El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de X (Twitter) que "ha comenzado el golpe de Estado" tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de "abrir una investigación y formular cargos a la campaña" del mandatario en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación.
El presidente del CNE, César Lorduy, anunció la resolución al considerar que Petro, cuando era candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol), y otros miembros de su equipo deben responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas.
De acuerdo a lo citado por el portal web dw, en un mensaje posterior escrito también en su cuenta de X, Petro pidió al cuerpo diplomático "una reunión en pleno para explicar al mundo por qué lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley". También llamó a "todas las organizaciones populares del país” a entrar en el estado de "asamblea permanente”, pues "la hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”.
No puede perder el cargo, pero...
Según el Consejo Nacional Electoral, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), del partido Polo Democrático Alternativo y de la Unión Sindical Obrera (USO), ni de gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.
Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también "el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares de hoy)". Este dinero supuestamente salió de donaciones nuevamente del partido Colombia Humana y de la USO y se presume que fue gastado en pagos de la fiesta de celebración de su elección presidencial, a testigos electorales y en transporte aéreo, entre otros.
El mandatario izquierdista se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el CNE puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) para que el presidente sea sometido a un juicio político.
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