16 February 2017
El presidente Maduro debió abrir, como mínimo, una investigación sobre las gravísimas acusaciones que pesan sobre Tareck El Aissami. El propio vicepresidente debería exigirlo para limpiar su nombre si fuera el caso. Lo correcto, es que Nicolás Maduro ordenara abrir una investigación de oficio a la Fiscalía General de La República para que esta entidad solicitara al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las pruebas que le llevaron a designar a El Aissami como narcotraficante, especialmente designado conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico acorde a la Ley Kingpin de ese país. Por su parte, el Vicepresidente Tareck El Aissami debió pedir retirarse del cargo mientras durara la investigación para dedicarse probar y dejar en claro su inocencia, si así se considera. También, debió dar una rueda de prensa y explicar abiertamente su punto de vista y defenderse ante semejante acusación. Recordemos que quién no la debe no la teme...
El narcotráfico en Cuba
Existe un caso que es bueno recordar. Cuando era el presidente de la Comisión Antidrogas del Congreso venezolano, y en el Parlamento Andino, fui invitado por el gobierno cubano, a pesar de mi posición siempre crítica a la dictadura castrista, para ir a observar y analizar el juicio al general Arnaldo Ochoa, al general Antonio La Guardia y de otros oficiales, acusados de tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, y de asociación con el entonces denominado Cartel de Medellín, que dirigía el capo de la droga Pablo Escobar Gaviria.
La acusación también provenía de los Estados Unidos. Según informaciones que tuve, para esa época, el general y hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, advirtió a Fidel que el Departamento de Estado estadounidense denunciaría a Cuba como Estado narcotraficante y forajido, y pediría sanciones que colocarían en peligro la estabilidad del gobierno cubano. Entonces, ¿qué hizo el dictador cubano? Se adelantó, y él mismo ordenó la captura y enjuiciamiento de –ni más ni menos- los generales más encumbrados de su gobierno, el general Antonio La Guardia era el poderosísimo ministro de relaciones interiores, y el general Ochoa, el tercero al mando militar después de Fidel y de Raúl Castro. Además, Ochoa ostentaba el título de “Héroe de la República de Cuba” junto con Fidel y Raúl.
¿Eran los hermanos Castro inocentes?
Pudieron estar en conocimiento o implicados, pero actuaron como si no lo estuvieran. Abrieron una investigación, Se le ordenó un juicio a la Fiscalía Militar, dado que eran militares, y se lo abrieron, donde fueron declarados culpables, y condenaron a muerte o a largas penas de prisión a los involucrados.
Lo cierto es que este juicio y la forma como actuaron los dictadores Castro, dejaron a los Estados Unidos sin caso a los efectos del derecho internacional, y de acusar a Cuba como Estado forajido y narcotraficante.
Esto es lo que parece no comprender la sala situacional que asesora al alto gobierno. Se debió abrir, como mínimo, una investigación sobre las gravísimas acusaciones que pesan sobre El Aissami. Se le acusa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de proporcionar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades de narcotráfico internacional, y por actuar en su nombre o representación, de facilitar, coordinar y proteger a otros narcotraficantes que actuaban en Venezuela, de recibir dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled García, y de estar vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco.
De Tareck El Aissami ser inocente, no le será difícil demostrarlo ante el Ministerio Público, pero, el propio presidente Nicolás Maduro no lo puede exonerar sin que medie alguna investigación.
El presidente de Venezuela no puede actuar como si fuera el principal juez del país, porque este hecho, más que exonerar a El Aissami, siembra dudas porque no se aclaran las acusaciones. Igualmente, este proceder lo que demuestra es que no hay justicia en Venezuela.
Maduro no puede determinar quién es inocente o no, esto es un disparate jurídico. Ni siquiera la tiranía cubana se atrevió a tanto. Ante tales acusaciones, la fiscalía venezolana o cualquier tribunal tendría que abrir una investigación por noticia crimines, pero ¿Quién se atreve?...
Precisamente, lo que tendría que hacer el gobierno para despejar toda duda es abrir la investigación abierta a la opinión pública o sumarse a la investigación aprobada por la Asamblea Nacional, y probar que es una conspiración, o demostrar que Tareck El Aissami es inocente.
En cualquier país democrático, cuando una autoridad de nivel alto es acusada de alguna irregularidad o delito ocurre igual, esta autoridad dimite o es separado de su cargo para que una investigación aclare su nombre.
Nicolás Maduro debe hacerlo para también limpiar la imagen de su administración, porque este no es el primer caso que ocurre durante el gobierno bolivariano desde Hugo Chávez, donde nunca se investigaron acusaciones similares, y que ha traído como consecuencia que a nivel internacional y nacional, se ha estado creando una imagen de que el gobierno ampara narcotraficantes y que es capaz de actuar como un Estado, dispuesto a todo para apoyarlos y protegerlos.
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