos para que el Estado venezolano pueda financiar ONG".
Sin embargo, tras el análisis del discurso público se encontró que organizaciones especializadas y expertos en derechos humanos han cuestionado el impacto real que tendrá la nueva normativa sobre las organizaciones no gubernamentales. La información recabada de manera extraoficial por instancias internacionales y abogados defensores de derechos humanos en Venezuela, anticipa que la ley podría imponer requisitos desproporcionados para el registro y funcionamiento de las ONG, además de incluir sanciones que podrían restringir significativamente sus actividades. Esta perspectiva contradice la visión optimista presentada por Brito.
Advertencias sobre la Ley
La organización Acceso a la Justicia, dedicada a monitorear el sistema judicial venezolano, ha tenido acceso “extraoficial” a versiones de algunos artículos que formarán parte de esta ley que se encuentra a la espera de ser promulgada por parte del mandatario Nicolás Maduro, para su posterior divulgación en Gaceta Oficial.
Organizaciones internacionales y defensores de DD.HH. alegan que han tenido acceso al contenido del proyecto de ley y a los borradores de la norma, identificados como documentos filtrados, que han sido usados como base para las alertas sobre “graves restricciones” y posible desaparición de algunas ONG.
El análisis ha revelado que las exigencias para las ONG serían "excesivas" y podrían llevar a muchas de ellas a un estado de "permanente incumplimiento", lo que las expondría a sanciones graves.
Asimismo, en enero de 2024, Amnistía Internacional calificó la ley de "abusiva", advirtiendo que podría violar los derechos de asociación y privacidad de las organizaciones. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación, instando al gobierno venezolano a no adoptar normativas que socaven el espacio cívico y democrático del país.
Mientras tanto, el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha sido uno de los defensores más férreos de esta ley y ha subrayado en varias ocasiones que será particularmente rigurosa con las ONG que, a su juicio, "conspiran" contra el gobierno, lo que refuerza las preocupaciones de que el texto legal podría ser utilizado para silenciar voces críticas.
Incertidumbre sobre el impacto final
A pesar de que la ley ha sido aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional y se encuentra a la espera de su promulgación por el presidente Nicolás Maduro, el contenido definitivo no ha sido divulgado. La ausencia de esta información oficial impide un análisis exhaustivo del impacto real que tendría sobre las organizaciones no gubernamentales.
Por tanto, el equipo de Cotejo.info y el OVFN concluyeron que la afirmación de José Brito sobre la Ley de Fiscalización y Financiamiento de las ONG es una media verdad. Aunque se argumenta que el instrumento legal permitirá al Estado financiar ONG, la evidencia extraoficial sugiere que las restricciones previstas en la ley podrían comprometer seriamente el derecho a la libre asociación, así como la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
Con información de cotejo.info
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