El gobierno de Trump aceptó iniciar conversaciones con uno de los jefes del conglomerado de organizaciones criminales en Venezuela con el objetivo de aumentar la presión para la salida de Maduro del poder, informó The Associated Press el pasado domingo.
Por otro lado, la estrategia del diálogo, liderada por el gobierno de Noruega, para salir de la crisis de gobernabilidad de manera pacífica y democrática está en un punto muerto.
Nicolás Maduro decidió no asistir a Barbados la semana pasada con el pretexto de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el pasado lunes 5 de agosto, que bloqueó los activos del Estado venezolano en Estados Unidos y sancionó el intercambio comercial y financiero entre las personas naturales y jurídicas y el régimen de Maduro.
La negociación entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro está enmarcada por la incertidumbre. Cada encuentro es precedido por afirmaciones que indican el fin del diálogo. La semana pasada Maduro propuso un diálogo continuo, “capaz de pasar meses y años con tal de pasar cualquier coyuntura” para solucionar los conflictos del país. En su rol de “policía bueno” repite la estrategia de los diálogos ocurridos en 2014 y 2016-2017. Esperar-ver, acompañado del Estado-criminal.
Las vacaciones de verano en el hemisferio norte relegaron por dos semanas los encuentros en Barbados que buscan establecer la hoja de ruta de la salida “pacífica, política y democrática” en Venezuela.
Sin embargo, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro empezaron a preparar la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela para el evento electoral, la votación parlamentaria que de acuerdo con la Constitución ocurriría en diciembre de 2020.
Han transcurrido 70 días desde que iniciaron las reuniones entre las delegaciones de Nicolás Maduro y Juan Guaidó en Oslo, Noruega, y 6 meses de la juramentación de Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El pasado viernes 19 de julio, Maduro anunció, en el cierre del encuentro con la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el Teatro Municipal de Caracas: “¡Vamos a elecciones y les vamos [gobierno interino] a dar una soberana paliza con votos!”. Y concluyó: “Estamos listos para la batalla electoral, donde quieran y cuando quieran”.
El Ministerio de Exteriores de Noruega dijo la semana pasada, al concluir la tercera ronda de negociaciones, que la iniciativa de Oslo -con una supuesta agenda de seis puntos, según Nicolás Maduro- seguiría después que las partes realizaran consultas en Caracas para "avanzar en la negociación". Además, informó que se instaló una mesa que trabajará de manera continua y expedita con el propósito de “llegar a una solución acordada y en el marco de la Constitución”, para poner fin a la crisis que enfrenta el país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó este domingo que “los representantes de los principales actores políticos de Venezuela han decidido continuar el proceso de negociación facilitado por Noruega”. Agregó que “las partes se reunirán esta semana en [la isla de] Barbados para avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. Las negociaciones se llevarán a cabo de manera continua y expedita”.
El pasado jueves 20 de junio, en el Atlantic Council se discutió la “Influencia de Rusia en Venezuela: ¿qué deben hacer los Estados Unidos?”. Los panelistas concluyeron que el interés de Putin en Venezuela es político. Además, afirmaron que si el Congreso de los Estados Unidos, el Ejecutivo y la administración de Trump no tienen una política común de seguridad y defensa en Venezuela, Rusia tomará la iniciativa, a pesar de que Venezuela no está en la misma categoría de Ucrania (lazos históricos) y Siria (activos militares).
Entre los diversos escenarios para la salida de la crisis política en Venezuela toman fuerza el cívico-electoral o solución democrática y el de una intervención militar o solución armada –tesis discutidas por muchos años en el seno de los movimientos de izquierda en la década de los sesenta del siglo pasado: elecciones o lucha armada para la toma del poder–.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró el pasado viernes que de momento no está planteada una nueva reunión con el régimen de Nicolás Maduro en Noruega y que cualquier tentativa de diálogo debe apuntar al “cese de la usurpación” para instaurar un gobierno transitorio que convoque a elecciones. Agregó: "Si eso no es así, ¿a qué vamos?: (...), hoy no está planteado porque si no se aproximan a eso no sirve (una nueva cita en Noruega)”. Guaidó insiste en la salida de “todas las opciones están sobre la mesa”.
El relato de que “todas la opciones están en la mesa” para resolver a la crisis política de Venezuela va cambiando al de la “salida democrática”. Todas las alternativas planteadas en las últimas semanas convergen hacia una negociación entre el usurpador, Nicolás Maduro, y el presidente interino, Juan Guaidó.
Después de la última reunión entre las partes en Noruega, se han dado a nivel internacional una serie de encuentros entre los países que apoyan a Maduro y Guaidó que apuntan en ese sentido.
El pasado jueves 23 de mayo, en el Center for Strategic and International Studies, Douglas Farah, presidente de IBI Consultores e investigador visitante de la Universidad de Defensa Nacional en Estados Unidos, presentó el estudio "La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (ECCB)". Dicho estudio fue producto de una investigación de 5 años en 11 países.
El sábado pasado, en la concentración en Guarenas, estado Miranda, Juan Guaidó –reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países– afirmó: “No nos van a joder, ya basta de que nos vean la cara de tontos”. Lo dijo en el momento en que hizo referencia al proceso de diálogo que se dio el martes y miércoles de la semana pasada en Noruega.
La semana pasada una encuesta nacional sobre Venezuela fue presentada en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés) de Washington.
Los eventos del pasado 30 de abril en Venezuela permiten afirmar que la salida a la crisis de gobernabilidad se escapó de las manos de los factores internos en conflicto. Tanto la Operación Libertad de Juan Guaidó como el llamado a “la movilización popular” de Nicolás Maduro no lograron imponer la agenda política ese día, ni en los días subsiguientes. Aunque Guaidó sigue tratando de quebrar el círculo que sostiene a Maduro.
El reciente estudio “Las sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela”, de los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot del Centro para la Investigación Económica y Política, con sede en Washington DC, determina que 40.000 personas pudieron haber muerto en Venezuela como resultado de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde agosto de 2017, dificultando el acceso a los alimentos, medicamentos y equipos médicos a los ciudadanos comunes.
El tiempo para la compra e importación en Estados Unidos de petróleo y productos derivados del petróleo de la estatal Pdvsa termina este domingo 28 de abril, así como también las empresas Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International no podrán tener operaciones en Venezuela con Pdvsa. Es la segunda fase de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Pdvsa el pasado 28 de enero.
Empieza a surgir en algunos círculos de economistas y encuestólogos del campo contrario al madurismo la afirmación de que Nicolás Maduro seguirá usurpando la Presidencia de Venezuela. El valor que asignan a su salida varía entre 20% y 30%, lo que significa en términos cualitativos una posibilidad baja.
Han transcurrido 65 días desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió la presidencia interina de Venezuela y Nicolás Maduro la usurpa.
Durante este lapso, Maduro continúa con el poder del aparato estatal mientras que Guaidó mantiene la resistencia no violenta. Lo que ha causado constantes choques entre la sociedad civil y los grupos paramilitares llamados colectivos. Además, la cúpula de Maduro intenta desactivar a Guaidó retirándole su inmunidad parlamentaria y sacando de su administración a varios de sus colaboradores más cercanos.
El régimen usurpador busca neutralizar al presidente interino de Venezuela, reconocido por más de cincuenta países. En menos de una semana, Maduro ha utilizado al contralor general de la República y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitar por 15 años y allanar la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, Juan Guaidó.
Nicolás Maduro sigue usurpando la presidencia en Venezuela. Van más de sesenta días desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina del país caribeño. En el plano interno, Guaidó obtendría el 77% de los votos en una elección presidencial, mientras que el 84% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro, según la última encuesta de Datanalisis.
Al mismo tiempo, el país está inmerso en la más grave crisis socioeconómica que haya vivido en su historia republicana. En menos de un mes se produjo otro “blackout”.
Después del cese de la usurpación de Maduro, el gobierno de transición de Juan Guaidó enfrenta un enorme desafío: crear las bases para la reconstrucción y modernización de la economía y la infraestructura destruida en el país caribeño. Por lo que el gobierno de la transición administrará el país inmerso en un escenario de desastre y emergencia nacional. De hecho, el lunes de la semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó y el presidente interino decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional, tras el caos producido por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional.
El gran apagón en Venezuela da inicio al colapso sistémico derivado del modelo político implantado durante veinte años en el país bolivariano. El “Plan de la Patria” -eje conductor del socialismo del siglo xxi- acabó con la prosperidad para Venezuela, mientras fomentó la cleptocracia.
El regreso del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a la patria de Bolívar de manera normal, sin tropiezos, indica un cambio de actitud del régimen usurpador de Nicolás Maduro con respecto a los acontecimientos violentos del 23 de febrero en Cúcuta, Colombia, y en Pacaraima, Brasil.
Los acontecimientos ocurridos el 23 de febrero en Cúcuta, Colombia, mostraron el rostro del Estado mafioso que sostiene a Nicolás Maduro en la usurpación de la Presidencia de Venezuela. La ayuda humanitaria, prometida por el presidente encargado Juan Guaidó fue rechazada por grupos paramilitares e insurgentes colombianos, quienes confrontaron a la población civil indefensa que buscaba introducirla. A tal punto, que quemaron los dos camiones con insumos médicos y alimentos.
