El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo una serie de decisiones que reconfiguran el panorama migratorio de Estados Unidos. Una de las medidas más controversiales ha sido la firma de la orden ejecutiva denominada Protección del Pueblo Americano en Contra de la Invasión, que promete endurecer las políticas migratorias bajo la premisa de proteger la seguridad nacional. Sin embargo, más allá de lo que se presenta como una solución a la inmigración ilegal, lo que está en juego es una estrategia para convertir en crimen acciones que hasta ahora no lo eran.
La afirmación es del abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC. quien precisa que mediante una orden ejecutiva, el presidente Trump ha instruido a varios departamentos federales, como el de Seguridad Nacional, para que refuercen la aplicación de las leyes migratorias. Agrega Quiroga que el punto que ha generado mayor alarma es el que establece que la falta de registro en el sistema de inmigración (USCIS) o el no actualizar una dirección de residencia en un plazo no mayor a 10 días por parte de los inmigrantes (como lo indica el Título 8, en su sección 7, subcapítulo 2), se considerará un crimen y será tratado como una prioridad de cumplimiento civil y penal.
"Lo que está ocurriendo aquí es la creación de un delito administrativo. Hasta ahora, el incumplimiento de estos requisitos no era criminal, pero con esta nueva orden, Trump está asegurando que aquellos inmigrantes que no cumplan con la actualización de su dirección o el registro en el sistema de inmigración sean deportados como criminales”, aseguró el abogado Quiroga.
Una criminalización inédita
Con esta jugada, Trump pretende facilitar el proceso de deportación, buscando que un número mayor de inmigrantes, aquellos sin un registro adecuado o que hayan olvidado notificar cambios en su lugar de residencia, enfrenten cargos penales. El abogado Quiroga señaló que "esta medida abriría las puertas para que miles de inmigrantes sean vistos como 'delincuentes', sin que necesariamente hayan cometido delito alguno."
"La administración busca aprovechar cualquier vacío administrativo para justificar deportaciones y esta estrategia es clave en ese proceso. Un inmigrante que no cumpla con una simple formalidad puede ser arrestado, procesado y deportado", agregó.
El impacto en las comunidades inmigrantes
Afirma el abogado Quiroga que "esta maniobra podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades inmigrantes, que ya se enfrentan a un clima de inseguridad y temor. Las familias indocumentadas, muchas de ellas establecidas en los Estados Unidos por años, se verían expuestas a la posibilidad de ser separadas y deportadas debido a una infracción administrativa menor."
En palabras del abogado Quiroga, "la administración está utilizando tácticas de presión, creando un ambiente donde el temor a la deportación se multiplica, afectando no solo a aquellos en situación irregular, sino también a sus familias y comunidades".
Un precedente peligroso para el futuro
Para el abogado Quiroga, la criminalización de acciones administrativas podría sentar un precedente peligroso que afecte a generaciones de inmigrantes. "Aunque algunos podrían ver esto como una medida para disuadir la inmigración ilegal, es importante cuestionar si la criminalización de ciertas conductas podría vulnerar derechos fundamentales."
“Esta política se enfrenta a críticas sobre su legalidad. Estamos ante una situación donde se pretende castigar a personas por no cumplir con procedimientos administrativos que, hasta ahora, no eran considerados un crimen. Esto podría generar un gran número de demandas legales, cuestionando si estas medidas violan los derechos constitucionales”, insistió el abogado Héctor Quiroga.
Recomendaciones para los inmigrantes afectados
Considera el abogado Quiroga que frente a este panorama, es crucial que los inmigrantes tomen medidas inmediatas para evitar caer en esta nueva categoría de criminalización. Recomienda, en primer lugar, que quienes no hayan actualizado su dirección en el sistema de inmigración deben hacerlo de manera urgente.
Puntualizó que "es esencial que los inmigrantes revisen su estatus y se aseguren de que toda su información esté actualizada en USCIS. Esto incluye no solo la dirección actual, sino también cualquier cambio relacionado con su situación migratoria”.
Además, se recomienda a las personas afectadas buscar asesoría legal para comprender cómo cumplir con los nuevos requisitos. "Contar con un abogado especializado puede marcar la diferencia, ya que no solo ayuda a prevenir errores en el registro, sino que también permite a los inmigrantes conocer sus derechos y defenderse ante posibles abusos. La prevención y el conocimiento de las leyes serán la clave para enfrentar esta nueva realidad política y legal”, indicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
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