Organizaciones civiles de Madrid rechazan violencia en Venezuela

La democracia en Venezuela ha sufrido un nuevo revés. Los últimos acontecimientos de violencia y muerte registrados en Caracas han sido una muestra visible de la división, la intolerancia y la falta de diálogo que existe entre dos sectores enfrentados del país. Una situación que, en colaboración con los altos índices de violencia, han dejado el resultado de tres muertes y más de 30 heridos. Las reacciones no se han hecho esperar y, mientras el Gobierno y la oposición se acusan mutuamente, las organizaciones civiles exigen un cese total en las agresiones y la muerte. Una petición realizada tanto en Venezuela, como en el exterior.

Conmovidos por estos atroces hechos, la Asociación Civil de Venezolanos en Madrid (ACVM) ha decidido dirigir una carta al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, solicitándole que, por medio de él, se pronuncie el Gobierno español “contra estos hechos deplorables y promuevan el diálogo y recuperación de un sistema democrático realmente legítimo, legal y representativo de la voluntad popular”.

La ACVM considerar que España “como garante de la democracia y defensora de los derechos humanos, no puede quedarse callada ni de brazos cruzados ante los hechos acaecidos en los últimos días en varias ciudades venezolanas, que son escenarios de manifestaciones pacíficas por la recuperación de las mínimas condiciones de convivencia y vida democrática”.

Por su parte, la Plataforma Democrática de Venezuela ha lanzado un comunicado con su postura sobre los sucesos de violencia registrados en el país resumido en siete puntos. ¿El primero?, evidente: “rechazar enérgicamente la actuación violenta y criminal de los cuerpos de seguridad y bandas terroristas que actúan al servicio del Gobierno venezolano, por el vil asesinato de los jóvenes estudiantes: Basil Alejandro Da Costa Frías y Roberto José Redman Orozco, así como las heridas causadas a decenas de manifestantes en todo el territorio nacional”.

La organización “condena y repudia”, asimismo, “la actuación previa de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes por diferentes medios de comunicación instigaron el clima de odio y violencia que se vive en el país”. A la vez que muestra su desacuerdo con “la persecución dirigida contra los líderes políticos de la oposición Leopoldo López, Maria Corina Machado y Antonio Ledezma, representantes de la oposición política, quienes se enfrentan a un régimen violador de los derechos humanos de sus ciudadanos”. Sin embargo, no son los únicos por quienes intercede, ya que también han condenado “la persecución a Iván Carratú Molina y el Embajador Fernando Gerbasi, impulsada por medio de órganos jurisdiccionales que atienden órdenes expresas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.

La Plataforma solicita tres aspectos claves en su comunicado: El primero, “la inmediata libertad de todos los estudiantes y ciudadanos detenidos y/o desaparecidos” (responsabilizando a las fuerzas de orden público, a los superiores y especialmente a Maduro y Cabello de lo que pueda sucederles); el segundo, “instar a la ciudadanía venezolana a desconocer y desobedecer las órdenes de los órganos jurisdiccionales que siguen las instrucciones de un gobierno ilegítimo y usurpador (de conformidad con lo establecido en el artículo 350 de la Constitución Nacional).

Por último, “solicitar a los gobiernos de EE.UU y de los países de la UE, así como a las organizaciones internacionales, ―especialmente a aquellas con competencia en la defensa de los derechos humanos: ONU, OEA, CPI, CIDH― incluir en sus agendas lo que está pasando en Venezuela, poner en marcha los mecanismos de consulta e investigación necesarios, iniciar los procedimientos pertinentes y condenar públicamente los ataques contra la población civil venezolana”.

La solicitud, en ambos casos, de la intervención de la justicia internacional para juzgar los acontecimientos ocurridos en Venezuela pone en evidencia la desconfianza que existe en las instituciones y organismos nacionales, siendo acusadas de responder sólo a sus propios intereses partidistas y parcializados. De ahí, que estas organizaciones están realizando importantes labores legales, sociales y de lobby en el exterior, con el objetivo único de garantizar la protección de la población nacional.

Por Informe21.com/ @JosePuglisi

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