Human Rights Watch pide se ponga de inmediato fin a persecución de Globovisión

La organización defensora de los derechos humanos respondió así al proceso administrativo sancionador que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió el pasado día 7 a Globovisión por haber informado antes que los medios públicos sobre un seísmo de moderada intensidad registrado a principios de mes.
El Gobierno venezolano alega que la cobertura del temblor generó "desconfianza del colectivo en las instituciones oficiales", mientras que el canciller, Nicolás Maduro, y el presidente acusaron directa e indirectamente a Globovisión de hacer "terrorismo mediático" y advirtieron de consecuencias.
El proceso sancionador podría conllevar el cierre por 72 horas de la emisora e incluso la "revocación" de la concesión de transmisión por parte del Estado, según los abogados de la cadena.
"El Gobierno de Chávez nuevamente abusa de sus ambiguas facultades regulatorias para perseguir a sus críticos. Simplemente no hay justificación para sancionar a un canal de televisión por difundir noticias sobre un temblor", señaló Vivanco.
Poco después del temblor, Globovisión ofreció los primeros datos del seísmo con informes del Instituto Geológico de EE.UU., al que recurrió porque no logró contactar con ninguna autoridad gubernamental. La cadena criticó el hecho de que los medios oficiales no habían informado hasta ese momento sobre el terremoto.
HRW señala que Conatel investiga a Globovisión por presuntas infracciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada por el gobierno de Chávez en 2004.
La ley dispone que la licencia de radio y televisión puede ser suspendida e incluso revocada por difundir mensajes que "promuevan, hagan apología o inciten" a la guerra, las alteraciones del orden público o el delito, recuerda.
En un informe, HRW destacó que la redacción "ambigua e imprecisa" de la ley, la gravedad de las sanciones contempladas y el hecho que su aplicación esté a cargo de un organismo adscrito al poder ejecutivo incrementan la vulnerabilidad de las emisoras de radio y cadenas de televisión "frente a injerencias arbitrarias y presiones para que se autocensuren".
Según Vivanco, en varias oportunidades, funcionarios venezolanos han invocado estas disposiciones en advertencias dirigidas a canales de televisión durante momentos de tensión política.
El Gobierno de Chávez también ha abusado reiteradamente de sus facultades de control de las frecuencias de radio y televisión para castigar a los canales que emiten una programación manifiestamente crítica, indicó HRW, que citó el ejemplo de Radio Caracas Televisión (RCTV), que perdió su concesión en 2007.
Globovisión, el único canal de señal abierta que continúa manteniendo una postura manifiestamente crítica contra el Gobierno de Chávez, según HRW, actualmente está siendo investigado en relación con otras dos ocasiones en las cuales supuestamente infringió la Ley de Responsabilidad Social.
"Las amenazas del Gobierno de Chávez evidencian el riesgo inherente a los abusos que representa una norma que tiene una redacción tan ambigua y amplia, y que puede ser utilizada, como en el caso de Globovisión, a discreción del Gobierno para intimidar a sus críticos", insistió Vivanco. EFE

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