La denuncia la hace Amnistía Internacional en su más reciente informe, titulado Chile: "Nadie quiere vivir en clandestinidad”, que incluye los testimonios de 12 mujeres venezolanas y donde se afirma que "El Estado chileno no ha cumplido con su obligación de proteger a quienes han huido de Venezuela para resguardar sus vidas. Al contrario, para aquellas personas con necesidad de protección internacional que logran ingresar a Chile, acceder a la condición de refugiadas o regularizar su situación migratoria es una carrera de obstáculos." Enfatiza Amnistía Internacional que "Sin opciones para regularizar su estatus migratorio, las personas venezolanas en Chile están condenadas a una situación de absoluta desprotección." La Organización documentó que "las personas venezolanas enfrentan múltiples obstáculos y violaciones de sus derechos humanos a la hora de tratar de entrar a Chile y pedir allí la protección internacional a la que tienen derecho en virtud de las leyes chilenas y del derecho internacional." Entre las medidas que Amnistía Internacional identificó como obstáculos para que las personas venezolanas regularicen su situación, menciona la imposición de visados de entrada con requisitos difíciles de conseguir, normas que facilitan las reconducciones y expulsiones inmediatas en vulneración del debido proceso, rechazos en frontera y omisiones en la entrega de información sobre la condición de los refugiados; "además del requisito ilegal de autodenuncia, entre otras arbitrariedades." El documento contiene unas cifras que demostrarían la posición del Estado Chileno ante la migración de personas venezolanas: En 2021, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) "registró 3.867 solicitudes de asilo formalizadas. El 79% de estas solicitudes correspondía a personas venezolanas. Este año, del total de solicitudes recibidas, solamente 19 fueron aceptadas, mientras que 3.082 fueron rechazadas."
EEUU: Juez ordena suspender liberación expedita de migrantes
Un juez federal ordenó el pasado miércoles 8 de marzo al gobierno del presidente Joe Biden que ponga fin a la liberación expedita de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México, lo que podría generar mayor presión sobre las instalaciones de detención, que ya operan al límite.
La orden no entrará en vigor durante una semana con el fin de darle al gobierno tiempo para presentar una apelación. Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia no comentaron de momento sobre el fallo. Al declarar ilegal una importante herramienta del gobierno, el juez federal Kent Wetherell II ofreció una mordaz revisión de las políticas fronterizas de Biden en una opinión de 109 páginas, emitida después de que se llevara a cabo un juicio en Pensacola, Florida, en enero. El gobierno “prácticamente ha convertido la frontera suroeste en una insignificante línea en la arena y poco más que un tope vial para reducir la velocidad de ingreso de los extranjeros que inundan el país”, escribió.
Decisión sobre continuidad del parole humanitario mantiene en expectativa a migrantes
La decisión que adopte el Tribunal Federal de Texas sobre la permanencia del programa de visados humanitarios (Parole) mantiene en expectativa a los migrantes que aspiran a su ingreso legal a los Estados Unidos, pues la Casa Blanca deberá justificar la permanencia del programa, que beneficia a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Un trabajo publicado por La voz de América, el pasado martes 7 de marzo, señala que quienes desean solicitar el parole humanitario o están en medio del proceso, "ven con incertidumbre el futuro del programa gubernamental, amenazado por una demanda judicial que pide su fin". El 24 de enero pasado, un total de 20 estados presentaron una demanda contra la administración de Joe Biden en la que solicitan al Tribunal Federal de Texas detener el parole humanitario. Florida y Texas, en manos de gobernadores republicanos y con mayor población migrante, son los que encabezaron la acción judicial, con un plazo hasta este martes 7 de marzo para probar por qué el programa debe cesar.
Despliegan unidades médicas móviles en El Salvador para desincentivar la migración irregular
Los equipos médicos son auspiciados por el Gobierno mexicano y ofrecen servicios de oftalmología, odontología y mamografías. La estrategia es llevar estos servicios básicos a comunidades con alta movilidad para desestimular la migración de sus residentes.
Encerrados en un camión 343 migrantes fueron abandonados en el Estado de Veracruz
Con temperaturas cercanas a los 35 grados centígrados, en medio de la nada, sin poder salir, como ganado al matadero, 343 migrantes trataban de escapar de los infiernos en sus propios países y se encontraron de frente con el despiadado infierno de los "coyotes", los tratantes de personas que operan en la región a sus anchas.
Así comienza la reseña del portal es.aleteia.org sobre este caso que involucró a 103 menores de edad no acompañados, provenientes de Guatemala (en su mayor parte). Además de los menores, se encontraban en el camión de carga 212 personas adultas de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como algunos ecuatorianos. El camión de carga abandonado, sin conductor, fue localizado en la carretera que conecta a las localidades de Cosamaloapan y La Tinaja, en plena selva tropical de Veracruz. Los migrantes se encontraban en el compartimento de carga, "que contaba con un doble piso de estructuras metálicas, así como ventiladores anclados en la parte baja y ventilas en el techo". según el INM, las personas encontradas en el camión portaban brazaletes de colores como medio de identificación, lo que habla de bandas organizadas desde América Central hasta Estados Unidos.
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