“Seguimos en la batalla por informar. Venezuela necesita información. Periodista, sé valiente pero cuídate”.
Jesús Romero, reportero del medio independiente Código Urbe, pronunció esta advertencia desde una cama de hospital, envuelto en una sábana azul, con cinta médica adherida a su pecho. La Guardia Nacional Bolivariana le disparó un perdigón en el estómago y una bala en la pierna, que terminó afectando una arteria, mientras cubría protestas en Maracay, en el estado de Aragua, al centro del país.
Romero es uno de los al menos 40 periodistas de las regiones fuera de la capital Caracas que han sido atacados, en medio de una ola de protestas y represión que se desató a lo largo del país luego que autoridades electorales dieran el triunfo de una disputada elección al presidente Nicolás Maduro. Esto, de acuerdo con cifras hasta el 31 de julio del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).
Los ataques, incluidas infundadas acusaciones de terrorismo e “incitación al odio”, han contribuido a un clima de temor entre periodistas de las regiones, los cuales en su mayoría trabajan de forma independiente o para medios pequeños, como Romero. Ese ambiente de temor está provocando autocensura y la creación de vacíos informativos en medio de la crisis política y social postelectoral, de acuerdo con representantes de gremios de periodistas en el país.
“Estamos percibiendo a través de la data que los periodistas venezolanos de las regiones de Venezuela y de los pueblos están más expuestos a las agresiones y amenazas que en los centros urbanos y capitales de estado”, dijo a Marianela Balbi, directora del IPYS Venezuela, a LatAm Journalism Review (LJR).
En estos lugares, alejados de la capital venezolana, los periodistas son blancos más fáciles para ser vigilados, ya que las relaciones entre los ciudadanos son más directas y cercanas, explicó Balbi.
“Los periodistas están más desprotegidos porque los clásicos agresores –en muchos casos funcionarios policiales, autoridades locales e incluso miembros de bandas de crimen organizado– saben dónde viven, quiénes son los familiares y cómo son los hábitos de los periodistas, y eso los hace más vulnerables que en las zonas urbanas donde son más anónimos”, agregó la directora del IPYS.
Por si fuera poco, desde que el chavismo llegó al poder, más de 440 medios independientes han cerrado en las regiones de Venezuela, lo cual ha dejado a cientos de periodistas en desprotección, explicó Carlos Correa, director de la organización para la libertad de expresión Espacio Público.
“Más de la mitad del país no tiene medios independientes, no hay periódicos, estaciones de radio y TV. Menos periodistas, menos tejido social de solidaridad con los periodistas”, dijo Correa a LJR. “Muchos trabajan en medios oficiales y hay menos red de protección. Hemos tratado de fortalecer la protección, que es muy importante para la vida comunitaria”.
Detenciones y más detenciones
Desde Caracas, Maduro anunció el 3 de agosto que el gobierno había detenido a 2.000 opositores durante las protestas y que las detenciones continuarían. Por el contrario, el Foro Penal hablaba de 988 detenciones ocurridas entre el 29 de julio y el 4 de agosto.
Entre esas cifras hay periodistas, quienes están detenidos por cargos que van desde terrorismo a “incitación al odio".
Trece periodistas de todas las regiones del país han sido detenidos desde el 28 de julio, según reportó el medio Runrunes el 5 de agosto.
Uno de ellos es Paúl León, camarógrafo del canal de televisión por internet VPItv en Valera, estado Trujillo, al occidente de Venezuela. León fue sorprendido por un grupo de policías en motocicletas mientras preparaba su cámara para grabar una manifestación en su ciudad, el 30 de julio.
De acuerdo con un video que circuló por redes sociales, dos policías le quitan sus equipos de trabajo, lo suben a una moto y se lo llevan detenido. Él no ofreció resistencia. Según indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), León permanece en la sede de la policía estatal.
Periodistas de Trujillo, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, dijeron a LJR que están siendo tratados como delincuentes por parte de las autoridades del estado. Por esta razón, han decidido mantenerse en resguardo y dejar de cubrir las manifestaciones.
Sobre todo después de que el Gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, amenazara en un programa de radio, el 2 de agosto, a los medios de la región con la “operación Tun Tun”, término que se usa para describir el allanamiento de residencias y detención a opositores por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Este tipo de amedrentamiento se repite, prácticamente en toda Venezuela. Ante este panorama, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela exigió la liberación inmediata de todos los periodistas detenidos.
“Condenamos enérgicamente el uso continuo de leyes ambiguas para acosar, detener y arrestar a periodistas por cumplir con su labor”.
Con información César López Linares y Katherine Pennacchio en latamjournalismreview.org
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