El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 249 protestas durante el mes de noviembre de 2024, equivalente a 8 protestas diarias. De estas protestas, 50 fueron por derechos políticos y 61% del total se relacionaron con la precariedad de los servicios básicos: fallas de electricidad (27), dificultades en el acceso al agua potable (18) y limpieza de quebradas (10).
Fueron reportadas 5 manifestaciones reprimidas.
Precisa el OVCS que el histórico de las cifras demuestra que este año que finaliza hubo disminución de 43% de protestas en comparación con el mismo período del año pasado.
Los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), fueron exigidos en 151 protestas, lo cual representa 61% del total general. Vecinos de distintas comunidades
exigieron mejoras de los servicios básicos.
Se documentaron 98 protestas relacionadas con Derechos Civiles y Políticos (DCP), representando 39% de la cifra total. Familiares de privados de libertad protestaron mediante
concentraciones y en diferentes estados del país.
El mayor número de protestas se dio en el Distrito Capital (34). Seguido de Carabobo
(33), Anzoátegui (24), Lara (23), Portuguesa (14) y Sucre (13), respectivamente. El derecho a la vivienda fue el más exigido.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó la represión de 5 protestas en 5 estados del país durante noviembre 2024. "Si bien es una cifra baja en comparación con otros meses, insistimos que los mecanismos de represión ejercidos por el Estado han perfeccionado sus patrones y técnicas, con el objetivo de neutralizar a quienes expresan sus exigencias, pensamientos e inconformidades con las políticas implementadas en el país."
Precisa el informe que el derecho a la justicia y la participación política también destacaron como motivos recurrentes de protesta, especialmente por la negativa del gobierno a entregar las actas de las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
Agrega el informe que "más allá del patrón represivo caracterizado por la estigmatización,
criminalización, persecución y detenciones arbitrarias los venezolanos se valen del ingenio y creatividad para llevar a cabo sus acciones de protesta, ya sea en grupos menores, en lugares más apartados y seguros o incluso mediante concentraciones y vigilias llamativas con
amplia cobertura en redes sociales y otros medios de información."
La actuación de los cuerpos de seguridad también fue motivo de protestas en Lara, Falcón y Sucre donde denunciaron malos tratos, torturas, actos de corrupción y abuso de poder durante operativos policiales y control de manifestaciones pacíficas."
Más restricciones en el horizonte político
El informe del OVCS señala "las graves implicaciones de la reciente Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, la cual busca restringir aún más el espacio cívico y criminalizar a quienes trabajan por la defensa de los derechos fundamentales."
Agrega que la implementación de la referida Ley "pone en riesgo a organizaciones que durante años han documentado las violaciones de derechos humanos y han ofrecido apoyo a las víctimas. Sin embargo, tanto los defensores como la sociedad civil han respondido con firmeza, movilizándose para exigir el cese de estas acciones hostiles."
El informe finaliza señalando que "las movilizaciones por la eliminación de la violencia contra la mujer, las exigencias por justicia y derechos laborales, y las denuncias por las condiciones inhumanas en las cárceles reflejan un tejido social que, aunque asediado, permanece activo y comprometido con la lucha por un futuro más justo."
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