El Consejo de Ministros de España aprobó este martes 19 de noviembre la modificación del Reglamento de Extranjería con el que se pretende potenciar las vías de migración legal y agilizar procesos como la reagrupación familiar y la regulación de trabajos temporales para las personas migrantes, según señala el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por Elma Saiz.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz señaló que el nuevo reglamento representa una "simbiosis entre la protección de las personas migrantes y la atención a las necesidades de España que va a transformar la convivencia y la competitividad".
La reforma "más ambiciosa e integral desde su entrada en vigor" que se articula en torno a tres claves: el empleo, la formación y las redes familiares y cuyo objetivo es construir "un marco normativo adecuado que responda a las necesidades especiales" de las personas migrantes, quienes vienen a España para "buscar un futuro mejor", aseguró Saiz, quien recalcó la exigencia del texto de acuerdo con los "requisitos jurídicos" y los "derechos humanos".
La reforma fue anunciada por primera vez en diciembre de 2023 y en un principio estaba previsto que viera la luz en la primera mitad de 2024. Fue el pasado octubre cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso que finalmente el nuevo reglamento vería la luz a lo largo de este mes de noviembre, y que asentaría las bases para eliminar trámites burocráticos y crear nuevas figuras en torno al empleo y las redes familiares.
El nuevo reglamento de extranjería plantea flexibilizar los requisitos para regularizar a inmigrantes
Visados y reordenación de las figuras de arraigo
La reforma de la normativa reordena las figuras de arraigo, instrumento del que solo dispone España en toda la Unión Europea, ha destacado la ministra, y con el que se permite la regularización de personas "día a día" para obtener permisos de residencia y trabajo.
En concreto, se crean la figuras del arraigo de segunda oportunidad, socioformativo y sociolaboral, que se suman a los ya existentes arraigos social y familiar. Asimismo, se homogeneizan y reducen en algunos casos los tiempos de residencia en España de tres a dos años y se flexibilizan los requisitos a cumplir. El objetivo del Gobierno es regularizar a 900 mil personas en los próximos 3 años. La norma, que tiene ya el visto bueno del Consejo de Estado, entrará en vigor en los próximos meses.
Respecto a los visados, se reducen los procedimientos y se limitan las competencias entre consulados y oficinas de extranjería. Además, se establece que todos ellos tengan una duración máxima de un año, configurándose el de búsqueda de empleo como visado de residencia durante 12 meses.
Asimismo, no será necesario abandonar el país para obtener la residencia de larga duración después de haber tenido una temporal.
Autorización de estancia por estudios y mejora de centros de formación
En materia de formación, las personas sujetas a este reglamento podrán disfrutar de una autorización de estancia por estudios que transcurrirá durante todo el tiempo que se prolonguen con el fin de no crear "una situación de irregularidad devenida por trámites burocráticos".
Asimismo, se facilita la transición desde la autorización de estancia por estudios a la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena a aquellos estudiantes que hayan obtenido el título, pudiendo trabajar desde el primer momento.
En este sentido, durante el tiempo de estudio, estarán autorizados a trabajar un máximo de 30 horas semanales, con independencia de la formación que estén cursando. Además, se han visto reforzados los requisitos y obligaciones sobre los centros de estudios para brindar a los estudiantes una "situación mejor que la actual y asegurarnos de que no sean víctimas de fraude", ha señalado la ministra.
"Una sociedad próspera debe saber formar y captar el talento. España da la bienvenida al talento de todas las nacionalidades, que no entiende de origen", agregó.
Empleo, "la verdadera palanca de la inclusión"
En términos de empleo, Saiz define el trabajo como "la verdadera palanca de la inclusión" para la población migrante, por lo que el nuevo reglamento incorpora mejoras en las actividades de temporada vinculadas "a la protección de los derechos de los trabajadores" así como a la "mejora de sus condiciones de habitabilidad".
Por otro lado, se potencia la colaboración con las autoridades de terceros países y la implicación de los agentes sociales en los procesos de negociación. El texto agiliza además la regularización de personas migrantes que son objeto de explotación laboral y facilita a las empresas información para adaptarse a necesidades concretas como la duración determinada o la gestión colectiva de las contrataciones.
Asimismo, no se exige el informe de integración en el caso de arraigo social siempre y cuando se acrediten vínculos familiares.
Mejora de la reagrupación familiar
Uno de los puntos de la modificación del reglamento consiste en una mejora de la reagrupación familiar para personas extranjeras residentes y para ciudadanos con nacionalidad española que tengan familia extranjera residiendo fuera de España. En el caso de familiar español, la ministra asegura que se tienen en cuenta realidades "antes no contempladas" tales como parejas no registradas que puedan acreditar una relación afectiva análoga o hijos hasta los 26 años.
Asimismo, se permite también la reagrupación de hijos y progenitores que hayan sido victimas de trata, violencia sexual o violencia de género
Entre los principales retos de la reforma se encuentran reducir plazos, eliminar duplicidades procedimentales, trasponer varias directivas europeas pendientes y velar por los derechos humanos de todas las personas que quieren regularizarse en España, precisó Saiz en rueda de prensa junto a la ministra portavoz, Pilar Alegría.
Un texto fruto de un proceso de diálogo que ha contado con la participación de más de 120 actores, incluyendo ONG, organizaciones profesionales y administraciones locales y autonómicas, según informa Moncloa en su página web. Asimismo, posee el respaldo de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración y la Comisión Interministerial de Migraciones, con la que se busca construir un marco legal que refleje las necesidades actuales del mercado laboral y los propios migrantes.
Con información de rtve.es
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