La desaparición en la práctica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) –especialmente, de la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM), que constituía una fuente fundamental e inagotable de información acerca de los indicadores socioeconómicos claves del país- obligó a las instituciones académicas y organismos privados a cubrir ese vacío y, por lo tanto, a emprender investigaciones que permitieran fotografiar los distintos procesos y problemas que conforman la realidad nacional.
Como parte de esa iniciativa surgió la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que actualmente coordina la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Esa labor, que consiste en radiografiar aspectos medulares de la nación, Encovi la ha cumplido con eficacia, ampliando o complementando el trabajo de los observatorios organizados por varias ONG con la finalidad de cubrir la falta de información en en áreas clave; y de empresas de estudios de mercado y opinión, como Consultores 21, que han llevado el pulso de Venezuela y han permitido establecer cuáles son los déficits más graves y dónde se ubican las carencias más notables de la sociedad.
El más reciente informe de Encovi, correspondiente a 2022, muestra un país que, a pesar de los modestos avances que se han registrado en el campo económico durante los dos últimos años, se encuentra muy lejos de haberse "arreglado" –según la expresión que se ha popularizado- o de estar transitando un camino sólido hacia la recuperación estable y sostenida de la economía.
Un de las conclusiones de Encovi es que Venezuela no ha crecido con equidad. La concentración de la riqueza sigue siendo altamente regresiva. De acuerdo con el Índice de Gini, el instrumento más utilizado para medir la distribución de la riqueza, entre 2021 y 2022 se produjo un retroceso significativo. En 2021, este valor era de 0,407. En 2022, pasó a ser 0,603. Hay que recordar que, según ese instrumento, mientras el valor más se aleja de cero y se acerca a 1, la distribución de la riqueza se hace más desigual. Esta disparidad se aprecia claramente en los niveles de remuneración e ingresos de los trabajadores venezolanos. El promedio de ingreso de los empleados públicos es apenas $113 mensuales; el de los trabajadores por cuenta propia, $142,30; y el de los trabajadores de la empresa privada, $149,80. Estos constituyen niveles de sueldo muy bajos que no alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica (CB) ni el de la Canasta Alimentaria (CA), aunque la encuesta registra el descenso de la pobreza extrema (familias que no pueden satisfacer el costo de la CA), la cual bajó de 62% en 2021, a 48,4% en 2022.
Los indicadores de salud, empleo, migración, ingresos, desigualdad e impacto de los programas sociales presentados por Encovi, muestran de forma inequívoca el fracaso del populismo autoritario y de la improvisación que ha dominado la gestión del régimen a lo largo de casi un cuarto de siglo. Es cierto que el Gobierno ya no acude al expediente de las expropiaciones y estatizaciones compulsivas impuestas durante la etapa socialista más frenética de Hugo Chávez. Esa política intervencionista y confiscatoria fue apagándose lentamente ante el evidente fracaso del estatismo. El Gobierno también ha ido abandonando progresivamente los controles coercitivos. Han ido extinguiéndose los controles de precios y de cambio (aunque durante los días recientes ha reaparecido esa pulsión). Sin embargo, ese esquema intervencionista que asfixia la iniciativa particular no ha sido reemplazado por un modelo concertado con los empresarios y los sindicatos, a partir del cual sea posible recuperar de forma sostenida el desarrollo económico y social.
El Gobierno optó por abandonar los controles sin concertar acuerdos permanentes con los agentes económicos principales. En el área social, ha mantenido una política basada en la aplicación de programas sociales cuyo eje son las transferencias monetarias y la distribución de las bolsas CLAP. Los datos de Encovi evidencian que esos programas han perdido casi totalmente la eficacia que tuvieron en el pasado. Las transferencias monetarias fueron sepultadas por la inflación asociada a la devaluación. Lo que reciben los beneficiarios en bolívares es insignificante cuando se contrasta con el incremento galopante del costo de la vida. Con respecto al CLAP, de acuerdo con Encovi, solo 35% de las familias reciben ese beneficio de forma regular cada mes. El estudio no habla de la calidad de los productos que se distribuyen a través de ese mecanismo, que es otro tema a considerar. La mayor parte de los favorecidos se encuentra en la Región Capital. La política social atenúa muy poco el impacto del deterioro económico y social que afecta a la inmensa mayoría de la población.
Los números que muestra Encovi deberían promover un debate nacional acerca de dos temas. El primero, la ruina provocada por casi un cuarto de siglo de desaciertos garrafales y cómo los países deben evitar dejarse seducir por el lenguaje seductor, pero tramposo, de los populistas. El segundo, los enormes retos que tienen las fuerzas democráticas para configurar un modelo económico y social que saque a la gente de la miseria y la incluya en un proyecto colectivo de reconstrucción nacional.
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