La suspensión de licencias petroleras en Venezuela por parte de Estados Unidos permitirá al gobierno de Nicolás Maduro controlar 100 % de esas operaciones y recibir en el corto plazo ingresos antes destinados al pago de deudas a firmas extranjeras, pero se le dificultará mantener el nivel actual de la producción, de acuerdo con expertos y fuentes del mercado.
Fuentes del mercado petrolero afirmaron que PDVSA pasará ahora a controlar 100 % de las operaciones en las empresas mixtas donde comparte acciones con Chevron, que produce un promedio de poco más de 200.000 barriles de crudo al día, inmediatamente después de que se concrete la suspensión de la licencia.
“En principio, PDVSA va a vender 100 % del crudo en esas empresas mixtas”, si bien tendría que venderlo con un descuento de entre 25 y 30 % de su precio regular dada la entrada en vigor de un contexto de sanciones a ese crudo, de acuerdo con una fuente con conocimiento del tema que habló con la Voz de América bajo condición de anonimato por temor a represalias. El precio del crudo ronda entre los 68 y 74 dólares.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció el 26 de febrero que decidió revertir las concesiones petroleras dadas en noviembre de 2022 por la administración anterior, del demócrata Joe Biden, que permitían a la firma norteamericana Chevron importar petróleo venezolano para pago de deudas. Ese cambio se concretó el martes 4 de marzo con la licencia general 41A, que demanda el cierre de operaciones de Chevron en 30 días.
Según Trump, el gobierno de Maduro incumplió los acuerdos electorales con sus opositores que esas concesiones pretendían incentivar y no tramitó con la suficiente rapidez los acordados vuelos de deportación de inmigrantes irregulares, a quienes calificó como “criminales violentos”.
Si bien Trump adelantó que la suspensión de esa licencia se concretaría el 1 de marzo, no hubo una notificación oficial del gobierno de Estados Unidos y se renovó automáticamente, como cada primer día de mes, pero todo cambió el martes.
En respuesta, el gobernante venezolano Nicolás Maduro insistió en proponer “un diálogo respetuoso de igual a igual” entre Caracas y Washington.
Tras conocerse la licencia 41A, la vicepresidenta del gobierno de Maduro y ministra de hidrocarburos, Delcy Rodríguez, dijo que Venezuela activaba un “plan de independencia productiva absoluta” para hacer frente a las sanciones de EEUU.
“El nuevo gobierno de los EEUU ha sucumbido a la presión de sectores opositores fracasados y derrotados de Venezuela”, valoró la tarde del martes, considerando que la medida causará el aumento de precios de los combustibles en Estados Unidos.
Problemas de deudas y contratistas
Según las fuentes consultadas, la nueva licencia 41A causará dificultades a PDVSA para retener a contratistas de calidad y experiencia que operan las empresas mixtas cuyas acciones compartía con Chevron -esa producción se exportaba a EEUU para cobrar viejas deudas con la firma estadounidense-.
“Chevron pagaba a través de una filial internacional a los contratistas para operar y, con la toma de esas operaciones, no van a querer trabajar”, aseguró una de las fuentes, que dijo esperar que la producción “irá cayendo progresivamente” en Venezuela.
La suspensión de programas de perforación y mantenimiento de pozos sería otra de las consecuencias inmediatas lógicas de la suspensión de las concesiones de EEUU, opinan.
Un informe de la firma ALBUS DATA coincide con esta previsión de las fuentes consultadas por Voz de América. “Si bien PDVSA podría asumir la producción de Chevron a corto plazo, se espera un deterioro progresivo en los niveles de producción a partir de 2026”, indicó su informe publicado tras conocerse la decisión, en febrero.
Otros expertos esperan que las demás transnacionales que operan en Venezuela gracias a licencias de Estados Unidos desde la era Biden, como la española Repsol, la italiana Emi y la francesa Maurel & Prom, tengan el mismo destino y efecto que el caso de Chevron. Las condiciones de operación de esas compañías eran casi exactas a la licencia general 41, explican.
Orlando Ochoa, economista y experto en el mercado petrolero venezolano, advirtió a la VOA que se hará aún más necesario “un saneamiento financiero” tanto en PDVSA como en la administración pública del país, indistintamente del destino de las concesiones del sector hidrocarburos.
A su juicio, PDVSA tendrá problemas inmediatos para hallar contratistas que le permitan operar los campos, debido a su “incumplimiento crónico” en sus pagos a terceros.
“Con o sin sanciones, PDVSA y la República requieren saneamiento financiero. Por las deudas acumuladas, por reestructuras e incumplimientos crónicos, PDVSA no puede conseguir contratistas que le cumplan”, comentó poco antes de conocer la licencia 41A.
Ochoa insistió en que existe “un problema de fondo” en la industria petrolera venezolana que va más allá de las restricciones desde Estados Unidos. “Tiene que ver con la gestión financiera previa del chavismo y del gobierno actual. Por eso, no han podido conseguir nuevos accionistas para operar”.
Hace dos años, el gobierno arrestó a decenas de funcionarios, entre ellos al exvicepresidente y exzar petrolero Tareck El Aissami, debido a una trama de corrupción que desfalcó la industria por montos millonarios no especificados oficialmente.
¿Hasta dónde caería la producción?
La eliminación de las licencias petroleras podría recortar entre 200.000 y 300.000 barriles de crudo diarios a la producción en Venezuela, según estimaciones del economista e investigador del mercado nacional Rafael Quiroz Serrano.
La corrección de la licencia general 41 afectará la producción promedio de 208.000 barriles al día en las empresas mixtas donde opera Chevron, especificó.
Si la reversión de concesiones en Estados Unidos afecta también a las transnacionales europeas, se recortarían los 100.000 barriles diarios adicionales que aportan Repsol, Emi y Manuel & Prom, detalló en conversación con la VOA.
Venezuela reportó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo que produjo 1,03 millones de barriles de crudo al día, pero fuentes secundarias del mercado cifraron esa estadística en 892.000 barriles por jornada.
La suspensión de la concesión a Chevron llevaría progresivamente la producción venezolana a un piso teórico de 670.000 barriles, estimó Quiroz Serrano. En el caso de las firmas europeas, podría reducirse a 565.000 barriles por día, indicó.
En el peor escenario, la producción petrolera venezolana no se desplomaría a su piso más bajo de este siglo, entre julio y agosto de 2020, cuando cayó por debajo de los 400.000 barriles de crudo al día durante las contracciones por la pandemia del COVID-19.
Cero regalías
Quiroz Serrano acotó que la suspensión de concesiones petroleras desde Estados Unidos “no perjudica en nada al Estado venezolano”, que no recibe ingresos por regalías ni por impuestos de parte de Chevron y las transnacionales europeas, remarca.
“La factura petrolera por la producción va a amortiguar la deuda que PDVSA tiene con Chevron. No podemos hablar de que el Estado venezolano va a estar afectado en sus ingresos. Es una mentira decirlo”, afirmó.
“Compañías como Chevron no pagan en Venezuela ni el Impuesto Sobre La Renta ni dividendos. Ésas fueron las condiciones que se establecieron en la licencia 41 y en el oficio de la Tesorería Federal de Estados Unidos”, advirtió.
Quiroz Serrano precisó que firmas extranjeras como Chevron sólo “dejan” en Venezuela los montos necesarios para pagar nóminas y cubrir sus operaciones en producción y mantenimiento de campos petroleros, como piezas y aditivos, entre otros.
Un Triunfo de la línea dura del Congreso estadounidense
Por su parte, el economista Luis Vicente León presidente de Datanalisis considera que "la decisión de OFAC hoy representa un triunfo de la línea dura en el Congreso norteamericano." Tal afirmación es parte de su análisis publicado en su cuenta en X, donde agrega:
"Los impactos económicos de esta decisión son evidentes: caída en los flujos de caja de la nación, reducción de la confianza de los inversionistas y consumidores, deterioro de las proyecciones de las principales variables macroeconómicas del país y un aumento relevante de la presión migratoria, que volverá a hacer pico en breve."
Advierte que "lo que no se está esperando es que esta medida produzca un cambio político, lo que volverá a generar frustración y desconexión de la población con la promesa de la oposición institucional, algo que ya ocurrió anteriormente."
Con información de la Voz de América
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