El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.243 protestas durante el primer trimestre de 2024, equivalente a 14 manifestaciones diarias en promedio. Esta cifra representa una disminución del 56% en comparación con el mismo período del año pasado.
Pese a las continuas restricciones del espacio cívico y democrático, los ciudadanos continúan ejerciendo su legítimo derecho a la manifestación pacífica, visibilizando, denunciando, exigiendo respuesta de las autoridades. El Estado debe cumplir con sus obligaciones para garantizar una vida digna: vivienda de calidad, salarios y pensiones acordes a la realidad del país, servicios básicos constantes y todo ejercicio de participación política, búsqueda de justicia y de la vida misma.
Derechos económicos y sociales lideran las protestas pacíficas
Durante los primeros noventa días del año se documentaron 914 protestas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), 74% del total general. En primer lugar, se destacan las protestas de vecinos para exigir el derecho a una vivienda digna, adecuada y con servicios básicos de calidad. Seguidamente los trabajadores continúan sus jornadas de manifestaciones pacíficas cumpliéndose dos años sin un aumento salarial ajustado a la realidad económica del país. Mientras que jubilados y pensionados acompañan las acciones de protestas clamando por pensiones que les permitan cubrir sus gastos de salud, alimentación y aseo personal.
En aumento las protestas políticas
Durante los primeros noventa días del año se documentaron 914 protestas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), 74% del total general.
En primer lugar, se destacan las protestas de vecinos para exigir el derecho a una vivienda digna, adecuada y con servicios básicos de calidad. Seguidamente los trabajadores continúan sus jornadas de manifestaciones pacíficas cumpliéndose dos años sin un aumento salarial ajustado a la realidad económica del país. Mientras que jubilados y pensionados acompañan las acciones de protestas clamando por pensiones que les permitan cubrir sus gastos de salud, alimentación y aseo personal.
Con el llamado a un nuevo proceso electoral y en un escenario de complejos debates sociales, los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en 329 protestas, 26% de la cifra total. Es decir, de cada 10 protestas hubo tres destinadas a reclamos por DCP, en promedio.
Las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en distintos estados del país fueron centros de convocatoria para las protestas protagonizadas por simpatizantes de partidos políticos de oposición y estudiantes universitarios que exigieron abrir nuevos puntos de inscripción, cronograma electoral para elecciones presidenciales de 2024 y celeridad en los trámites.
Además, los ciudadanos rechazaron las inhabilitaciones políticas o cualquier otra acción que impida la participación política como derecho de todos los ciudadanos. El movimiento de derechos humanos alertó a la ciudadanía y comunidad internacional sobre el impacto negativo de los proyectos legislativos anunciados para discusión y aprobación en la Asamblea Nacional durante este 2024 (Ley contra el fascismo y Ley sobre las ONG) y exhortó que estos instrumentos jurídicos debilitan el ejercicio de los derechos fundamentales para el espacio cívico y democrático.
Derechos laborales
Durante los primeros tres meses del año se documentaron 448 protestas laborales, 39% del total general. Esta cifra representa una importante disminución de 79% en comparación con el mismo período del año pasado cuando ocurrieron 2.165 manifestaciones laborales. Encontrando dentro de las principales causas de este resultado a la criminalización, represión, judicialización, desgaste y contexto preelectoral.
En Venezuela, el aumento del “bono contra la guerra económica” fue anunciado a inicios del año 2024 cuando era equivalente a 100 dólares mensuales. Sin embargo, trabajadores de la administración pública denunciaron que dicho aumento es suficiente para cubrir la canasta alimentaria y no genera incidencias en otros cálculos asociados al salario, lo que desmejora los derechos y reivindicaciones históricas.
Protestas denunciando a cuerpos de seguridad del Estado
Durante este primer trimestre del año se registraron 28 manifestaciones contra los cuerpos de seguridad del Estado, denunciando malos tratos, torturas, actos de corrupción y /o abuso de poder ejercidos contra los habitantes de al menos 14 estados del país.
Dos años se cumplen desde que iniciaron protestas laborales sistemáticas exigiendo reivindicaciones salariales y legítimos derechos plasmados en las contrataciones colectivas.
La respuesta del Estado ha sido insuficiente, manteniendo una política de bonificación sin aumento real equivalente al costo de la canasta básica de alimentos y sin incidencia salarial. El ajuste de marzo de 2022 fijó el salario mínimo en 130 bolívares que hoy se traducen en 3 dólares cada mes al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Reiteramos que esta situación amerita respuestas y soluciones urgentes por parte de las autoridades venezolanas.
El OVCS expresa su preocupación por el incremento de la represión selectiva, amedrentamiento, amenazas, persecución, hostigamientos, detenciones arbitrarias y limitaciones en el acceso a la justicia contra líderes sindicales, vecinales, políticos opositores, activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Este periodo destacamos la detención de la defensora Rocío San Miguel ocurrida el 9 de febrero de 2024 y la posterior expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de as Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego de expresar su preocupación por la detención de la defensora. Para la fecha de cierre de este informe, las autoridades venezolano anunciaron el regreso de la Oficina al país. El próximo 28 de julio se realizarán las elecciones presidenciales, será una oportunidad histórica para que el país pueda encontrar una ruta democrática y pacifica para salir de la actual Emergencia Humanitaria Compleja.
Es fundamental que el Estado cumpla con estándares internacionales para la realización de un proceso libre, transparente, justo y con observación de organismos internacionales. Los venezolanos han demostrado su interés en los asuntos públicos del país, y como muestra se aprecian las constantes manifestaciones en las calles o la asistencia y participación en las recientes consultas realizadas por el gobierno y oposición. El Estado debe garantizar la participación de los electores dentro y fuera de Venezuela, y que el pueblo venezolano tenga la oportunidad real de decidir el rumbo de la nación. Con información de OVCS
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