Un resumen de las informaciones de importancia nacional en el plano político venezolano
Saab: Detención de venezolanos enviados al Salvador son un acto de discriminación
El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que la detención de venezolanos en El Salvador, acusados por Estados Unidos de ser integrantes el Tren de Aragua, se convierte "en un crimen de lesa humanidad" y afirmó que esto es un acto de discriminación "por ser venezolanos".
Denunció, durante una rueda de prensa este lunes 31 de marzo, que todos estos ciudadanos han sufrido «tratos crueles, inhumanos y degradantes. Han sido privados ilegalmente de su libertad» y detalló que con el traslado de estas personas a una cárcel de máxima seguridad se han cometido varios delitos.
Saab indicó que con el nuevo traslado de venezolanos la cifra de venezolanos detenidos en El Salvador ronda los 250, aunque señaló que podrían ser más. Dijo que se está ante la presencia de "desapariciones forzadas porque la familia no sabe exactamente dónde están" y exigió que se cumpla el habeas corpus.
El fiscal describió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como "el lugar de reclusión más tenebroso del planeta Tierra, donde el que llega ahí es sentado en el piso, no se le da de comer, de tomar agua y, muchos de ellos, mueren y nadie se entera".
A juicio de Saab, no hay fundamentos para vincular a estos venezolanos con la banda Tren de Aragua, que insiste en decir que fue desmantelada en el país, y afirmó que los principales integrantes están detenidos en el país. De la misma manera, indicó que los venezolanos llevados al Cecot no tienen registros de haber cometidos ni siquiera delitos menores.
El máximo representante del Ministerio Público acusó a la líder de la oposición de las deportaciones de venezolanos a El Salvador: "María Corina Machado asumió la autoría material de esta acción (deportación de venezolanos a El Salvador) y lo ha dicho públicamente. La secundó un sujeto al margen de la ley, llamado Edmundo González". También señaló a David Smolansky, Leopoldo López y Carlos Vecchio.
Tarek William Saab acusó a El Salvador de violar el Estatuto de Roma y dijo que están a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de este país. "Exijo un pronunciamiento de la Corte Suprema con relación al habeas corpus", indicó. Información reseñada por talcualdigital.com
La Fiscalía ahora considera al Tren de Aragua como “la estructura criminal más poderosa de Venezuela”
Información realizada por el portal monitoreamos.com asevera que según la Fiscalía venezolana “El Tren de Aragua fue desmantelado. Sus líderes están presos, dados de baja o con orden de captura”. Pese a que el fiscal general, Tarek William Saab, ha estado declarando esto públicamente desde hace semanas, en su despacho hay quienes todavía no dan por liquidado al grupo y lo siguen considerando como “la estructura criminal más poderosa de Venezuela”.
“Nos encontramos frente a la estructura criminal más poderosa de Venezuela, y la única que ha logrado afianzarse en fronteras extranjeras, dejando de ser una pandilla carcelaria confinada, para convertirse en múltiples células transnacionales con un amplio portafolio criminal”, la declaración la hizo la Fiscalía 19 Nacional con Competencia Plena en el escrito en el que solicitó la extradición de Edgar Javier Benítez Rubio a Estados Unidos, una petición que fue acordada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 26 de marzo, según se desprende de su sentencia número 137.
Benítez Rubio, alias “La Fresa” y quien es considerado miembro del Tren de Aragua, fue señalado de participar en el secuestro y posterior asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido en Santiago de Chile entre el 21 de febrero y 1 de marzo de 2024.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, en su solicitud el Ministerio Público consideró que la organización delictiva ha perpetrado “actos terroristas con el objetivo infundir terror no solo dentro del territorio venezolano, sino en distintas fronteras de Latinoamérica”, se lee en el dictamen redactado por la magistrada Carmen Marisela Castro.
Y puso como ejemplo la operación que acabó con la vida del uniformado disidente, donde “utilizando como modus operandi el valerse de vestimentas alusivas a funciones públicas sin pertenecer a ningún ente u organismo de seguridad, generando con ello la desestabilización en el correcto funcionamiento de las instituciones políticas, económicas y sociales, actuando en contrario de las normativas y los diferentes marcos legales del mismo modo, dichos sujetos han ejercido prácticas criminales como: Sicariato, secuestros, atentados contra la ciudadanía y entes gubernamentales, amenazas, coacciones, extorsión, homicidios, transporte y/o suministro de armas y explosivos liberación de sustancias contaminantes, provocación de incendios, tráfico de drogas, trata de blancas, falsificación de documentos”.
¿Una solicitud tardía?
La solicitud de la justicia venezolana para que EE.UU. le entregue a Benítez Rubio llega tarde. Horas antes, el 24 de marzo, el Departamento de Justicia anunció que lo enviaría a él y a otros dos presuntos miembros del Tren de Aragua (Adrián Rafael Gámez Finol y Miguel Oyola Jiménez) a Chile.
Las autoridades judiciales del país andino acusan a los tres sujetos de haber participado en el asesinato del teniente Ojeda. El 21 de febrero, el militar, quien se encontraba asilado en Chile, fue secuestrado en casa por unos sujetos, quienes vistiendo uniformes de la policía chilena simularon que lo estaban deteniendo. A los días su cadáver fue localizado en una maleta, enterrado a 1,4 metros bajo el cemento, en una barriada de migrantes en el municipio de Maipú, en Santiago.
Alias “La Fresa” y los otros cuatro venezolanos son señalados de pertenecer a la banda Los Piratas de Aragua, quienes se presentaban como una célula del Tren de Aragua. Al mando de ese grupo estaba alias El Turco y ellos fueron contratados para que ejecutaran a Ojeda, según las primeras investigaciones de Chile.
La Fiscalía chilena tiene el testimonio de algunos de los detenidos que señalan que el crimen fue encargado desde Venezuela y, por ello, acudieron el pasado 28 de marzo a la Corte Penal Internacional (CPI) para incluir este caso en la investigación por crímenes de lesa humanidad que su Fiscalía viene adelantando desde 2021.Los presuntos criminales lograron ingresar ilegalmente a territorio estadounidense y fueron detenidos en los últimos meses.
En el caso de Benítez Rubio, su aprehensión se produjo el pasado 12 de febrero en la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana, luego de haber pasado por Colombia, Panamá, Honduras y México antes de ingresar a EE.UU. Antes, en diciembre, Gámez Salas, alias "El Turko", fue arrestado en Texas.
Maduro enviará a México un avión para buscar a migrantes venezolanos
Nicolás Maduro anunció este lunes de marzo su intención de enviar un avión a México el próximo jueves para “rescatar” a “unos 300 migrantes” venezolanos.
Destacó que “el próximo jueves va un avión a México, pero es a rescatar migrantes que pudieron salvarse de la persecución y pasaron la frontera hacia México. Vamos a rescatar a unos 300 migrantes, la mayoría de ellos mujeres y niños”. A su vez, instó a Jorge Rodríguez, el jefe negociador del chavismo, a “hablar con los enlaces” que Venezuela tiene con Estados Unidos.
El mandatario venezolano aseguró que: “Migrante que llega lo atendemos. El que trae algún tipo de deuda con la justicia venezolana pasa a su juez natural, su derecho a la defensa, su derecho a la visita”.
Además, expresó su preocupación por cómo las autoridades estadounidenses están enviando a los migrantes venezolanos “sin juicio” a El Salvador, asegurando que este país se ha convertido en una “colonia de los Estados Unidos”, transformada por el presidente Nayib Bukele en un “segundo Guantánamo para secuestrar y practicar la desaparición forzada de venezolanos migrantes”, por cuanto exigió transparencia sobre la lista que contiene los nombres de más de 200 migrantes deportados hace dos semanas.
Esta exigencia surge luego de que el pasado 15 de marzo 238 migrantes venezolanos fueran trasladados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, bajo acusaciones de pertenecer a la banda delictiva el Tren de Aragua, una organización que el gobierno estadounidense considera terrorista. Con información de elnacional.com
PROVEA denunció desaparición forzada y detención arbitraria de funcionario del CNE
Provea recibió la denuncia sobre la presunta desaparición forzada y detención arbitraria del funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Albert Martín Maíz Nadales, a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Según familiares, el 27 de noviembre de 2024, fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde ejercía funciones como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Desde entonces, su familia ha perdido todo contacto con él. Han pasado ya cuatro meses sin noticias certeras sobre su paradero.
Su hija, Bianggi Maíz, dijo que fue trasladado por funcionarios del DGCIM. Días después, lograron confirmar su detención en la sede de Boleíta y les permitieron entregarle medicamentos esenciales, dado que es paciente bariátrico, hipertenso y presenta tensión ocular.
Sin embargo, el 16 de diciembre, al intentar visitarlo nuevamente, fueron informados de que el funcionario del CNE ya no se encontraba en el lugar. Desde entonces, su familia ha recorrido múltiples centros de reclusión sin obtener información sobre su paradero. En el penal Rodeo I, incluso les impidieron realizar preguntas al respecto.
Sin derecho a la salud
El 20 de marzo, de manera extraoficial, se enteraron de que Maíz Nadales había sido presentado ante el Tribunal 2.º de Terrorismo y acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. Se le negó el derecho a designar un abogado privado y su defensor público asignado no ha brindado información alguna a su familia. También se les ha impedido establecer contacto con él o hacerle llegar sus medicamentos, lo que pone en grave riesgo su salud.
Provea recuerda que la desaparición forzada está prohibida por la Constitución de Venezuela. Ninguna autoridad, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas (artículo 45 de la CRBV).
Además, el artículo 44 garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con su familia, designar un abogado de confianza y conocer las razones de su detención.
Los familiares del funcionario del CNE han introducido demandas ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y un recurso de Habeas Corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia, sin recibir respuesta alguna.
Ante esta situación, Provea exige la liberación inmediata de Albert Martín Maíz Nadales, el respeto a su debido proceso y el acceso a tratamiento médico adecuado. Así mismo, instamos a las autoridades a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la transparencia en los procedimientos judiciales. Con información de elcarabobeño.com
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