Trino Márquez

El cierre de Directv es un acto arbitrario, arrogante e impopular del régimen. Esa decisión no consideró la precaria condición en la que se encentran las millones de familias afectadas por esa medida absurda, que solo profundiza el descontento con el gobierno y empeora la ya pesada atmósfera anímica que envuelve a la población, después de más de dos meses de un confinamiento que ha estado acompañado por el crecimiento exponencial de la inflación y la escasez de gasolina.

Al Gobierno le preocupa la ola de protestas que podría desencadenar la severa escasez de gasolina existente en el país y la eventual privatización de su comercialización, mucho más que el peligro representado por el Covid-19. El confinamiento tan drástico al que ha sido sometida la población, no se debe a que de repente Nicolás Maduro empezó a preocuparse por la salud de los venezolanos.

El Partido Comunista Chino, única organización política que existe en China desde hace más de setenta años, tiene mucho que explicar en medio de la pavorosa crisis desatada en todo el planeta por el Covid-19. Esos señores, que han ejercido el poder de forma tiránica durante siete décadas, ahora quieren hacerse los desentendidos. Echárselas de víctimas porque el mundo entero les pide que aclaren con exactitud lo ocurrido con ese microorganismo patógeno, que está causando una hecatombe en el planeta entero.

Para Nicolás Maduro el Covid-19 ha resultado providencial. La pandemia mantiene ocupada a gran parte del planeta en ver cómo amortigua los efectos devastadores que está causando en el terreno de la salud y en el económico y social. Según los expertos, la recesión de 2020 podría ser peor que la de 2008 y comparable a la de 1929. La epidemia ha desatado una catástrofe cuyas consecuencias están por verse. Solo existe la certeza que causa estragos. Nadie sabe cómo se resolverá con éxito en el campo sanitario, ni cómo se superarán sus efectos en las otras áreas.

Aún es muy temprano para determinar cuáles serán las consecuencias sociales globales del Covid-19, ese enemigo microscópico, aparentemente dotado de una inteligencia diabólica y con una vocación expansiva peor que la del mismísimo Hitler. El condenado no se detiene ante nada.

La oposición y el gobierno, aunque no se ajustaron con rigor a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lope) aprobada en 2009 -en pleno control del Psuv sobre la Asamblea Nacional- dieron señales de sensatez al designar el Comité de Postulaciones por unanimidad. Ahora viene el reto más exigente: elegir un Consejo Nacional Electoral por consenso y evitar que ese cuerpo sea nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual sería catastrófico, pues agravaría aún más el precario cuadro institucional existente.

Las elecciones parlamentarias están previstas para 2020. Lo establece la Constitución. El gobierno se siente cómodo con ese mandato. Tan acostumbrado a desconocerla y violarla, en esta oportunidad la Carta del 99 le viene como anillo al dedo. Le facilita las cosas. Los factores de poder internacionales y la oposición exigen que se convoquen votaciones. El régimen los complace, ciñéndose a lo señalado en el texto constitucional. ¿Qué más quieren? La legalidad ante todo.

La lánguida celebración matutina del golpe del 4-F sólo sirvió para reafirmar cuán difícil ha sido este comienzo de año para Nicolás Maduro. Cuán aislado y desprestigiado se encuentra en el plano internacional. Fue ese un acto escuálido y militarista al estilo decimonónico, coronado con la entrega al caudillo, por parte del presidente de ese esperpento llamado asamblea constituyente, de un proyecto de ley cuyo propósito es darle alguna legitimidad a la milicia y reducir aún más el espacio de la sociedad civil.

El volumen de transacciones en dólares creció de forma exponencial durante 2019. Al cerrar el año, más de 40% de los intercambios comerciales se realizaban con la divisa norteamericana o con euros, la otra moneda en la que se han refugiado los venezolanos para huir del escozor que les produce la tenencia de bolívares.

El año 2019 está cerrando en medio de uno de los ajustes más feroces de los que se tenga memoria en América Latina. El gobierno de Nicolás Maduro decidió combatir la escasez, el desabastecimiento y la hiperinflación aplicando una receta nada socialista: liberó los precios de la mayoría de los productos de consumo masivo, dejó que un sector de la economía, el de los precios, se dolarizara, permitió que los sueldos se pulverizaran, y redujo a su mínima expresión el gasto fiscal en áreas vitales relacionadas con la calidad vida.

Era cuestión de tiempo para que Evo Morales se lanzara por un barranco. Desde hacía tiempo venía mostrando peligrosos signos de megalomanía. Convocó el referendo aprobatorio de 2016, convencido de que cambiaría la Constitución para reelegirse indefinidamente luego de una década en la cual había cosechado notables éxitos económicos y sociales. La consulta la perdió por escaso margen. Su respuesta fue terminar de dividir Bolivia.

La violencia -injustificable por su grado de salvajismo, desproporción y, sobre todo, masoquismo, pues hubo autoflagelación, del grupo de vándalos que destruyó varias estaciones del Metro de Santiago, numerosos autobuses del trasporte público, supermercados, tiendas de pequeños comerciantes que habían dedicado su vida a levantar esos negocios- mostró de forma inequívoca las fisuras del "modelos chileno". Aunque en las revueltas ha habido mucha espontaneidad, no todo es tan ingenuo.