Un resumen de las informaciones de importancia en Venezuela del día 11 de febrero de 2025.
Venezuela considerado país más corrupto del continente americano
Medalla de bronce. Esto es lo que habría obtenido Venezuela si el Índice de Percepción de Corrupción de 2024 (CPI, por sus siglas en inglés), presentado hoy por Transparencia Internacional, fuera una competencia olímpica, pues el país terminó en el tercer lugar entre los estados vistos como los más corruptos del mundo, solo superado por Sudán del Sur y Somalia, que se encuentran en el primer y segundo puesto, respectivamente.
En los últimos doce meses, Venezuela ha perdido tres puntos y ha terminado con una calificación de 10 sobre 100, un retroceso que lo consolida como la nación que es percibida como la más corrupta de todo el continente americano. Nicaragua (14) y Haití (16) ocupan el penúltimo y antepenúltimo lugar.
“Las puntuaciones más bajas en 2024 corresponden principalmente a países frágiles y afectados por conflictos como Sudán del Sur (8), Somalia (9), Venezuela (10), Siria (12), Libia (13), Eritrea (13) y Yemen (13)”, advirtió Transparencia Internacional, y afirmó que su estudio revela que “los países democráticos, en promedio, superan a los regímenes híbridos o autoritarios en relación con los niveles de corrupción percibida”.
“Los países donde la prensa y la sociedad civil son libres tienden a tener un mejor desempeño en el índice. Los países con un espacio cívico abierto tienen un puntaje promedio en el Índice de Percepción de Corrupción de 2024 de 70, mientras que los países con un espacio cívico reprimido o cerrado solo alcanzan promedios de 31 y 29, respectivamente”, agrega el estudio.
Lo anterior explica la baja calificación obtenida por Venezuela. En los últimos años, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vienen considerando que en el país “los elementos sustanciales de una democracia representativa no están presentes”. “La institucionalidad en el país no está guiada por la separación y el equilibrio de los poderes públicos”, denunció la instancia en su informe correspondiente al año 2021.
En similares términos se han pronunciado otras instituciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que han denunciado que en Venezuela se ha producido una sistemática reducción del “espacio cívico”.
Una tendencia global
El retroceso registrado por Venezuela no es la excepción, sino que forma parte de una tendencia. El índice revela que en 2024 más de una cuarta parte de los países de la muestra (47 de 180) obtuvieron su puntuación más baja desde que este estudio se viene realizando.
Austria (67), Bangladesh (23), Brasil (34), Cuba (41), Francia (67), Alemania (75), Haití (16), Hungría (41), Irán (23), México (26), Rusia (22), Sudán del Sur (8), Suiza (81) y Estados Unidos (65) son algunos de los estados donde la percepción de corrupción aumentó en 2024.
La lista anterior revela que países de varias regiones del mundo, con distintos tipos de gobierno y niveles de desarrollo económico han sido afectados por la tendencia.
Las metas medioambientales están en peligro
En el informe se advierte que la educación, la salud y otros servicios públicos no son los únicos afectados por la corrupción, sino también las iniciativas para combatir el cambio climático.
“La corrupción es la amenaza silenciosa que bloquea el progreso climático, desde los pasillos de las cumbres climáticas internacionales hasta las pequeñas ciudades donde los proyectos buscan ayudar a las comunidades vulnerables”, se lee en el índice.
“La corrupción amenaza los fondos climáticos que salvan vidas en todo el mundo. Se necesitan fuertes salvaguardas de integridad y anticorrupción en las iniciativas climáticas para garantizar su eficacia y proteger a miles de millones de personas vulnerables”, se agrega.
Sobre el índice
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), desde su creación en 1995, es el principal indicador mundial de corrupción en el sector público.
Este Índice asigna una puntuación a 180 países y territorios de todo el mundo, en función de las percepciones de corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios.
Periódicamente, se revisa el proceso para calcular el Índice de Percepción de Corrupción y asegurar la mayor solidez y coherencia posible. La revisión más reciente fue en 2017, realizada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Todas las puntuaciones de esta evaluación desde 2012 son comparables entre un año y el siguiente. Con información de monitoreamos.com
Colegio Nacional de Periodistas exige la liberación de 11 trabajadores de la prensa
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exigió este lunes10 de febrero, la liberación de 11 trabajadores de la prensa, la mayoría detenidos tras los comicios de julio del año pasado, en el contexto de la crisis que vivió el país después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicara una cuestionada victoria en las presidenciales a Nicolás Maduro.
A través de X, el CNP afirmó que los periodistas han estado sometidos a un proceso "injusto y violatorio" de los derechos humanos y agregó que a la mayoría de ellos se les acusa de presuntos delitos como terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público.
Los 11 periodistas detenidos son Carlos Julio Rojas, Leandro Palmar, Belices Cubillán, Julio César Balza, Roland Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Ugas, José Camero, Gabriel González, Luis López, Ramón Centeno.
Igualmente, el CNP pidió la libertad para los periodistas Claudia Macero y Omar González, quienes permanecen asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil desde agosto del año pasado tras la salida del cuerpo diplomático del país austral.
Confinados en la embajada argentina desde marzo de 2024
Macero y González, ambos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, ingresaron a la sede diplomática en marzo del año pasado tras resultar acusados por la Fiscalía de delitos de conspiración y traición a la patria.
A juicio del gremio periodístico, en Venezuela está "en peligro el derecho al ejercicio de libertad de expresión", algo que denunció recientemente la ONG Espacio Público, que documentó en enero 67 violaciones a la libertad de expresión, 54 más que en diciembre.
Espacio Público señaló que la mayor parte de las violaciones registradas en enero resultaron perpetradas por el Estado, "30 de ellas las ejecutaron instituciones públicas, seguidas por ocho cuerpos de seguridad, tres funcionarios y una por el Poder Ejecutivo". Con información de elcarabobeño.com
Exigen medida “humanitaria” para la activista Rocío San Miguel
Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, profesora y experta en seguridad de nacionalidad hispano venezolana, cumplió este domingo un año de su arresto en una cárcel de los servicios de inteligencia en Caracas, acusada de terrorismo, en las vísperas del inicio de su juicio y a la espera de la operación urgente de una fractura en su hombro derecho.
El caso de San Miguel fue inicialmente reportado el 9 de febrero de 2024 como una desaparición forzada por familiares y organizaciones de derechos humanos tras ser retenida junto a su hija Miranda por autoridades en el área de migración del aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, a las afueras de Caracas.
Miranda, de 25 años, fue liberada días después, mientras se desconocía el paradero de su madre, de 58, considerada una de las voces más activas este siglo de la sociedad civil sobre asuntos de seguridad nacional y derechos humanos en Venezuela.
Más de tres días después, se confirmó su reclusión en la cárcel de El Helicoide, de los servicios de inteligencia nacional (SEBIN). El gobierno de Nicolás Maduro acusó a la también abogada de presuntamente formar parte de un complot destinado al asesinato del mandatario venezolano, identificado por las autoridades como “Brazalete Blanco”.
Cinco familiares también sufrieron desapariciones forzadas hace un año, según defensores de derechos humanos y sus abogados.
Además de a su hija, las autoridades detuvieron sin notificación pública a sus hermanos Miguel y Alberto; al padre de Miranda, Víctor Díaz; y a su exesposo Alejandro González, el único que sigue detenido, en un anexo de máxima seguridad de la cárcel El Rodeo I.
Juicio y operación
La primera audiencia de su caso en el juzgado tercero para delitos de terrorismo, en Caracas, está prevista para la este martes 11 dee febrero, si bien el proceso ha sufrido múltiples retrasos e “irregularidades”, comentó a la Voz de América su abogado de confianza, Juan González Taguaruco.
San Miguel no ha podido contar con un defensor privado, como pidió ella misma y como exigen sus familiares, sino que se le ha asignado un abogado público. Se le acusa de presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y del homicidio tentado contra Maduro y el gobernador tachirense Freddy Bernal.
La activista de derechos humanos sufre problemas graves de salud, según su defensor: cuatro meses después de que se quejara de un constante dolor en su hombro derecho se le diagnosticó una fractura.
Algunos medios y cuentas de redes sociales vinculados con el oficialismo venezolano publicaron fotografías de su revisión médica, la primera evidencia gráfica de San Miguel desde su arresto el año pasado. De aquella noticia ha pasado ya medio año.
“Sigue recibiendo analgésicos y no ha recibido medicina especializada”, dijo su abogado a la VOA, dudando que pueda ser operada de su hombro derecho y contar con los debidos cuidados postoperatorios y tratamientos de recuperación dentro de la cárcel.
“Debe ser excarcelada, así sea por medidas humanitarias”, indicó.
Piden su liberación
La Plataforma Unitaria Democrática, un bloque de partidos y movimientos políticos, sindicales y de la sociedad civil que adversa al gobierno de Maduro, pidió el domingo su liberación por “medida humanitaria”, así como la excarcelación de todos los presos políticos de Venezuela, que son más de 1.100, según oenegés.
Organizaciones de DDHH, como Provea, y voces disidentes del gobierno venezolano han demandado una “medida humanitaria” a favor de San Miguel, resaltando su derecho a que médicos de su confianza traten su fractura.
“Rocío no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física”, publicó Provea el fin de semana en X, considerándola como “víctima” de un caso “sin debido proceso”.
Provea, que pidió a España interceder para garantizar su integridad, también valoró que las acusaciones en contra de San Miguel responden a su trabajo como líder de la organización civil Control Ciudadano, donde documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y asuntos militares.