La producción petrolera venezolana muestra un proceso de declive sostenido en la última década. Según un estudio realizado por la Universidad de Columbia en EE.UU y en
base a cifras aportadas por la OPEP, de una producción de 2.800.000, barriles diarios que se alcanzaba en 2011, ya para el año 2016 esta cifra era de 2.300.000b/d. Este rendimiento decreciente en la producción de crudo se acentúa a partir del año 2017 como consecuencia del cierre del crédito internacional a PDVSA a propósito de su insolvencia (deuda financiera de 80 mil millones de dólares), sus graves problemas de flujo de caja, la operatividad de la empresa orientada a cuestiones de orden social y políticas (PDVSA se convirtió en una mega
agencia de asistencialismo social) y de las sanciones económicas iniciadas por la administración de Donald Trump. Todo esto llevó a que la producción petrolera al cierre de agosto de 2021 se ubique en aproximadamente 523.000 b/d según fuentes secundarias citadas por la OPEP. En la actualidad, julio de 2023, la extracción de crudo en Venezuela se encuentra en unos 750.000 a 800.000 barriles diarios.
La parte de refinación nacional muestra una tendencia de preocupante. De poseer una capacidad instalada de cerca de 1.300.000 b/d, con sus 6 refinerías a saber: Complejo
Refinador de Paraguana de 940.000 b/d (Refinería Amuay y Cardón), El Palito, 130.000 b/d, Bajo Grande, 15.000 b/d, Puerto La Cruz, 200.000 b/d y San Roque, 5.000 b/d, en la
actualidad, según fuentes independientes, se producen 100.000 b/d, para abastecer una demanda interna de combustibles líquidos de cerca de 200.000 b/d. Venezuela está importando de la República Islámica de Irán volúmenes significativos de gasolina y gasoil para compensar su déficit interno.
Debido a las sanciones económica internacionales y la dificultad de importar lo que se requiere para repotenciar las plantas de refinación, se ha producido un proceso de “caníbalización” al utilizar equipos de unas instalaciones para reemplazar a los dañados en otras. Han logrado por esta vía poner a funcionar algunos procesos en las fases de producción, pero al llegar a la planta de craqueo catalítico o de conversión profunda, capaz de transformar los crudos pesados, ácidos y de mala calidad (que son del tipo predominante de la dieta que alimenta la mayoría de estas refinerías venezolanas) ha habido graves dificultades técnicas.
Según analistas y expertos petroleros de distintas corrientes políticas, se demandan entre USD 20.000 a USD 30.000 millones anuales durante un período al menos de 6 años, para llevar la refinación interna en Venezuela a niveles de más de 1.000.000 b/d.
Para la reactivación de la producción de crudo en la industria de los hidrocarburos nacional se requiere de un capital intensivo de unos USD 25.000 millones anuales. Según la empresa proveedora de servicios petroleros Halliburton, se necesitan al menos 100 taladros de
perforación en plena operación para llevar la producción a unos 2.500.000 b/d en 5 años.
A pesar de los problemas derivados de la pandemia y las restricciones por COVID 19 en China, los pronósticos sobre el precio internacional del crudo y de la demanda son
buenos. En la actualidad, el barril Brent se sitúa en USD 85 por barril y para 2024 se estima un impacto menor en los precios por las tendencias recesivas en la economía. De esta forma la cotización del Brent se calcula en USD 93 por barril como promedio para el año que viene. La crisis de Ucrania seguirá siendo un factor a tener en cuenta, sobre todo por el escalamiento de las restricciones internacionales al petróleo ruso.
Respecto a la demanda mundial de crudo, la misma pasó de los 90,7 millones de b/d en 2020, a los 100 millones b/d para 2022. Para el cierre de 2023 se estima en 102 millones b/d con una proyección de 108 millones de b/d para 2030 (de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y la OPEP).
En tal sentido, se hacen auspiciosas las posibilidades de Venezuela y su industria petrolera para captar parte de las inversiones requeridas de capital intensivo derivadas de este aumento del consumo de energía fósil, si se flexibilizan o suspenden las sanciones económicas que pesan sobre el país. Estamos hablando de un incremento de más de 10 millones de barriles por día en los próximos 8 años. De esa cantidad, Venezuela puede aspirar, por sus atributos geográficos (a 5 días de navegación de la costa este de EE.UU) y por sus inmensas reservas petrolíferas probadas, morder una parte importante de ese incremento de demanda.
PDVSA y el Estado venezolana no disponen de estos recursos de uso intensivo de capital para aumentar su capacidad extractiva de crudo, por lo que se requiere de la inversión de compañías extranjeras. Pero con el marco legal existente de acuerdo a la Ley Orgánica de
Hidrocarburos del año 2001 que establece, obligatoriamente una participación accionaria mayoritaria del Estado venezolano en las asociaciones y empresas mixtas, es difícil atraer esos capitales. De allí que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro esté explorando
sobre la posibilidad de una reforma en la legislación petrolera que cambie esa composición accionaria.
PDVSA ha venido experimentando, desde hace años, un proceso de redimensionamiento de su tamaño. En otras palabras, se ha venido achicando en tanto corporación petrolera. A nuestro juicio la tendencia es a regresar a un esquema más parecido al que había antes de la
nacionalización del petróleo de 1976. Bajo la fórmula de las empresas mixtas en la práctica se irá privatizando el negocio petrolero en Venezuela, sólo que la comercialización se hará mediante acuerdos de Estado a Estado o por medio de intermediarios privados que cobrarán su comisión por la colocación de los crudos.
Dicho de otra forma, la prospectiva apunta a un sistemático proceso de pérdida de protagonismo de la estatal petrolera venezolana. Serán los consorcios privados o de propiedad estatal de otras naciones las que tendrán en sus manos la producción de crudo en Venezuela. El Estado venezolano posiblemente se limitará a cobrar su Impuesto Sobre la
Renta a las compañías explotadoras de crudo y las regalías (ingreso patrimonial por extracción).
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