Justicia en Venezuela, la peor de toda Latinoamérica y el Caribe

“Venezuela es el más débil de la región en el desempeño de la mayor parte del Derecho de Estado”. Así de contundente son las conclusiones del índice global sobre el Estado de Derecho para el período 2012-2013. Un estudio que ha sido elaborado por The World Justice Project a partir de entrevistas realizadas a catedráticos, abogados en ejercicio y líderes comunitarios en todo el mundo.

Según los datos de la Organización No Gubernamental (ONG), Venezuela es el país peor valorado de Latinoamérica y el Caribe en su capacidad para garantizar el control del poder público, derechos fundamentales, apertura gubernamental y cumplimiento regulatorio, así como la justicia civil y penal. Del total de 16 países evaluados en la región, la nación presidida por Nicolás Maduro se ubica en la última plaza de seis de las ocho categorías evaluadas.

El informe argumenta estos resultados asegurando que “la responsabilidad del Gobierno es débil (la tercera peor de todo el mundo), la corrupción está extendida en todo el país (la decimosexta peor del mundo), el crimen y la violencia son prácticas comunes (el séptimo peor del mundo), las instituciones gubernamentales no son transparentes y el sistema de justicia penal es ineficaz y está sujeto a la influencia política (el peor del ranking mundial)”. Lo que demuestra que la situación de Venezuela no sólo es una de las peores de la región, sino que incluso está entre las menos recomendadas entre los 97 países estudiados.

Para Williams Cárdenas, coordinador de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid, la fractura del Estado de Derecho en Venezuela no es algo nuevo. “Afloró desde los comienzos del régimen chavista con los ataques al principio de separación de poderes y, especialmente, con la pérdida de la independencia del Poder Judicial venezolano. Nunca olvidaremos el vergonzoso: ¡Uh ahh Chávez no se va!, coreado por los magistrados del TSJ, expresión que recogió, como ninguna otra, el grado de postración de la justicia”, puntualiza el abogado en exclusiva para Informe21.

E estudio difundido por The World Justice Project también apunta que Venezuela “muestra serias fallas en garantizar el respeto de los derechos fundamentales; en particular, los de libertad de expresión, opinión y los derechos a la intimidad. Asimismo, el derecho a la propiedad es débil”. A lo que Cárdenas opina que “el derecho a la libertad de prensa y el rol de los medios de comunicación se encuentran al borde del abismo. Mediante el control del mercado de divisas y leyes de censura se les amenaza y asfixia, con el propósito de llevarnos al ‘Granma venezolano’, lo que permitiría silenciar definitivamente cualquier voz de protesta”.

El índice de la ONG ha sido difundido un día después de que la organización Human Rights Watch presentase un estudio en donde denuncia la existencia de una “democracia ficticia en Venezuela”, en donde existen intimidaciones a grupos opositores y medios de comunicación contrarios a la ideología oficialista. Asimismo, el análisis precisa que “esta democracia ficticia no reconoce principios básicos, como los que exigen que los gobiernos rindan cuentas en el marco del Estado de Derecho, respeten los derechos humanos que protegen a las minorías y mantengan el compromiso de permitir un debate público libre y constante”. Una conclusión que coincide con los resultados obtenidos por The World Justice Project.

“Las denuncias por la violación sistemática de los Derechos Humanos de los venezolanos, cometidas durante el primer quinquenio de Hugo Chávez en el poder, se acumulaban en el Tribunal Supremo de Justicia para ser archivadas. Un Ministerio Público al servicio del régimen se encargaba de impedir que los procesos tuvieran un curso normal”, explica el coordinador de la Plataforma Democrática, quien agrega que “por ello, no es de extrañar que Venezuela aparezca en los últimos lugares del mundo del baremo de respeto al Estado de Derecho y a las libertades”.

Aunque son pocas las aristas a destacar, el índice global da una pequeña alegría a los venezolanos y valora positivamente la libertad existente en el ámbito religioso en el país, así como la accesibilidad a los tribunales civiles y la protección de los derechos laborales.

El informe completo lo puede ver aquí

Por Informe21.com/ @JosePuglisi

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