La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este martes 18 de marzo que el gobierno de Venezuela sigue promoviendo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes.
En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Misión informó que continúan las detenciones arbitrarias de personas opositoras, o percibidas como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Señaló que fuentes no gubernamentales han documentado al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025. Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
"El gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades", declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión. Se trata del mismo patrón de actuación que han caracterizado previamente como crímenes de lesa humanidad.
Acusó a Diosdado Cabello, ministro de Interior de Maduro, de dirigir formalmente la represión en el país. “Cabello continúa amenazando públicamente. Las detenciones arbitrarias de opositores o percibidos como tales han continuado y se han incrementado. Las protestas antigubernamentales previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y grupos de civiles, presumiblemente colectivos”.
Violación de derechos de extranjeros
La Misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 personas extranjeras acusadas de participar en conspiraciones contra el gobierno. Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas.
"Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional", afirmó Francisco Cox, experto de la Misión.
Insistieron en que las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional".
Impunidad postelectoral
La Misión también proporcionó más detalles al Consejo sobre una de las protestas postelectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, en la que murieron siete personas. La Misión confirmó que se realizaron disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar contra las personas que se manifestaban. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de controlar la protesta se encontraban dentro de esa instalación.
"La Misión ha identificado a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes", señaló Patricia Tappatá, experta de la Misión. "El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas".
Solicitaron al Consejo que inste al gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, y a prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas.
Resultados electorales cuestionados
Valiñas dijo que funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las elecciones presidenciales de 28 de julio. “El CNE nunca publicó el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa, desconociendo lo que establece la legislación venezolana”. Con información de elcarabobeño.com
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