“En Venezuela existe negligencia en la investigación de DDHH”

Sólo el 3% de las violaciones de los Derechos Humanos realizados en Venezuela llegan al juicio. Un porcentaje preocupante que sigue encendiendo las alarmas internacionales y que hace que organizaciones como Amnistía Internacional se cuestionen la efectividad de los sistemas de justicia nacionales. “Se tratan de investigaciones complicadas que requieren de revisiones exhaustivas, así como que los fiscales y jueces inicien investigaciones de oficio ante indicios de lesiones que puedan provenir de torturas. Sin embargo, esto no está ocurriendo en Venezuela”, indica Nuria García, investigadora del equipo de América del Sur de Amnistía Internacional.

Las irregularidades del sistema comienzan desde la propia detención de los ciudadanos, al dejarles completamente aislados y desprotegidos. “Hemos constatado que a los detenidos no se les ofrece acceso a la revisión médica o que se trata de una revisión no exhaustiva en la que están presentes los funcionarios policiales ―en algunos casos los mismos que les han realizado las heridas― o la fiscal que les está acusando de algún cargo. En este sentido, se intimida al detenido para que no indique a qué maltratos ha sido sometido”, explica la investigadora.

La realización de la revisión médica es fundamental en la investigación de violaciones a los Derechos Humanos, ya que permite contar con un completo informe que servirá como pieza fundamental en los casos de tortura que son presentados en la Fiscalía. A pesar de su importancia, este procedimiento también cuenta con irregularidades en Venezuela. “En los informes que se presentan no se cumplen con el Protocolo internacional de Estambul, en los que se exige una descripción de las lesiones encontradas y declaradas por el detenido, junto a las hipótesis médicas sobre qué pudo originarlas”, precisa García.

En Venezuela, estos informes son realizados por funcionarios vinculados con las fuerzas de seguridad o con la propia Fiscalía, siendo dos instituciones con el suficiente conocimiento de los acuerdos internacionales y la importancia que tiene esa información para los casos de violación de Derechos Humanos. En este sentido, la investigadora apunta que “en el país existe negligencia en la investigación de Derechos Humanos, ya que el Estado conoce los procedimientos recomendados, pero no hacen ningún esfuerzo para aproximarse a ellos”.

Silencio incómodo

A más de un año de los trágicos acontecimientos que conllevaron a 43 muertes, 878 heridos y 3.351 personas detenidas, el Gobierno ha mantenido firme su posición ante la represión de las manifestaciones. “En el último año, hemos visto cómo no se ha realizado ninguna condena, por parte de las altas cúpulas de las instituciones venezolanas, a los asesinatos y torturas ocurridas en el país. Por el contrario, han intentado justificarlo y se ha aprobado la ambigua resolución sobre el uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones, lo que evidentemente demuestra una falta de compromiso con los Derechos Humanos”, indica García.

Para reinvertir la situación, desde Amnistía Internacional recomiendan que el Gobierno dé un mensaje claro a las autoridades del país sobre el cese de la tortura y represión. A la vez que abra una investigación a los funcionarios que han violado Derechos Humanos, desarme a los grupos pro gobierno, condene a los oficiales que han permitido a estos grupos atacar a los ciudadanos, genere un estado de transparencia en los procesos, libere a las personas que están detenidas arbitrariamente y permita la disidencia.

Una larga lista que, al parecer, seguirán siendo asignatura pendiente para un Gobierno que no respeta a los defensores de los Derechos Humanos. “Nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en Venezuela, pero hemos sido testigos de amenazas a otras personas que también trabajan en la defensa de los derechos fundamentales, tales como Alfredo Romero, Marco Antonio Ponce y Humberto Prado. Ellos están preocupados por su integridad y la de sus familiares, tras los contantes ataques que reciben del sector oficialista, como ocurre con frecuencia en el programa televisivo del presidente de la Asamblea Nacional”, puntualiza la investigadora.

García tiene pocas expectativas de que las violaciones a Derechos Humanos realizadas en las manifestaciones del año pasado sean sancionadas, ya que “las estadísticas y el proceso de las investigaciones no permiten ser muy optimistas”.

@JosePuglisi para Informe21

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