En el momento cuando escribo este artículo, la víspera del Día de Reyes de 2023, leo un llamado desesperado de la ONG Control Ciudadano donde se pide el traslado urgente del teniente coronel Igbert Marín Chaparro a un centro de salud. El militar está preso desde marzo de 2018 en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y lleva 45 días en huelga de hambre. No es la primera que hace una desde que está detenido. Él mismo ha referido que ha sido sometido a los tratos más crueles, tanto físicos como sicológicos. Su caso quedará para los anales de las violaciones a los derechos humanos en el mundo: han sido conculcados todos sus derechos fundamentales. Y el comandante, a pesar de que un tribunal en diciembre de 2020 ordenó su traslado a la cárcel de Ramo Verde, sigue recluido en la Dgcim.
Un video de sus padres pidiendo que No lo dejen morir se volvió viral en las redes sociales a mediados del mes de diciembre de 2022. A pesar de ello, nada ha hecho el régimen por evitarlo.
En un reportaje en Tal Cual del 25 de abril de 2021, la periodista Luisa Quintero refirió que al ser detenido junto a siete compañeros, el militar fue acusado de “presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar”. Que después de una reunión con Padrino López, Suárez Chourio y Hernández Dala “volvió a la Dgcim, a estar incomunicado y fue llevado a la llamada (irónicamente) “Casa de los Sueños”, un lugar denunciado por organismos internacionales -entre ellos la Misión de Determinación de Hechos- como un establecimiento de torturas para aquellas personas detenidas en esa sede”.
“Golpizas, aislamiento, negación de asistencia médica y de alimentos, violencia psicológica, hechos que han sido descritos en la serie documental de TalCual La República que tortura, son algunas de las situaciones que ha padecido el teniente coronel, a quien se le ha calificado como un hombre de “ascendencia” dentro de la Fuerza Armada debido a su posición, su rango y calificaciones, que lo llevaron a ser el primero de su promoción y la persona con las notas más altas dentro de ese estamento militar”. Y es que un militar inteligente y con ascendencia sobre su tropa es un peligro en una revolución como la que vivimos.
El hecho real es que a pesar de que el cargo de traición a la patria fue retirado -no hubo forma de probar más allá de un chisme que estaban conspirando- Marín Chaparro sigue preso y a punto de morir.
Los altos funcionarios del régimen tienen sobradas razones para sentirse empoderados, cómodos en su desempeño -aunque este vaya en contra de las normas más básicas del respeto a los derechos humanos- y atornillados en el poder por muchos años. Pero la justicia siempre llega. Que lo diga Josef S, exguardia de un campo de concentración nazi de 101 años de edad, que el año pasado fue condenado a cinco años de cárcel al ser encontrado culpable de instigación y complicidad en el fusilamiento de prisioneros de guerra soviéticos y el asesinato de otros (en total 3.518 personas) con el gas venenoso Zyklon B en el campo de Sachsenhausen, cerca de Berlín.
¿Dejarán morir al comandante Marín Chaparro? Sería un expediente más para engrosar las cada día más abultadas denuncias en la CIDH y la CPI, además de dejar dos niños pequeños sin su padre, una mujer sin su marido y unos padres sin su hijo, sin pruebas que justifiquen su detención, mucho menos las torturas a las que está siendo sometido. Pero por desgracia, nada extraña en esta Venezuela chavista-madurista...
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