No cabe duda de que el ambiente político actual exhibe una fluidez que autoriza a presentir que no transcurrirá mucho tiempo hasta que se produzca algún hecho o decisión que termine por desencadenar el inicio de una nueva etapa en la vida política de nuestro país.
Hay quienes apuntan a la consolidación de Maduro & Cía. y hay otros -como el suscrito- que visualizan una solución que termine por excluir por lo menos a las figuras más tóxicas de la dictadura reinante para dar paso al regreso del marco constitucional y el reencuentro entre todos los venezolanos.
Es de esperar que este último escenario ocurra a la vuelta de unas pocas semanas y que ello sea resultado de una transición pacífica que permita el inicio de la etapa de reconstrucción. Esta vertiente no es descubrir el agua tibia porque ha sido transitada ya por otros países que consiguieron deshacerse de sus dictaduras a través de esquemas bastante creativos que incluyeron concesiones mutuas pocas veces comprendidas en su momento. Es el caso de Paraguay en 1989 cuando el ministro de la Defensa -y consuegro del entonces dictador Stroessner- lo depuso. Chile en 1989/90 con la asunción de Patricio Aylwin permitiendo la permanencia de Pinochet en el Senado. Brasil en 1985, con la elección indirecta de Tancredo Neves (que falleció antes de posesionarse) luego de 21 años de dictadura militar, etcétera.
Existen también otras formas de presión que son percibidas como muy lentas y menos comprendidas como lo son las medidas de comparecencia o arresto que dicta la Corte Penal Internacional, las cuales impiden a los imputados viajar a territorio de los países miembros del Tratado de Roma (que crea la Corte). Tal el caso de Vladimir Putin requerido por la Corte Penal Internacional en 2023 que impidió que pudiera viajar a Suráfrica a la reunión Cumbre de los BRICS, o el caso del sudanés Omar Al Bashir (luego depuesto) que tiene dos órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal (2009 y 2010) que en su momento restringieron sus movimientos internacionales, entre otros a Venezuela con motivo de la XII Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados celebrada en Margarita en septiembre de 2016.
Lamentablemente, hay que reconocer que existe un doble rasero en el caso de países que no son parte del Tratado de Roma y que, siendo parte, ignoran la obligación de arrestar a los imputados, tal como está ocurriendo en estos mismos días en Mongolia con la visita oficial de Vladimir Putin y la negativa del país anfitrión a arrestarlo, como es su obligación según el tratado internacional del que es parte.
Tampoco hay que dejar de lado las sanciones personales que aplica el gobierno de Estados Unidos y también la Unión Europea contra altos funcionarios y sus familias. Hay que explicar que las mismas son contra personas y por tanto distintas a las sanciones aplicables a los Estados. No es este el lugar ni momento para examinar el derecho o no de Estados Unidos o la Unión Europea a imponer sanciones, pero lo cierto es que la existencia de las mismas condiciona severamente la libertad de movimiento de esos personajes produciendo un efecto de presión que puede influir en su conducta. No deja de ser cierto también que hay quienes desafían ese esquema como fue el muy publicitado paso por el aeropuerto de Madrid de Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, portando exagerado número de maletas de dudoso contenido, las cuales no pasaron por la Aduana madrileña.
Otro es el tema de las sanciones que se imponen a personas o empresas para realizar operaciones con ciertos países. Tal el caso de las empresas norteamericanas o extranjeras sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) con la notable excepción de Chevron, a la que una y otra vez se ha excluido de ese régimen atendiendo exclusivamente a lo que ellos llaman “interés nacional de Estados Unidos”.
Sea como fuere -sin emitir opinión sobre la licitud o no de esas sanciones- no se puede negar que ejercen un efecto negativo muy serio que obliga en muchos casos a inventar complejos sistemas de intermediación para evadirlas con la consecuente dificultad y daño económico para el país sancionado.
En noviembre de este año 2024 habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos cuyo resultado se presenta difícil de presagiar. De dicho resultado pudieran surgir más sanciones o la flexibilización de las existentes, pero siempre entendiendo que –guste o no– el criterio para una u otra alternativa dependerá exclusivamente del interés de Washington, no de Maduro y su cuerda de cómplices.
Tampoco son de desdeñar las gestiones y declaraciones de líderes más o menos afines a Maduro. En estos días hemos venido siendo testigos de la anunciada gestión de Petro, Lula y AMLO para “facilitar” una salida al entuerto electoral. Las mismas se desenvuelven en la incertidumbre causada por el hecho de que Petro la tiene difícil en su país y, por tanto, no tiene demasiado margen; Lula ya está harto de las idas y venidas de Maduro, mientras López Obrador, como es su costumbre, sigue “culipandeando” para no definirse. Ello hace que dicha gestión, nominalmente generosa y altruista, haya venido enfrentando inconvenientes dando lugar a que las personas y circunstancias que pueden dar forma a la transición civilizada y pacífica enfrenten obstáculos al posible éxito de dichas diligencias y a la muy deseable apertura de una nueva etapa en la vida de Venezuela.
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