Un resumen de las informaciones de importancia nacional en el plano político venezolano del 10 de diciembre de 2024
Nicolás Maduro: No se equivoquen con Venezuela
Nicolás Maduro, advirtió a los líderes del “extremismo fascista” no equivocarse con Venezuela ante sus intenciones de desatar una guerra civil en el país.
El jefe de Estado mencionó que está observando el desarrollo de las circunstancias “dolorosas para el pueblo de Siria” y condenó que “los descocados del extremismo fascista” salgan a pedir que en Venezuela también se arme un enfrentamiento fratricida.
“Yo les digo: no se equivoquen porque el pueblo de Venezuela, en fusión perfecta, popular, militar y policial va a triunfar por el camino de la paz”, enfatizó Maduro este lunes durante el acto de conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.
El presidente aseguró que en el país habrá paz, estabilidad, unión nacional y prevalecerá la Constitución.
“Si Ayacucho fue el Waterloo del imperio español en América, si se atrevieran señores imperialistas, si se atrevieran señores y señoras fascistas, [Venezuela] sería el Waterloo de todas las conspiraciones y se arrepentirían por 100 años por haberse atrevido a tocar la sagrada paz y estabilidad y unión de nuestra amada Venezuela”, zanjó.
“Sucre nos llama a la unión”
El también Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) envió un saludo a los militares sudamericanos en la conmemoración de la Batalla de Ayacucho y resaltó que el legado de Antonio José de Sucre “nos llama a la unión, nos llama a una nueva liberación, nos llama a un nuevo proceso de Sudamérica y de Nuestra América”.
“Militares de la patria grande, oíd nuestro llamado desde Venezuela, que suenen los tambores de la liberación y de la unión de Nuestra América. Que cese la intriga, que cese la división, que cese la separación de Nuestra América, que cese la cobardía de quienes se someten a los chantajes imperiales y niegan las banderas de Bolívar, de Sucre y de los libertadores y libertadoras”, insistió Maduro. Con información de ultimasnoticias.com.ve
TSJ ratificó pena máxima para 12 ejecutores del magnicidio frustrado
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró desestimados nueve recursos que buscaban anular las condenas impuestas a 17 personas halladas culpables de participar en el magnicidio frustrado perpetrado el 4 de agosto de 2018 cuando el presidente Nicolás
Maduro se encontraba en un acto militar celebrado en la avenida Bolívar de Caracas.
Estas personas, 13 civiles y cuatro militares, fueron acusadas por el Ministerio Público por homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, entre otros delitos.
La audiencia preliminar donde se debatió si ordenaban o no un pase a juicio contra los 17 se realizó entre el 22 de febrero y 1 de julio de 2019. En esa fecha, efectivamente el Tribunal Nacional Primero de Control con competencia en casos vinculados con delitos Derivados y Conexos asociados al Terrorismo ordenó abrirles un juicio a los 17 acusados.
El juicio transcurrió entre el 2 de diciembre 2019 al 2 de agosto 2022 cuando el Tribunal Nacional Primero de Juicio con competencia en casos vinculados con delitos Derivados y Conexos asociados al Terrorismo emitió condenas entre 5 y 30 años de prisión.
Dichas condenas fueron ratificadas el 21 de marzo pasado por la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones Antiterrorista.
El 23 de agosto pasado, la Sala Penal recibió los nueve recursos (de casación) consignados por abogados de los 17 condenados. Los recursos contienen denuncias relacionadas mayormente con el juicio celebrado en contra de los acusados.
Una de las denuncias refiere que el tribunal de juicio presuntamente se negó a darle curso a una nueva prueba que supuestamente favorecía al general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Alejandro Pérez Gámez, acusado de haber informado el cambio del sitio donde se realizaría el acto celebratorio del 81 aniversario de ese componente militar, lo cual le sirvió de guía a los planificadores del magnicidio.
Los abogados del general Gámez, Eliécer Peña Granda y Yalira Granda, adujeron que ya otro militar había admitido ser la persona que informó a Julio Borges sobre el sitio donde sería el acto militar. Se referían al Teniente Coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, miembro de la Guardia de Honor Presidencial y Jefe de la Dirección de Comunicaciones para ese momento, señalado de revelar información confidencial tanto a Borges como a la Central de Inteligencia Americana (CIA), “facilitado la planificación del ataque de los drones a la tarima presidencial”, según la sentencia.
Los magistrados desecharon esa denuncia porque no califica para ser expuesta en un recurso de casación, el cual está dirigido a denunciar presuntas infracciones de las cortes de apelaciones y no de los tribunales de juicio.
“Las Cortes de Apelaciones no pueden apreciar ni valorar las pruebas debatidas en juicio, destacándose que el recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia (en este caso la apreciación, admisión y valoración de las pruebas debatidas en juicio) sino los cometidos por las Cortes de Apelaciones”, recalcaron los magistrados.
Otra de las denuncias interpuestas es el allanamiento hecho a un inmueble atribuido al general Héctor Armando Hernández Da Costa y en donde hallaron un documento titulado “Operación Constitución”, alusivo a los planes para deponer al presidente Maduro.
Hernández Da Costa “obró con premeditación conocida”, dice la sentencia.
Los magistrados igualmente desecharon esa denuncia por tratarse de un planteamiento poco claro e impreciso. Y recordaron que los hechos denunciados en un recurso de casación deben indicar con precisión “cuál es el vicio, cómo incidió y el efecto o la influencia que produjo en la decisión recurrida”.
Las restantes denuncias también fueron desestimadas por la Sala Penal cuyos magistrados dejaron incólume las condenas impuestas, según se lee en la sentencia 682 redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
Los condenados
Entre los 17 procesados por el magnicidio en grado de frustración, 12 fueron condenados a 30 años de prisión. Los hallaron culpables de los delitos de: homicidio intencional calificado en grado de frustración cometido contra la integridad física del presidente Nicolás Maduro; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración en perjuicio de los ciudadanos (militares) José Del Valle Núñez Martínez, Ortiz Belatis Benny, Luis José Alexander Molina Torres, Darwin Moreno, Gómez Dorante Jesús, Hernández Moran Víctor y Guerrero Salazar Lizneidy; lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas; traición a la patria; terrorismo y asociación.
Esa condena fue emitida el 2 de agosto de 2022 por el Tribunal Especial Primero de Juicio con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional a cargo de la jueza Hennit Carolina López Mesa.
Entre los 12 condenados a pena máxima figuran tres militares, uno de ellos el general Alejandro Pérez Gámez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El coronel (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández fue otro de los militares que recibió pena máxima. Le achacan haber presuntamente enviado mensajes a los autores materiales del atentado.
Juan Carlos Monasterio Vanegas, sargento mayor de primera en situación de retiro (GNB), igualmente fue condenado a 30 años de prisión. Esta persona era solicitada por su presunta participación en el asalto al Fuerte Paramacay ubicado en Valencia (Carabobo) el 6 de agosto de 2017. Pero en el expediente del atentado con drones es reseñado como la persona que presuntamente reclutó a los 11 partícipes en la acción del 4 de agosto de 2018 para su entrenamiento en la granja Atlanta, situada en Chinacota, Colombia, según su propio testimonio.
Los pilotos de los dos drones activados frente a la tarima donde se encontraba el jefe de Estado ese 4 de agosto también fueron condenados a 30 años de cárcel: Bryan de Jesús Oropeza Ruiz, Argenis Gabriel Valera Ruiz y Alberto José Bracho Rosques. Yanín Fabiana Pernía Coronel, la mujer acusada de prestarles logística para esa acción, igualmente recibió pena máxima.
Yolmer José Escalona Torrealba, el explosivista que recibió los drones en Barquisimeto (Lara) para su preparación con C-4, según la investigación, igualmente fue condenado a 30 años.
Emirlendris Carolina Benítez Rosales, una empresaria catalogada como presunta colaboradora en el atentado fallido, recibió la pena máxima.
Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, condenado a 30 años de prisión, confesó mediante un video ser miembro de la denominada Resistencia Activa. Castillo fue uno de los que se entrenó en el campamento colombiano para la activación de los drones. “Le pregunté a la señora Génesis quién financiaba esto, ella me contesto que el financista de todo esto se llama Julio Borges”, confesó Castillo.
Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, condenado a 30 años, fue el cabecilla de la operación, según lo declaró en su momento el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Rivas dijo en un video que después del atentado intentaron sacarlo fuera de Venezuela con la colaboración de la embajada chilena. “Duré cinco meses en el campamento. Practicamos mucho el manejo de los drones”, reveló el sujeto.
José Miguel Estrada González también integra el grupo de 12 condenados a 30 años de prisión por ser colaborador en la preparación de los drones. Este sujeto se enroló (desde la cárcel) en los planes preparados por un sector de la oposición para dar un nuevo golpe de Estado este año, según lo revelado el sábado 14 de septiembre pasado por el ministro de Interiores, Diosdado Cabello.
El General Héctor Armando Hernández Da Costa es otro de los militares condenados. En este caso le impusieron una sanción de 16 años de prisión tras culparlo por el delito de conspiración.
Ángela Lizbeth Expósito Carrillo. 24 años de prisión. Acusada de alojar en su vivienda a Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, cabecilla de la operación.
José Eloy Rivas Díaz. 20 años de prisión por financiamiento al terrorismo. Dueño de la empresa Stand Electronic, señalado de pagar el hospedaje y proveer los equipos electrónicos para la operación.
Juan Requesen (exdiputado de Primero Justicia). 8 años de prisión por el delito de conspiración. En un video declaró detalles de la operación y su actuación en la misma. “Fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia, se trataba de Juan Monasterio”, reveló.
El tribunal de juicio dejó acreditado que fueron dos las explosiones “causadas, producto de la activación de artefactos explosivos que fueron incorporados a dos aeronaves no tripuladas tipo Dron, una de las cuales invadió el espacio aéreo adyacente a la tarima presidencial, generando una explosión de gran magnitud que puso en riesgo la vida del presidente Nicolás Maduro y los efectivos castrenses de GNB”, dice la sentencia.
También quedó probado en juicio que la segunda aeronave hizo explosión en el segundo piso de las residencias Don Eduardo, ubicada en la Avenida Fuerzas Armadas de Caracas, “causando graves daños estructurales al referido inmueble, no logrando el grupo delictivo alcanzar su objetivo por circunstancias ajenas a su voluntad, muy a pesar de haber realizado todo lo necesario para consumarlo”, refiere la sentencia.
La jueza López Mesa dejó plasmada en su sentencia y reproducida por los magistrados que quedó “convencida que la acción delictiva fue planificada y puesta en marcha por un grupo de personas civiles y militares que pretendían la desestabilización del país”. Con información de ultimasnoticias.com.ve
Edmundo González quiere estar en Venezuela para que se respete la voluntad de millones de ciudadanos que votaron el 28 de julio
Esperanza. Es la palabra con la que el líder de oposición Edmundo González Urrutia define el proceso que vive Venezuela y está seguro de que llevará a los ciudadanos a lograr la libertad y retomar la democracia. Además, aseguró, hace todo lo que está en sus manos para lograr la reinstitucionalización del país. Es enfático en afirmar que volverá a territorio venezolano el 10 de enero.
No especifica cómo será su regreso a Venezuela. En conversación con ElNacional.com, alega que su silencio es parte de una estrategia para lograr entrar al país de manera exitosa y no descarta vía alguna. Su retorno, precisó, se debe a que siente que tiene una deuda con los venezolanos: hacer cumplir la voluntad popular expresada en las presidenciales del 28 de julio.
“Estratégicamente no he querido divulgar cómo porque eso forma parte de nuestro trabajo, pero nuestra intención es estar en Venezuela para que se respete la soberanía popular y la voluntad de millones de venezolanos que votaron por Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Es una deuda que tenemos y que queremos hacer cumplir”, resaltó.
González Urrutia, un diplomático que hasta este año se había mantenido al margen de la primera línea política, asumió formalmente la gestión de una campaña previamente encabezada por María Corina Machado, quien continúa liderándola.
La oposición sostiene que González Urrutia fue el legítimo ganador de las presidenciales, afirmando que cuenta con 80% de las copias de las actas que respaldan su victoria. Sin embargo, tras emitirse una orden de arresto en su contra, se vio obligado a exiliarse en España en septiembre.
"Nosotros sí podemos mostrar las actas", dice González Urrutia
El dirigente insiste en que resultó victorioso en el proceso electoral y reta al gobierno de Nicolás Maduro a mostrar las actas electorales. Resaltó que parte de la comunidad internacional sigue esperando que el oficialismo muestre los resultados.
Señaló que la oposición ha presentado las actas que obtuvieron sus testigos ante gobiernos e instancias internacionales. "Que muestren las actas y demuestren que Maduro ganó.
Nosotros sí podemos mostrar las actas que respaldan que ganamos", expresó.
Al hablar de su exilio, explicó que los tres meses en España -cumplidos el domingo- han pasado prácticamente desapercibidos. El tiempo se le ha ido en reunirse con parte de la comunidad internacional para lograr alianzas que ayuden a Venezuela a retornar a la democracia. Reconoce que no ha tenido tiempo para detenerse a pensar en todo lo que ha vivido en este tiempo. Eso sí, tiene claro que en ningún momento ha sentido miedo.
Pide a los venezolanos dentro y fuera del país mantener la fe. Y si de algo está convencido es de que al país retornarán cientos de venezolanos que emigraron en búsqueda de un mejor futuro, y su gobierno -puntualizó- estará listo para recibirlos con los brazos abiertos e iniciar el proceso de reconstrucción. Entre sus prioridades está la reconciliación de los ciudadanos y la liberación de los presos políticos, que será uno de sus primeros decretos.
Hablando de María Corina, hay muchos rumores por parte del gobierno alrededor de su relación con ella. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Conversan y coordinan regularmente?
—Regularmente conversamos. Por lo menos una o dos veces por semana. Y estamos en una coordinación muy bien aceitada. Todo eso del gobierno forma parte de su estrategia de crear grietas en donde no las hay y sombras que no existen.
—Usted insiste en que va a volver el 10 de enero. ¿Cuál es la estrategia que tiene alrededor de ese mensaje?, ¿Cómo lo hará?
—Yo hasta ahora estratégicamente no he querido divulgar cómo porque eso forma parte de nuestro trabajo, pero nuestra intención es estar en Venezuela para que se respete la soberanía popular y la voluntad de millones de venezolanos que votaron por Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Es una deuda que tenemos y que queremos hacer cumplir.
—Pero lo han amenazado en caso de volver, principalmente el ministro de Interior, Diosdado Cabello…
—Mantengo la determinación de regresar a Venezuela. Perro que ladra no muerde. Yo a esas especulaciones no les hago caso ni pierdo mi tiempo.
—¿Y si no vuelve el 10 de enero?
—La estrategia es seguir trabajando para que se respete la voluntad popular. En el caso de que no sea el 10, serán unos días más tarde o unas semanas más tarde. Pero eso no lo van a cambiar.
—Usted está convencido…
—Absolutamente.
—Además de su regreso a Venezuela, usted ha insistido en que los países le reconozcan como presidente. ¿Qué mensaje le envía a los que no lo han hecho, como es el caso del gobierno de Pedro Sánchez en España alegando que sería una situación similar a la de Juan Guaidó?
—Son circunstancias totalmente distintas. Juan Guaidó fue juramentado con base a un artículo específico de la Constitución. En mi caso, hubo una elección que resultó con más de siete millones de votos a mi favor y esa es una diferencia fundamental. Sin menospreciar el trabajo de Guaidó, esta es una situación distinta. Y también pienso que cada día se van a ir conociendo otras reacciones de países que se sumarán al reconocimiento.
—Dijo que María Corina Machado sería su vicepresidenta de la República. ¿Es una decisión que ya ha conversado con ella?
—Ella es la líder fundamental de este proceso político que iniciamos. Es una mujer extraordinaria, con una extraordinaria capacidad de trabajo. Por supuesto que esa sería una de las funciones que podría desempeñar a la perfección.
—Es alarmante la situación de los presos políticos. ¿Qué mensaje le envía a los familiares?—Nosotros nos hemos reunido en esta misma sala con familiares de los presos políticos. Y en Venezuela también. Los relatos que nos transmiten es algo espeluznante. Nosotros estamos comprometidos a que el tema de los presos políticos sea una prioridad dentro de nuestra acción de gobierno. Hemos dicho también que tal vez entre los primeros decretos que tengamos que hacer es el decreto de liberación de los presos políticos. Incluso hacerlo desde uno de esos sitios en donde están injustamente detenidos porque nunca debieron estar ahí.
—Además de los presos políticos, están los asilados en la Embajada de Argentina, que llevan días amedrentados. ¿Qué mensaje le da Brasil, que es el encargado de esa sede diplomática?
—Es un asedio lo que tienen sobre esa embajada. Es insólito que a una representación diplomática le tengan con los servicios de electricidad y agua potable cortados. Que no puedan recibir alimentos, que no puedan recibir mensajes. Todo esto es absolutamente contrario a las convenciones internacionales de protección, asilo y de derecho humanitario. Eso no debe ser aceptado. Es imposible.
Delsa Solórzano pide al fiscal de la CPI que avance en investigación sobre Venezuela
La exdiputada a la Asamblea Nacional de 2015 y presidenta del partido político opositor Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que avance en la investigación sobre Venezuela I, que indaga sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país bajo el mandato de Nicolás Maduro.
"La justicia es un derecho irrenunciable. Nuestra lucha no cesará hasta que podamos vivir en un país donde la justicia, la libertad y la dignidad sean una realidad. Los derechos humanos son universales, y Venezuela merece justicia", posteó la política en su cuenta de la red social X este 10 de diciembre cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Solórzano recordó la fecha y denunció los más de 2.000 prisioneros políticos que existen en el país, la mayoría de ellos a los que apresaron después de la represión gubernamental de finales de julio e inicios de agosto, ante las protestas masivas en el país por el desconocimiento a los resultados de las presidenciales del 28 de julio cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro, pero aún no presenta las actas del proceso.
"Lamentablemente en Venezuela esta premisa ha sido vulnerada de forma sistemática, con casi 2.000 prisioneros políticos, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, persecución y crímenes de lesa humanidad, violación a la libertad de expresión, en fin, una violación generalizada de los derechos fundamentales», resumió la exdiputada sobre la situación de las garantías que consagra la Constitución de 1999 y los tratados internacionales a los que Venezuela está suscrita. Con información de efectococuyo.com
コメント