Noel Álvarez, trujillano, de 65 años de edad, empresario, expresidente de Fedecámaras, coordinador nacional del partido GENTE, Generación Independiente; coordinador del Comando ConVenezuela en el estado Miranda durante la campaña electoral de 2024 fue detenido el 10 de enero en la urbanización Terrazas del Club Hípico, Caracas. Desde ese día, se desconoce dónde está Álvarez, en qué condiciones se encuentra y por qué se le detuvo.
Álvarez es un hombre de actividad pública y notoria, con posiciones de liderazgo en el ámbito empresarial venezolano. Tiene un portal que lo describe como su espacio donde trata "de impulsar un dialogo tolerante que ayude a construir una Venezuela futurista, en la cual, todos los sectores e individualidades tengamos la misma importancia." En ese espacio,
semanalmente publica notas de interés general. Quienes lo siguen han notado la ausencia de su prosa en los últimos días
Organizaciones de la sociedad civil y políticas han reclamado información sobre su paradero y exigido su pronta liberación. Su organización de base, Fedecámaras, emitió una circular —“solo para su difusión entre nuestros asociados”— el 13 de enero en la que se indica que están trabajando “de manera incansable para obtener más información sobre su detención”. Se esperaría más de una entidad que Álvarez representó como vicepresidente y presidente, pero son tiempos de silencios y acomodos.
El abogado de Álvarez, Carlos Daniel Moreno, acudió al circuito judicial penal de Caracas para presentar un habeas corpus, luego del plazo de 48 horas para que se informara de la detención del empresario, y no fue recibido el documento; luego formalizó el amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, pero ocho días después aún no había sido tramitado a pesar de su carácter de urgencia. También solicitó la actuación de la Defensoría del Pueblo y denunció ante la Fiscalía la situación de su defendido y la negativa de procesar el habeas corpus. Las gestiones incluyen, además, el intento frustrado de presentar un escrito ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, y de igual forma ante la inspectoría general de tribunales.
Moreno ha seguido lo pautado en la Constitución, en busca, precisamente, de lo que dice el artículo 45: una “autoridad competente”, que se haga cargo de decir dónde está un ciudadano detenido y en qué condiciones se encuentra y de qué delitos se le acusa. Hasta el momento no ha habido respuesta.
Con información de elnacional.com
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