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HRW pide “presión sobre Maduro" para que acepte los resultados electorales

Actualizado: hace 2 días


Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW, en su visita al Darién. Foto: Human Rights Watch

Tirana Hassan lleva más de dos décadas trabajando por la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Lo hizo desde organizaciones como Médicos sin Fronteras y Save the Children, y hoy como directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW), una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos.


Aunque reconoce que el mundo enfrenta graves crisis de derechos, también ve con esperanza el futuro y asegura que el planeta tiene las herramientas para salir adelante.


—¿Estamos en un momento peligroso para los derechos humanos en Latinoamérica y el mundo?

—En el mundo vemos graves crisis de derechos humanos y conflictos armados prácticamente en todas las regiones. En Latinoamérica tres países ya no son democracias: Nicaragua, Venezuela y Cuba, y vemos un ascenso de gobiernos autoritarios en El Salvador, Perú y México. Tenemos serias preocupaciones sobre cómo estos gobiernos están socavando la separación de poderes y otras instituciones que son fundamentales para que haya rendición de cuentas. Si no se controla a estos líderes, esto puede acabar en desastre. La otra preocupación en la región es el crimen organizado, que ha causado sufrimiento a las comunidades; y también veo una tendencia en Latinoamérica de políticas de seguridad de mano dura, que van en contradicción con los derechos humanos.


—Según el último índice de The Economist, 39,4% de la población global vive bajo regímenes autoritarios. ¿Cómo llegamos a esto y cómo solucionarlo?

—Los líderes autoritarios fingen que están actuando por la seguridad. (Nayib) Bukele es un ejemplo. Lleva dos años de estado de excepción suspendiendo el debido proceso y las garantías judiciales, encarcelando arbitrariamente a 80.000 personas, incluyendo a 3.000 menores de edad. Los líderes autoritarios y antiderechos se excusan en que actúan por la seguridad y atacan a las instituciones judiciales, a la prensa, a los críticos, con lo cual consolidan su poder y se deshacen de sus controles. No se trata de seguridad, se trata de una grave erosión de los derechos humanos. Lo que se necesita es asegurarse de proteger a las instituciones encargadas de que estos líderes rindan cuentas. Si esto no puede hacerse dentro del país, corresponde a aliados en la región y en el mundo hacer presión, porque cuando hay violaciones de derechos humanos en un país, se termina afectando a toda la región. Esperamos que las democracias hagan que esos líderes rindan cuentas para garantizar que la erosión y violaciones de los derechos nunca se normalicen. La situación en El Salvador o en Venezuela no debe normalizarse.


—En Colombia y México ha habido críticas a los presidentes por comentarios o propuestas que parecen afectar la separación de poderes, ¿qué decir sobre esto?


En México se aprobó una reforma constitucional que hará que 1.500 jueces federales sean destituidos y luego elegidos por votación popular en 2025 y 2027, esto da lugar a corrupción en el sistema judicial y este cambio constitucional  en particular se impuso a la fuerza, la legislación se aprobó en apenas 12 días. Nos preocupa mucho que es un cambio estructural que pondrá en peligro la independencia del poder judicial y afectará aún más la capacidad de los mexicanos de buscar justicia a través del sistema judicial, porque hay que recordar que solo 2 por ciento de los casos llegan a manos de un juez en México.


—En Venezuela, ¿cuáles son las más graves violaciones de derechos que han registrado tras las últimas elecciones presidenciales?


Hemos documentado 24 personas asesinadas, en algunas de esas muertes han estado involucradas las fuerzas de seguridad y los colectivos pro-Maduro; arrestos, condenas fraudulentas, pasaportes cancelados… Posiblemente esta es la peor ola de represión hasta la fecha, se requiere acción inmediata de los gobiernos de la región y de la comunidad internacional. Hay una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) que ahora es más necesaria que nunca porque hemos documentado graves crímenes, por eso le hemos pedido a la comunidad internacional darle recursos a la CPI para que acelere la investigación y se expidan órdenes de captura. La recolección de evidencias, que será crítica, requiere de una Misión de Determinación de Hechos y en Ginebra se discutirá el próximo mes si debe renovarse esta misión de la ONU. Hemos pedido a todos los países que apoyen la continuación de esta misión para recolectar evidencia que sirva para entregarle justicia a los venezolanos.


—Varios países han pedido a la CPI expedir órdenes de captura a Maduro y las demás cabezas del régimen, ¿HRW apoyaría esta medida y cree que sería eficaz?

—Estas órdenes envían un mensaje a los líderes que creen que son intocables de que no pueden seguir como si nada, envían un mensaje de que cada abuso tendrá una consecuencia. Miremos el ejemplo de Vladimir Putin, él actúa como si esto no lo afectara pero el año pasado no pudo ir a Sudáfrica a la Cumbre Brics porque ese país es miembro del Estatuto de Roma y habría tenido la obligación de arrestarlo; lo mismo le pasará con el G20 en Brasil y con otra reunión en Perú, en ambos casos si Putin pone un pie allí, debe ser arrestado. Frente a Maduro, es el mismo principio. Tienes que ser capaz de mostrarle a los presidentes que creen que pueden cometer los más graves crímenes que esto tiene consecuencias. 


—¿Cuál es la salida a la crisis en Venezuela? Maduro busca atornillarse en el poder y el candidato opositor tuvo que exiliarse…

—Hubo una misión de la ONU y del Carter Center como observadores de las elecciones y advirtieron serias preocupaciones sobre los resultados. Es necesario que haya una verificación independiente de los mismos. También debe haber presión de los gobiernos de la región sobre Maduro, para que acepte los resultados reales, y si bien HRW apoya la mediación, en las mediaciones que ya comenzaron se han hecho algunas propuestas preocupantes como repetir las votaciones, lo cual no es viable, como tampoco lo es una amnistía general para los involucrados. Esto requiere atención internacional y que los gobiernos que tienen alguna influencia sobre Maduro la ejerzan. Maduro ha estado en el poder durante 10 años, tiene un historial de cometer abusos generalizados y sistemáticos, y ahora es el momento de que se haga justicia.


—En su más reciente informe sobre el Tapón del Darién, HRW denuncia que los gobiernos de la región no pueden permanecer de brazos cruzados. ¿Cuál sería la principal medida para enfrentar esta crisis?

—Lo que vimos cuando estuvimos en los puertos desde donde salían las personas en Turbo y Necoclí (Antioquia) fue una situación desesperada. Se los explico con un ejemplo: Conocimos a una familia venezolana que acababa de llegar hacía unos días. Vivían en la playa. Sus hijos tenían tres, siete años y el bebé cumplió un año. No tenían acceso a dinero, refugio, ni comida. Habían estado viviendo en Colombia, donde trabajaban, pero con la esperanza de que la democracia llegaría a Venezuela, vendieron todo lo que tenían y regresaron a Caracas para votar. Cuando Maduro anunció los resultados, participaron en las protestas y luego vieron cómo la policía se llevaba a sus amigos y a sus familiares. Entonces dijeron que no tenían dinero para rehacer sus vidas y no tenían nada más que perder, salvo cruzar el Darién y esperar un futuro mejor. ¿Cómo ayudarlos? En primer lugar, los gobiernos de la región deberían ampliar el estatuto de protección temporal, en particular para los venezolanos, permitiéndoles integrarse en las sociedades. En cuanto a la situación humanitaria, el gobierno debe proporcionar coordinación para que haya al menos servicios básicos disponibles para los solicitantes de asilo y los migrantes. El Darién es uno de los pasos más peligrosos del mundo. Llevo casi 20 años trabajando en respuesta humanitaria y nunca en mi carrera había visto una situación en la que las mujeres estén tan expuestas a la violencia de género, sabiendo que el riesgo de violación es tan real, que tengan que hacer el viaje con anticonceptivos de emergencia a la mano. También debe haber una mejor coordinación entre Colombia y Panamá.


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