Un resumen de las informaciones más relevantes del día en lo referente al tema político venezolano.
Maduro considera "ineludible" que se apruebe ley para enjuiciar a quienes pidan sanciones
Nicolás Maduro consideró este lunes "ineludible" que la Asamblea Nacional -controlada por el chavismo- apruebe una ley, que se encuentra en proyecto, para enjuiciar a venezolanos que aprueben o apoyen "llamados a sanciones criminales, bloqueo, invasiones militares o cualquier daño extranjero" contra el país caribeño.
En su programa semanal ‘Con Maduro +’, indicó que la ley, aprobada en primera discusión el pasado jueves 21 de noviembre, que establece -dijo- "penas gruesas" y va a dotar las instituciones de "un arma jurídico-constitucional para defender el derecho a la paz, a la tranquilidad de Venezuela".
La AN adelantó que el proyecto, oficialmente ‘Ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, contempla inhabilitar políticamente a quienes soliciten a otros países, "grupos o asociaciones terroristas", que impongan sanciones económicas contra la nación caribeña.
Ley Bolívar
El jefe de Estado dijo que esta propuesta servirá para "contrarrestar" y "derrotar" en todos sus aspectos al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes estadounidense que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del gobierno norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo nacional.
El proyecto estadounidense fue presentado por los representantes de Florida Mike Waltz, republicano, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata, quienes consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe "mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano".
El viernes 22 de noviembre, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por -aseguró- apoyar el proyecto de ley estadounidense, lo que la exdiputada consideró una muestra "debilidad" del gobierno de Maduro, a la vez que acusó al fiscal general, Tarek William Saab, como "principal represor del régimen". Con información de el nacional.com
Machado pide a venezolanos estar listos para “hacer lo que corresponda”
La líder opositora María Corina Machado pidió a los venezolanos estar listos para “hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso” ante la inminente toma de posesión presidencial del próximo 10 de enero, y dijo que llegó el momento de “cobrar”, al reiterar que el excandidato Edmundo González Urrutia ganó las disputadas elecciones del 28 de julio.
“Les pido que nos preparemos para exigir con la máxima fuerza lo que nos corresponde, porque la enorme fuerza ciudadana con la que ya decretamos el cambio como pueblo soberano que somos ahora lo vamos a completar”, afirmó Machado desde la clandestinidad en un video divulgado este lunes en sus redes sociales, donde no precisó detalles sobre cuáles serán las venideras acciones.
Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales de julio, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2400 detenidas. A casi cuatro meses de la elección, la autoridad electoral venezolana no ha divulgado resultados disgregados.
Países como Estados Unidos y Ecuador ven a González Urrutia como presidente electo. El Alto Comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, adelantó la semana pasada, de momento, “no está en la mesa” del bloque un reconocimiento a González Urrutia, y que cada país es “dueño” de la decisión.
A poco más de un mes para el 10 de enero, fecha en la que según la Constitución se debe juramentar el presidente electo de Venezuela, Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, llamó a los venezolanos a estar atentos a sus próximos mensajes.
Machado, investigada por la Fiscalía por presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, por haber apoyado la Ley BOLIVAR, que busca cortar el flujo financiero al gobierno de Maduro y que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes de EEUU, prometió que “pronto” se encontraría con los venezolanos en las calles del país “libre”.
El lunes pasado González Urrutia, de 75 años, reiteró su intención de volver a Venezuela para tomar posesión del cargo, sin precisar cómo hará frente a la orden de arresto en su contra por la investigación que abrió la Fiscalía por la publicación de las actas electorales.
El presidente Maduro reiteró que será él quien asuma un tercer mandato.
“Ese día 10 de enero se juramentará el presidente antifascista, cristiano, antiimperialista y socialista, Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo, presidente patria, junto a ustedes. Ahí nos veremos en las calles y avenidas”, sostuvo el mandatario venezolano el fin de semana.
Juicio en ausencia
En respuesta a la aprobación del proyecto de ley bipartidista que ahora debe pasar al Senado estadounidense, el Parlamento venezolano de mayoría pro gobierno aprobó en primera discusión una legislación que establece la inhabilitación política de quienes han cometido actos contra el Estado, entre ellos el apoyo a sanciones.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la ley prevé la extinción de dominio, 30 años de cárcel e inhabilitación política “de por vida”.
Además, pidió someter a Machado a un juicio en ausencia. “Juicio en ausencia, no, que está escondida, juicio. La gente debe entender que se acabó la impunidad en Venezuela”, insistió. Con información de vozdeamerica.com
Abogados: eliminar documentos conlleva a la muerte civil de un ciudadano
Eliminar los documentos de identificación y registro de los “traidores a la patria”, como sugirió la diputada de la Asamblea Nacional (AN) Iris Varela el 21 de noviembre, es, para los abogados Andrés Soto y Simón Gómez, una tragedia jurídica que resultaría en la muerte civil de las personas.
Los especialistas en derecho administrativo y derechos humanos, respectivamente, calificaron la medida como contraria e incompatible no sólo con la Constitución venezolana, sino también con los tratados internacionales. Además, al ser entrevistados por El Pitazo.net este 26 de noviembre, recordaron que es una práctica a la que recurren autoritarismos que violan derechos fundamentales.
Vulneración múltiple
Para Varela, “traicionar a la patria es como una renuncia a la nacionalidad”. Durante su discurso en el hemiciclo, y tras asegurar que el Gobierno es “respetuoso” con la Constitución, mencionó el artículo 35 de la misma y le recomendó al órgano legislativo “estudiar” la anulación de todos los documentos de identidad y registro.
La trigésima quinta disposición de la Carta Magna establece que los venezolanos, por nacimiento, no pueden ser privados de su nacionalidad. También especifica que a los venezolanos naturalizados solo se les puede revocar la nacionalidad por medio de una sentencia judicial.
No obstante Varela aseguró que “perfectamente” se puede remover la identidad de una persona o el registro de una empresa por vía administrativa, pese a que esa acción vulnere los derechos reflejados en la Constitución.
“Es contradictorio decir que se es respetuoso del artículo 35 y proponer que se anulen documentos por vía administrativa”, señaló Soto. La nulidad de la identidad es una privación al derecho a la nacionalidad que también está contenido en el vigésimo artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
De acuerdo con el asesor en derecho público y migratorio, la iniciativa no es viable jurídicamente. Pero, resaltó, ante un Estado fallido que no respeta ni los más mínimos estándares, “hay que estar preparado”.
Ante una vulneración al derecho a la identidad, Gómez repasó las consecuencias que tiene sobre otras facultades. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, reflejado en el artículo 21, también sería violado, así como todo el régimen de derechos políticos.
Una persona que sea despojada de su identidad no puede votar o postularse a un cargo de elección popular. Tampoco tiene derecho a la educación, salud o vivienda, por lo tanto se le imposibilita hacer actividades académicas, financieras o laborales.
“Esta propuesta conlleva a la muerte civil de un ciudadano, es la anulación del conjunto de los derechos de la ciudadanía”, afirmó el profesor de derecho internacional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Sobre el procedimiento administrativo que propuso Varela, explicó que las restricciones deben estar especificadas de forma clara y precisa en la ley. Si hay una restricción por vía administrativa, los afectados deben tener acceso a una reclamación , a un recurso judicial, para hacer frente a esa restricción.
El alcance de la violación
La propuesta de la diputada del PSUV es, según Soto, parte del camino que busca recorrer el Gobierno venezolano para “perseguir a quien quiera defender la verdad”. Por eso la calificó como un “despropósito jurídico”, ya que atenta contra los derechos humanos de las personas que no sigan el discurso oficialista.
El abogado advirtió que, si la sugerencia de Varela se convierte en ley, significaría un peligro para los venezolanos fuera y dentro de Venezuela. Además de las restricciones para entrar y salir del país, los afectados quedarían como apátridas.
“No contar con ninguna otra nacionalidad es una verdadera tragedia para el desarrollo jurídico y personal de un ciudadano”, declaró.
Por su parte, Gómez recalcó que la revocatoria de la nacionalidad es algo que está prohibido en la Constitución. Aunque la propuesta de la diputada no especifica que haya un decreto de revocatoria, porque no existe formalmente este decreto, sí está exigiendo revocar de facto al afectado de su derecho a la identidad.
También especificó que, cuando Varela dijo que serían sancionadas las empresas cuya propiedad sea del afectado o éste tenga acciones en la misma, conllevó a una violación al derecho a la propiedad y a la libre asociación.
Referencia cercana
La violación al derecho a la identidad no es algo ajeno en la política de algunos aliados del oficialismo. Uno de los mandatarios latinoamericanos más afines a Maduro, Daniel Ortega, la ha aplicado en su país.
“Es el mismo mecanismo que se viene utilizando hace varios años en Nicaragua, donde se ha privado de la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses por nacimiento y los dejan en condición de apatridia”, recordó Soto