El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela dio a conocer su informe correspondiente al 2024 que lleva por título "La prensa cautiva: Terror, silencio, prisión y exilio". Adjetivos que definen la situación informativa en Venezuela, especialmente después de las elecciones del pasado 28 de julio cuando "la criminalización del trabajo informativo y el uso del derecho penal para intimidar, perseguir y silenciar a la prensa independiente en Venezuela alcanzó niveles nunca antes vistos: 14 periodistas fueron apresados, mientras otros 22 se vieron obligados a huir del país para preservar su integridad física y su libertad."
Han pasado siete meses de esos comicios y el resultado continúa siendo motivo de polémicas. Este año, además, el oficialismo anuncia otras elecciones por lo que "el riesgo es que la represión se mantenga o se incremente y, en definitiva, el silencio se imponga". Es la advertencia de Ipys.
Ipys señala en su informe de 39 páginas que "el Ministerio Público, los abogados públicos y el Poder Judicial, todos cooptados por el oficialismo, destacaron como actores clave de la represión contra la prensa durante 2024; sobre todo en el contexto de la conflictividad social que causó el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio."
Agrega que "el procesamiento penal de periodistas en materia de terrorismo es una franca violación de las garantías del debido proceso y constituye un recrudecimiento del hostigamiento judicial como patrón."
En su informe, Ipys señala varias leyes que cierran el espacio informativo. Ellas son: Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro. A eso se agrega que "la censura generalizada y la criminalización de las expresiones y opiniones no alineadas con el oficialismo también está en la esencia de un tercer instrumento normativo en ciernes: el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares."
Silencio en la radio y en medios digitales
En la introducción de su Informe 2024, Ipys recuerda que "en los primeros seis meses de 2024 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) clausuró 15 estaciones de radio. Al final del año el número de emisoras radiales sacadas del aire ascendió a 20, lo cual representa un aumento de 33,33%, en comparación con 2023, cuando fueron apagados 15 diales."
Agresiones de palabras y obras
Entre enero y diciembre de 2024, IPYS Venezuela documentó 383 casos que representaron 571 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios de comunicación, activistas por los derechos humanos e integrantes de la sociedad civil. Los hechos más graves fueron las detenciones arbitrarias de 14 trabajadores de la prensa, los 27 desplazamientos forzados internos e internacionales y dos desapariciones forzadas.
Estos registros muestran un aumento respectivo de 64,38% y 63,61% en comparación con los 233 casos y 349 violaciones documentados durante 2023, un año preelectoral que estuvo marcado por los mensajes estigmatizantes de altos funcionarios del gobierno, hechos de intimidación ejecutados por funcionarios de seguridad, así como de ciudadanos, y la falta de cobertura de la elección primaria del candidato de la oposición para los comicios de 2024.
La entidad donde se registraron más agravios contra periodistas fue el Área Metropolitana Caracas, con 34 casos, de los cuales cinco corresponden a detenciones arbitrarias y tres a desplazamientos forzados. Le sigue el estado Bolívar, con 19 incidentes, donde resalta el cierre de dos emisoras de radio en el municipio Piar. También destaca Trujillo, con 16 casos, de los cuales cinco corresponden a la criminalización del trabajo de la prensa por parte de
dirigentes regionales del oficialismo.
Precisa el informe que durante 2024, las violaciones a las libertades informativas afectaron a 262 trabajadores de la prensa. De ese total, el rol informativo más afectado fueron 169 reporteros, seguidos por directivos de medios (16), camarógrafos (15), locutores (15), reporteros gráficos (15), corresponsales extranjeros (11) —deportados y/o retenidos temporalmente—, editores (4), coordinadores (4), articulistas (3), conductores de televisión (3), periodistas y dirigentes políticos (3), asistentes de producción (2), escritores (1) y representantes del gremio (1).
Estas vulneraciones afectaron además a cuatro activistas por los derechos humanos y nueve familiares. En total, las víctimas fueron 157 hombres y 118 mujeres.
Periodistas presos
El informe de Ipys Venezuela contabiliza 14 periodistas encarcelados a lo largo de 2024. En la mayoría de los casos se les imputa Terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir.
El Comité de Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), advirtió que
Venezuela encabeza un ranking en América Latina y el Caribe, por encima de
Nicaragua y Guatemala, donde también se registraron encarcelamientos de
periodistas durante 2024.
Julio de 2024, un mes crítico
El informe precisa que los ataques a la prensa con el propósito de obstaculizar la cobertura electoral aumentaron en la medida en que se acercaba el 28 de julio, día de los comicios presidenciales. Cita como ejemplo, 35 bloqueos a espacios informativos digitales –86,15% del total registrado en 2024– ocurrieron a partir del 4 de julio, día de inicio de la campaña
electoral.
La censura digital en 2024 tuvo un impacto significativo en el ecosistema informativo del país, con el bloqueo de al menos 39 medios independientes a lo largo del año. Esta cifra evidencia un recrudecimiento de las restricciones al acceso a la información y revela un patrón sistemático de silenciamiento de voces críticas. La magnitud de estos bloqueos no solo refleja una tendencia ascendente en la persecución digital, sino que también confirma
el uso de la infraestructura de telecomunicaciones como una herramienta de control político.
El acoso a la prensa extranjera fue otro elemento distintivo y directamente relacionado con las elecciones presidenciales en Venezuela. Por una parte, aumentaron las dificultades para la acreditación de corresponsales extranjeros y enviados especiales: el Ministerio de Información y Comunicación (MINCI) estableció un lapso de apenas nueve días del mes de abril para formalizar las solicitudes y aumentaron las restricciones para el ingreso de equipos
técnicos y de seguridad que requerían los representantes de la prensa extranjera para la cobertura periodística de los comicios. Por otra parte, desde el 9 de julio, Nicolás Maduro y otros altos funcionarios gubernamentales arremetieron verbalmente contra las agencias internacionales de noticias y especialmente contra CNN en Español, a las cuales acusaron de participar en una campaña para hacerse eco de un eventual fraude.
Los ataques más graves se ejecutaron mediante las deportaciones de enviados especiales que arribaron a Venezuela en las vísperas del 28 de julio: 11 fueron expulsados, seis a su llegada al país y cinco después de haber ingresado y realizado labores periodísticas.
Solo el día 28 de julio de 2024, IPYS Venezuela registró 41 violaciones a las libertades informativas: 27 restricciones de acceso a la información, 12 agresiones físicas o verbales, una detención arbitraria y una deportación.
Recomendaciones
El informe Ipys 2024 finaliza con una serie de recomendaciones. 10 al Estado Venezolano, 2 al gremio periodístico y 3 a la Comunidad Internacional.
Al Estado -entre otras- "pide garantizar el acceso a la información de interés público, lo cual
incluye medidas de seguridad suficientes para el cumplimiento de la labor informativa en los cuales deben estar las personas periodistas. Cesar las restricciones digitales que impiden la labor informativa en Venezuela."
Al gremio: "Promover espacios de encuentro para debatir sobre riesgos y estrategias relacionadas con el ejercicio del periodismo en contextos autoritarios, como el que existe en Venezuela.
"Identificar las necesidades de asistencia psicoemocional de los y las periodistas venezolanos para afrontar las hostilidades crecientes contra la prensa independiente en el país."
A la comunidad internacional: "Sumarse al debate público sobre las restricciones a las
libertades informativas en Venezuela. Condenar enérgicamente los ataques contra medios y periodistas en Venezuela. Instar al Estado venezolano a cumplir sus obligaciones de
protección a la prensa."
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