Un resumen de importancia de las informaciones del ámbito político venezolano del 17 de diciembre de 2024.
Edmundo González espera una nueva era en Venezuela con su retorno el 10 de enero
El líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reivindica la victoria en las elecciones presidenciales realizadas en julio, espera el comienzo de una nueva era con su anunciado retorno al país el 10 de enero.
"Esperamos que ese día marque el comienzo de una nueva era, una era democrática, en Venezuela", dijo González Urrutia a AFP en la sede del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo, donde este martes 17 de diciembre recibió, el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2024.
Este premio, la más alta distinción de la UE sobre derechos humanos, fue otorgado conjuntamente a González Urrutia y a la dirigente María Corina Machado, quien desde la elección de julio vive en la clandestinidad en Venezuela.
La victoria y reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio fue fuertemente cuestionada por la oposición, que afirma haber obtenido más de 67% de los votos.
La investidura del nuevo presidente para el período 2025-2031 está prevista para el 10 de enero, y González Urrutia prometió presentarse para asumir sus funciones.
"Debemos respetar la soberanía y la decisión del pueblo venezolano, que expresó su deseo de tenerme como presidente", dijo González Urrutia a AFP en una entrevista en inglés.
El dirigente, que se exilió a España después de ser objeto de una orden de captura en Venezuela, no está preocupado con las consecuencias de su regreso.
"No nos importa. Tenemos un objetivo, que es trabajar en la reconstrucción de nuestro país, porque está destruido", afirmó.
"Quiero ser recordado como el presidente que contribuyó a la reconciliación de los venezolanos", apuntó.
Diplomático de 75 años, González Urrutia fue embajador en Argentina entre 1998 y 2002, y en las elecciones de julio de este año fue candidato por la Plataforma Unitaria, un frente opositor que agrupó a 11 partidos políticos.
Edmundo González seguirá avanzando
Machado, en tanto, participará de la ceremonia de entrega de los premios en forma remota, y además estará representada personalmente por su hija Ana Corina Sosa.
"Esperamos con ansias el 10 de enero, fecha en la que nuestro presidente electo asumirá el poder", dijo Sosa a AFP.
Su madre estará junto a González Urrutia cuando éste asuma sus funciones, aseguró.
"Por supuesto que tengo miedo, y estoy preocupada por su seguridad, pero tengo confianza en que saldremos victoriosos de esta fase, que ella estará a salvo y que muy pronto estaré a su lado", comentó Sosa.
"Ante cualquier cosa que el gobierno nos reserve, seremos resilientes. Seguiremos avanzando y haremos que nuestra voz se escuche el 10 de enero", añadió.
Además de este galardón, Machado recibió este año el premio Vaclav Havel de Derechos Humanos, otorgado por el Consejo de Europa.
La venezolana de 57 años ganó las primarias de 2023 con el objetivo de postularse como candidata de la oposición en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Sin embargo, las autoridades electorales venezolanas impugnaron su candidatura y a último momento la plataforma opositora lanzó el nombre de González Urrutia.
Diversos países no han reconocido el resultado de las elecciones presidenciales de julio, entre ellos Estados Unidos y los miembros de la UE.
En la disputa por el premio Sájarov, González y Machado superaron al economista y activista anticorrupción azerbaiyano Gubad Ibadoghlu, y a los movimientos de mujeres israelíes y palestinas "Mujeres del Sol" y "Mujeres por la paz", los otros finalistas.
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se concede anualmente por el Parlamento Europeo y rinde homenaje al físico nuclear y disidente soviético Andréi Sájarov, premio Nobel de la Paz de 1975.
El galardón va acompañado de un premio de 50.000 euros (unos 53.000 dólares). Con información de elnacional.com
Muertes de ciudadanos en cárceles venezolanas activarán mecanismos internacionales de justicia
Las muertes en la cárcel de tres presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela violentan normas fundamentales de derechos humanos, entre ellas las llamadas “Reglas Nelson Mandela”, y activarán mecanismos internacionales de justicia para estos casos, ocurrido en el último mes, de acuerdo con especialistas.
Jesús Rafael Álvarez, un venezolano de 44 años que había sido detenido junto a su esposa Anny en Bolívar, en el sur del país, murió en el internado judicial de Tocuyito, en Carabobo, a 500 kilómetros de su región de residencia, según familiares.
Uno de sus 3 hijos identificó su cadáver por una fotografía y dijo haber notado su pómulo hinchado, lo vio “extremadamente delgado” y “demacrado”, comentó al Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG que vela por los derechos de reos en el país.
Tres días después, el Observatorio reportó el fallecimiento de otro preso político, Osgual González, de 43 años, también en Tocuyito. Tuvo síntomas de depresión y una hepatitis tratada tardíamente por las autoridades carcelarias, según sus familiares.
En noviembre, se reportó el fallecimiento de Jesús Martínez Medina, un músico y activista político de Vente Venezuela que había sido arrestado tras las elecciones. Según la oposición y sus familiares, no recibió atención médica oportuna y murió en medio de una operación para amputarles ambas piernas, ya necróticas.
Sus muertes violan no sólo normas nacionales, como la Constitución de Venezuela, sino otras declaraciones y pactos internacionales, advirtió a la VozdeAmérica.com el abogado experto en derechos humanos y miembro de la ONG Provea, Calixto Ávila.
El artículo 43 de la Constitución reza que el derecho a la vida “es inviolable” y que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Además, su artículo 46 afirma que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y señala que “todo funcionario público que infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
Reglas irrespetadas
Según Ávila, las detenciones de los 3 fallecidos fueron arbitrarias por haber ocurrido mientras ejercían sus derechos y libertades contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sus fallecimientos, de acuerdo con el abogado, constituyen una violación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como “las Reglas Nelson Mandela”, en honor al luchador y expresidente surafricano, encarcelado por 27 años durante su lucha por los derechos humanos, la igualdad y la democracia.
“Esos casos de muerte, desaparición o lesiones graves deben ser comunicadas a una autoridad independiente de la administración penitenciaria facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias de ese tipo de casos”, unas condiciones que no existen ni aplican para Venezuela, consideró Ávila.
Según denunció en septiembre la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, el sistema judicial “está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo (de Nicolás Maduro) y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”.
Investigaciones profundas e independientes
Los fallecimientos de Álvarez, González y Medina deben ser investigados “a profundidad” para determinar si hubo funcionarios estatales responsables, de acuerdo con Mariano de Alba, abogado experto en geopolítica, derecho internacional y diplomacia.
Las investigaciones deben ser un primer paso para juicios, la determinación de responsabilidades, la reparación a sus familiares y la implementación de medidas concretas para evitar que sigan falleciendo reos bajo custodia del Estado, puntualizó.
Si ello no ocurre, “entonces estaremos ante hechos que suponen la responsabilidad internacional del Estado venezolano, lo que podría traducirse en condenas tanto políticas como posiblemente jurídicas sobre los lamentables hechos”, indicó.
Carlos Lusverti, abogado y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, remarcó que la responsabilidad de las muertes recientes “es claramente del Estado venezolano”, que los tenían bajo su custodia.
“Las autoridades deben garantizar los derechos a sus familiares a la verdad, justicia y reparación, que incluyen disponer del cuerpo de acuerdo con sus ritos funerarios y realizar un investigación imparcial e independiente”, dijo a la VOA.
Ávila, de Provea, duda que haya condiciones para una justicia imparcial en su caso, de acuerdo con lo reiterado por la Misión Independiente de las Naciones Unidas.
La denunciada parcialidad del sistema judicial como parte de un “aparato represivo” es justamente lo que ha activado la competencia del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, recordó.
“Ante la falta de posibilidades a nivel interno de establecer justicia para este tipo de crímenes, se activan las instancias internacionales”, resaltó el abogado.
Reputación dañada
El gobierno venezolano ha descalificado las indagaciones de la Corte Penal Internacional por considerarlas politizadas, mientras denuncia la existencia de supuestas conspiraciones violentas de actores extranjeros en su contra.
Según el fiscal general de Venezuela y exdiputado del chavismo Tarek William Saab, el Estado ha excarcelado a más de 500 personas tras las elecciones en el marco de su “compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos”.
De Alba, por su parte, destaca que casos como los de Álvarez y González también aumentan la preocupación internacional sobre los derechos humanos y la situación política en el país, así como “hacen mella en la reputación del gobierno venezolano”.
“Son hechos que podrían por ejemplo ser incluidos en futuros reportes de organismos internacionales de DDHH o incluso en las gestiones de investigación sobre crímenes de lesa humanidad que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, acotó.
Los acciones necesarias para que muertes como la de Álvarez, González y Martínez Medina no se repitan en las cárceles venezolanas incluyen permitir el acceso de reos a visitas, que los encarcelados puedan ser evaluados frecuentemente por personal médico y psicológico y que tengan “un trato digo”, precisó.
Ministro del Interior descalifica a la Unión Europea
Diosdado Cabello, ministro de Interior, calificó este lunes 16 de diciembre, de arrogantes a los miembros de la Unión Europea (UE) por la evaluación que hacen los 27 para emitir nuevas sanciones contra los funcionarios chavistas.
"La Unión Europea que se vaya a lavar ese paltó. Son arrogantes, ellos creen que pueden sancionar. Son estúpidos en verdad", dijo Cabello durante una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal VTV.
Cabello sostuvo que la UE "no tiene nada que hacer en Venezuela". Además, arremetió contra el organismo y dijo que no tiene que "meter sus narices" en la crisis que viven los venezolanos.
Las sanciones -introducidas en 2017 y prorrogadas por última vez hasta el 10 de enero de 2025- pretenden "promover la adopción consensuada de soluciones democráticas a fin de que el país alcance la estabilidad política y se atienda a las acuciantes necesidades de los venezolanos", según la UE.
Además, las medidas contemplan "la prohibición de viajar y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela", además del "embargo de armas y equipos destinados a la represión interna". Información reseñada por elnacional.com
Excarcelados ocho adolescentes detenidos en Margarita y 11 excarcelaciones del penal de Tocuyito
Ocho de los nueve adolescentes detenidos en el estado Nueva Esparta durante las protestas poselectorales fueron liberados. Aún queda encarcelado un joven de 16 años de edad.
Uno de los que fue excarcelado cumplió la mayoría de edad mientras estaba tras las rejas en el retén de Los Cocos. A mediados de la semana pasada, se conoció que tres jóvenes habían sido excarcelados y otros tres el pasado viernes 13 de diciembre.
Todos se encontraban recluidos en el Centro de Internamiento de Los Cocos, administrado por el Instituto de Atención al Menor del Estado Nueva Esparta (Iamene).
Los familiares de los detenidos se han mantenido en silencio ante los medios de comunicación, pues se les ha solicitado no emitir declaraciones que puedan "complicar" el caso de los adolescentes.
Las liberaciones se fueron dando progresivamente, completando ocho jóvenes puestos en libertad esta semana.
A medida que el Gobierno nacional ha ido excarcelando personas que fueron detenidas tras las protestas electorales del 29 y 30 de julio en rechazo a los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato, ha ido encarcelando a otras personas como Jesús Armas. Con información de Talcualdigital.com
De igual manera, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó la mañana de este martes 17 de diciembre la excarcelación de 11 personas de la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, que fueron llevadas allí tras ser detenidas en el marco de las protestas poselectorales.
De acuerdo con el OVP, estas excarcelaciones se llevaron a cabo entre la noche del lunes 16 y la madrugada del martes 17, luego de que se registrara el ingreso en Tocuyito de al menos siete ambulancias para llevar a cabo jornadas médicas.
Según información extraoficial ofrecida por VPItv, el hijo de Osgual González, preso político fallecido este lunes 16 en el mencionado penal, sería uno de los beneficiados con la medida.
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